Jaume Segarra, junto al centro Cellex

Jaume Segarra, junto al centro Cellex Fotomontaje CG

Vida

El albacea de Pere Mir se defiende ante la juez y niega la descapitalización de Cellex

Jordi Segarra ha reivindicado que actuó siguiendo las voluntades del mecenas, pero la juez mantiene las medidas cautelares por presunta administración desleal

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Nuevo episodio del 'caso Cellex'. Después de que el Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona ordenara, por segunda vez, la intervención de las fundaciones Cellex y Mir Puig, este miércoles, 14 de enero, ha sido el turno de Jordi Segarra.

El albacea y principal sospechoso de la descapitalización del legado de Pere Mir ha comparecido ante la jueza instructora en calidad de investigado. Según fuentes presentes en su declaración, Segarra ha negado el expolio y ha sostenido que todas las operaciones que realizó se ajustaron a las voluntades expresas del mecenas. 

A preguntas de su abogado

Segarra, de 91 años, ha declarado únicamente a preguntas de su abogado, Jorge Navarro, y ha defendido que Mir le otorgó amplios poderes para gestionar su patrimonio antes de fallecer, lo que —según su versión— le habilitaba para tomar decisiones sobre las sociedades y fundaciones vinculadas al legado.

Durante su comparecencia, ha ido desgranando una por una las operaciones que le atribuyen los Mossos d’Esquadra en el marco de la investigación por presunta administración desleal y apropiación indebida.

Jordi Segarra y el logo de Cellex

Jordi Segarra y el logo de Cellex CG

Uno de los ejes centrales de su defensa ha sido la diferenciación entre dos bloques patrimoniales: por un lado, el patrimonio personal de Mir que no formaba parte del caudal hereditario y que estaba canalizado a través de dos fundaciones privadas radicadas en Panamá; y, por otro, el patrimonio del matrimonio Mir-Pàmies, cuya liquidación —reconoce— debía acabar en las fundaciones Cellex y Mir Puig.

Movimientos desde Panamá

La defensa sostiene que Segarra inició el proceso de liquidación de las fundaciones panameñas y que en 2017 transfirió 47 millones de euros a Cellex y Mir Puig, 38 de ellos después del fallecimiento del mecenas.

A su entender, tenía plena capacidad para gestionar las sociedades españolas dependientes de esas fundaciones panameñas y para ordenar esos movimientos sin vulnerar la voluntad de Mir.

Segarra también ha negado haber constituido él mismo las fundaciones en Panamá y ha asegurado que ya existían en vida del empresario.

Créditos personales

Otro de los puntos delicados de la causa son los créditos personales que Segarra solicitó a las fundaciones. Ante la juez Myriam Linage, el albacea ha explicado que recurrió a ellos en momentos de necesidad económica y que los está devolviendo progresivamente.

También ha afirmado que utilizó fondos para ayudar a personas que habían asistido a Mir en vida, cumpliendo así —según ha dicho— instrucciones del propio mecenas.

El empresario Pere Mir, con el 'expresident' Artur Mas en 2013

El empresario Pere Mir, con el 'expresident' Artur Mas en 2013 Cedida / Govern

Ha negado haber cobrado nunca como albacea testamentario, aunque podía haberlo hecho legalmente, y ha precisado que solo percibió una retribución como administrador de sociedades españolas dependientes de una de las fundaciones panameñas.

La defensa ha aportado este miércoles varios informes, entre ellos uno sobre la trazabilidad del dinero y dos más sobre derecho panameño, con el objetivo de justificar jurídicamente la separación entre patrimonios y legitimar las decisiones adoptadas.

Intervenidas de nuevo

Pese a la versión de Segarra, la instructora mantiene un criterio muy distinto. Esta misma semana volvió a acordar que la administración de Cellex y Mir Puig recayera de nuevo sobre el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática.

La decisión llega después de que la Audiencia Provincial anulase el primer auto de intervención al considerar que se había producido indefensión, lo que obligó a repetir la vista.

En esta segunda resolución, la juez reitera la necesidad de proteger el patrimonio fundacional ante el riesgo de nuevos perjuicios y prohíbe además a los albaceas disponer de sus bienes para garantizar una eventual responsabilidad civil.

6,2 millones

Con todo, la magistrada cifra en 6,2 millones de euros el perjuicio ocasionado a las fundaciones por la gestión de los albaceas —principalmente a Jordi Segarra—. Una cuantía que los investigadores atribuyen a operaciones ajenas a los fines fundacionales y que se analizan bajo la sospecha de delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Boi Ruiz, Mas-Colell y Pere Mir, en el centro Cellex

Boi Ruiz, Mas-Colell y Pere Mir, en el centro Cellex

La causa pone el foco en diversas operaciones patrimoniales e inmobiliarias realizadas tras la muerte de Mir, cuando el control del patrimonio quedó en manos de sus albaceas --Jordi Segarra, Josep Tabernero y Juan Francisco Capellas--, ahora investigados. 

Entre las transacciones sospechosas figuran transferencias a cuentas personales, incrementos salariales injustificados, donaciones de joyas, concesión de pensiones vitalicias y la cesión de una lujosa vivienda en Baqueira-Beret a uno de los albaceas.

Más allá de la herencia

De este modo, el 'caso Cellex' se ha convertido en uno de los procedimientos más sensibles de los últimos años en Cataluña por el volumen económico en juego y por su impacto en el sistema de mecenazgo científico.

Las fundaciones Cellex y Mir Puig eran los principales vehículos del legado filantrópico de Pere Mir, destinado a financiar proyectos de investigación biomédica y científica.

El 'exconseller' Xavier Tria, Pere MIr (2i), Antoni Vila-Casas y el 'expresident' Artur Mas

El 'exconseller' Xavier Tria, Pere MIr (2i), Antoni Vila-Casas y el 'expresident' Artur Mas Cedida

La instrucción apunta a que, pese a que Segarra asegura haber actuado siguiendo la voluntad del mecenas, Mir dejó instrucciones protocolizadas para que fueran precisamente Cellex y Mir Puig las destinatarias finales de todo su patrimonio.

Cualquier desvío de ese destino podría, por tanto, constituir un incumplimiento grave del deber de los albaceas y patronos.

El procedimiento sigue abierto, pero, por el momento, la justicia ha optado por el mensaje más contundente posible: retirar la gestión a los albaceas, blindar el patrimonio y dejar claro que la última palabra sobre el legado de Pere Mir no la tendrán quienes lo administraron, sino los tribunales.