Cerrar webs no cierra el negocio. Aunque la gestación subrogada es ilegal en España, hay agencias intermediarias que continúan operando desde Cataluña.
Sesiones informativas, presupuestos detallados y asesoramiento integral permiten acceder, sin grandes obstáculos, a un mercado transnacional de la reproducción reservado a quien puede pagarlo. Si hay capacidad económica, la solución está siempre al otro lado de una frontera.
La aparente proliferación de este mercado en Cataluña se topó recientemente con una acción legal. La Fiscalía de Barcelona y Madrid logró, por primera vez, el cierre de tres páginas web que publicitaban la gestación subrogada, al considerarlas publicidad ilícita. Esta actuación pionera se llevó a cabo por la vía civil al no haber constancia de que los embarazos se consumaran en territorio nacional.
"Es maquillaje"
No obstante, para la abogada y activista feminista Núria González López, especializada en la denuncia de esta práctica, esta medida es insuficiente y su significación es puro "maquillaje". La letrada argumenta que, al igual que ocurrió con los anuncios de prostitución, que fueron prohibidos sin impactar en el consumo, el cierre de webs no detendrá la actividad.
La gestación subrogada está formalmente prohibida en España, considerada un contrato "nulo de pleno derecho" por la ley y calificada de "violencia contra las mujeres" por el Tribunal Supremo.
La jurista catalana es tajante: si la actividad de estas agencias es una ilegalidad en España (un "delito" según el artículo 221 del Código Penal), lo que se debería hacer es cerrar las agencias y no solo sus páginas web.
La razón por la que no se llega a ese extremo, según González, es la "voluntad política". Se está hablando de un negocio que proyecta un volumen de negocio mundial de 45.000 millones de dólares para 2035.
Prohibido por ley, posible en la práctica
Las leyes españolas han sido inequívocas. La gestación subrogada no está permitida y el Tribunal Supremo, desde hace una década, ha sido duro, aseverando en 2022 que "las madres y los niños son tratados como simples mercancías".
Sin embargo, el negocio opera activamente; las agencias intermediarias florecen en el ecosistema catalán. La abogada González revela que, a pesar de que sus sedes sociales a menudo se encuentran en coworkings y sin carteles visibles, pueden ser localizadas y operan de forma activa en internet. "Pagando, todo es posible", sentencia la letrada.
La prueba de acceso
Para ejemplificar la facilidad de acceso y el proceso que se vende al cliente, este digital contactó con una agencia internacional de gestación subrogada con oficinas en el centro de Barcelona, una compañía que se presenta como un "despacho de abogados multidisciplinar". La entrada es inmediata. No hay filtros previos, advertencias legales ni cuestionarios sobre el encaje jurídico del proceso en España.
Tras un primer correo electrónico, el contacto inicial, a través de una consulta telefónica, funciona como una sesión informativa donde se traza una "hoja de ruta" legal y logística que sortea la prohibición española.
"Aquí no hay ningún problema en informarte. Esto es algo que hacemos cada día", explica al inicio de la llamada. El tono es cercano, seguro, profesional. Desde el primer momento, la gestación subrogada se presenta como un servicio estructurado, habitual y viable. "Tú eliges el programa que más te conviene y, a partir de ahí, solo es cuestión de firmar o no el contrato", apunta el trabajador.
El mapa de las garantías
Al plantear el caso de una pareja en Cataluña con problemas de fertilidad, el consultor de la compañía rápidamente identifica las opciones más "seguras": Estados Unidos y Grecia. La externalización del embarazo y del parto es la clave del modelo. Desde Cataluña se capta al cliente, se le asesora y se le acompaña; la parte médica se desplaza a países terceros.
Estados Unidos, en concreto, se presenta como la vía "100% viable desde el minuto uno", siendo el país menos restrictivo donde "lo puede hacer cualquiera", y el niño nace automáticamente con pasaporte americano.
Infografía que ilustra el proceso de gestación subrogada en Estados Unidos
Por otro lado, Grecia se establece como la alternativa dentro de la Unión Europea y la opción más recomendada por la agencia. La gran diferencia legal reside en que el proceso judicial, que ratifica el consentimiento de la gestante y le otorga la maternidad a la madre contratante, se realiza antes de la transferencia embrionaria. Esto permite que la madre contratante sea inscrita en el registro griego como madre de intención. Para seguir con la investigación, nos decantamos por Grecia.
El proceso que venden las agencias está meticulosamente diseñado para la elusión legal. El consultor de la agencia no oculta la necesidad de saltar los obstáculos que plantea la ley griega, a pesar de ser la opción "segura" dentro de la Unión Europea.
Una infografía con la hoja de ruta de la agencia intermediaria en Grecia
La ley en Grecia exige que la madre de intención justifique una incapacidad médica para gestar. Para una mujer sana o con una condición leve como endometriosis, la solución es la misma: un informe ginecológico que certifique que el embarazo representa "una gestación de riesgos". Es decir, se necesita un médico "amigo" que proporcione un informe.
Acrobacias con la legalidad
La conversación con el trabajador de la intermediaria reveló además una serie de "acrobacias" necesarias para cumplir con los requisitos legales griegos y, a la vez, evadir las restricciones de la legislación española.
En cuanto al estado civil, en el caso de una pareja homosexual, la mujer que pretende someterse al proceso en Grecia debe recuperar su estado de soltera. El consultor admitió que esto era un requisito y que incluso ha "tenido el caso de tener que divorciar a mujeres. Es patético, pero es así".
Respecto a las gestantes, aunque el nacimiento y el juicio se produzcan en Grecia, la gestante ideal es la ucraniana. Esto se debe a que la compensación a las mujeres griegas está limitada a 12.000 euros, y a ese precio "no lo va a hacer nadie". En cambio, las gestantes ucranianas cobran en torno a 30.000 dólares.
En lo referente a los trámites, el proceso es notablemente largo, durando "dos años y medio al menos o pesimistamente más de tres años". Incluye la creación embrionaria en Albania (país que permite la selección de sexo), la preparación de la residencia en Grecia (que se obtiene con un contrato de alquiler, aunque sea de 200 o 300 euros al mes para la documentación), y la celebración de un juicio previo en Atenas, cuya solicitud llega aproximadamente al año y medio de iniciado el proceso.
Seleccionar, pagar, retirar
En un momento clave de la conversación, el trabajador de la empresa compara directamente el proceso con una transacción económica volátil. Al hablar de los costes en EE.UU. (que se disparan hasta los 200.000 euros), explica la escasez de gestantes americanas (que cobran 50.000-60.000 dólares de base) y los costes añadidos. "Esto funciona un poco como subasta. Es decir, depende después también qué gestante sea, y qué pida ella en el proceso de selección".
Las agencias venden el proceso como una "garantía legal absoluta", un "servicio" donde la ética y las condiciones de las gestantes quedan en un segundo plano.
Es más, la agencia del sector reproductivo, que en su dossier desaconseja destinos como México o Chipre por riesgos y por explotación de mujeres, insiste en su profesionalidad y se enorgullece de pagar más a las gestantes (24.000 a 30.000 euros) para evitar "explotar a nadie", mientras señalan que otras clínicas low cost pagan apenas 12.000 euros.
La descripción del proceso de selección de la gestante ideal (joven, con hijos previos, estable mentalmente, sin enfermedades crónicas) se centra en su idoneidad física y psicológica como "proveedora". "La parte importante es que tengas garantías legales y que el niño sea tuyo", insistía el trabajador de la agencia.
La deshumanización también se percibe en la relación entre los futuros padres y la gestante. Núria González, en su investigación, coincide en que la única obligación del cliente es el pago. La agencia le aseguró que no había posibilidad de que la madre se arrepintiera porque "el niño se lo quitan nada más nacer".
Un negocio global
Este análisis de la práctica se alinea con la investigación global. Un reciente reportaje de The New York Times sobre el caso de mujeres tailandesas llevadas a Georgia por deudas concluyó que "no hay altruismo en la gestación subrogada".
Mujer embarazada con un código de barras
La Relatora Especial de la ONU, Reem Alsalem, sostiene que esta práctica "se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños" y "refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres".
En España, esta cobertura rigurosa ha tenido consecuencias. El medio La Marea ha sido demandado por una de las empresas investigadas en su serie de reportajes en profundidad sobre el negocio global. La agencia les pide 60.000 euros por "intromisión ilegítima en el honor". La Marea, que ha indagado en países como Ucrania, Georgia y Grecia, denuncia esta acción como un intento de "censura previa".
Regular, prohibir o mirar hacia otro lado
La gestación subrogada es un punto de fricción en la política y la sociedad. Mientras que el Gobierno español la cataloga como violencia y endurece las vías de registro, en Cataluña el debate ha incluido voces que piden su regulación.
Un informe del Comité de Bioética de Catalunya, encargado durante el Govern de Pere Aragonès (ERC), propuso legalizar la gestación subrogada "altruista" bajo supervisión pública.
En este sentido, sus propuestas de regulación se centran en un modelo restrictivo: la prohibición de intermediarios comerciales, un modelo exclusivamente solidario que prohíba cualquier compensación económica más allá de los gastos derivados del embarazo, y la creación de un registro público de gestantes y de padres interesados.
Sin embargo, el informe contó con un voto particular en contra del doctor José Viñas Salas, quien enfatizó que la práctica "usa a la mujer (gestante) como un medio". Además, advirtió que no se deben "confundir deseos con derechos" y que la "medicina del deseo no ha de ser subvencionada por la sanidad pública".
Entre la norma y el mercado
La Generalitat, por su parte, ha evitado entrar a valorar la propuesta, recordando que la regulación de esta práctica trasciende sus competencias y requiere una modificación de las leyes estatales.
Mientras esto ocurre a nivel autonómico, el Gobierno español ha endurecido su postura. La nueva instrucción del Ministerio de Justicia (en vigor desde mayo de 2025) impide la inscripción directa de los bebés nacidos en el extranjero, incluso si existe una sentencia judicial foránea que la valide. El objetivo es evitar que los ciudadanos españoles "burlen la prohibición de esta práctica en nuestro país".
El último paso
Un vocal de la Asociación de Padres por la Gestación Subrogada explica a Crónica Global que el regreso a España obliga ahora a pasar por un largo proceso de adopción por posesión de estado. La paradoja es que, dado que en España "madre es quien pare", la sentencia griega es ignorada, y la madre o el otro padre comitente (en casos de parejas homosexuales o donde no hay vínculo genético) debe realizar la adopción.
Este procedimiento implica, si es posible, volver a España en coche para evitar tener que identificar al bebé y no hacer "ruido" durante un año, para luego probar que el menor siempre ha estado en ese ámbito familiar. El transcurso es largo ("mínimo unos tres años" desde la llegada a España), pero el vocal asegura que se trata de "casos de éxito". La adopción se concede siempre porque sería perjudicial psicológicamente para el niño ser sacado de ese núcleo familiar.
El vocal de la asociación confirma que auditan a agencias como la investigada dos veces al año para actualizar la información, revisar contratos y comprobar su solvencia económica, asegurando así a los futuros padres que "todo va a salir como debe de salir".
Mientras las administraciones intentan contener la práctica por la vía legal, el negocio sigue activo. Las agencias continúan ofreciendo información, presupuestos y acompañamiento desde Cataluña, adaptando los procesos a cada cambio normativo y desplazando las fases clave del embarazo fuera de España.
No hay rastro visible de la gestación subrogada en el marco legal, pero sí una estructura operativa estable, capaz de conectar a clientes, clínicas y gestantes en distintos países. La prohibición no ha eliminado el mercado: lo ha reorganizado.