Portazo a la internalización del servicio de hemodiálisis en Cataluña. La propuesta presentada por ERC ha sido rechazada en el Parlament al considerarse que, en la actualidad, "no se puede absorber ni el volumen ni el complejo del servicio".
Así lo determinó Núria Navarro, diputada del PSC, durante su intervención en la Comisión de Salud de este jueves. "Hay áreas de mejora, como la incentivación de la hemodiálisis domiciliaria, en lo que se está trabajando", admitió, pese a que subrayó que asumir tal infraestructura supondría "un coste elevado", "rigidez administrativa" y "riesgo de interrupción" en la atención a los pacientes.
"Inviable"
Con estas palabras, el PSC se alineó con la bancada conservadora y votó en contra junto a PP, Vox y Junts, sumando 11 votos con los que se ponía freno a la medida. "La propuesta es inviable técnica y económicamente, lo que pondría en riesgo la atención de los pacientes", mantuvo. Así, ven con buenos ojos el modelo actual y sostuvo que "la colaboración es esencial para sostener el volumen de actividad".
La gestión directa, por tanto, queda replegada a la privatización. El sistema sanitario vive con tensión la concesión del contrato de licitación de la hemodiálisis: un caramelo de 414 millones de euros con una duración de cinco años y que se renueva después de una década, lo que ha generado codazos entre patronal y servicios que se quieren posicionar en el territorio.
56% en centros de diálisis
En la comisión, Navarro detalló que durante 2024 se hicieron más de 620.000 sesiones de hemodiálisis, fruto del acuerdo público-privado, de las que el 56% se dieron en centros autorizados y el 44% restante en los centros hospitalarios del Siscat: "El CatSalut no tiene los medios ni los equipamientos para proveer de los servicios en toda Cataluña".
En la bancada contraria, Julià Fernández, diputado de ERC, defendió la propuesta de resolución en la que instaba al Govern a asumir la "gestión directa" en todas las modalidades con tal de garantizar la accesibilidad territorial, mejorar la satisfacción de los usuarios y eliminar las prácticas de competitividad, con lo que se lograría un recurso "transparente".
En 2014, el CatSalut convocó y adjudicó el contrato por un valor de 1.165,77 millones de euros, exento de IVA, a un máximo de diez años. Un total de 16 lotes de los que fueron los grandes beneficiados los gigantes Fresenius y Diaverum, con 14 paquetes territoriales. Un resultado que fue similar al concurso que fue convocado en 2006.
Crítica de la Sindicatura de Comptes
En la propuesta presentada por escrita a la Mesa del Parlament el 13 de mayo de este año, el grupo republicano citaba el análisis de la Sindicatura de Comptes, bajo el título Informe 20/2024, relatiu al Servei Català de la Salut: prestació del servei extrahospitalari per a l’atenció de la insuficiència renal, de l’exercici 2022.
En ella, hacían referencia a los "graves problemas" de gobernanza que afectan al servicio de diálisis, como la planificación de los puntos de atención, la concurrencia en la contratación, la justificación de su externalización, así como el volumen de tratamientos domiciliarios.
En ese periodo, se realizaron el 45,3% de las sesiones de diálisis en 21 centros extrahospitalarios, atendiendo a 3.295 pacientes, mientras que el 54,7% acudió a los centros hospitalarios —la atención hospitalaria en centros del Institut Català de la Salut (ICS) supuso un 17,4%, en cambio, los centros concertados supusieron el 37,3%—, unos 3.514 pacientes. A domicilio, hubo 681 pacientes, que equivaldría al 10,8%.
Esto supuso un gasto de 97,85 millones de euros solo en ese año en atención extrahospitalaria. Además, en diez centros se facturaron 8,41 millones de euros, superando el máximo de las cláusulas adicionales de los contratos y sin que hubiera una modificación en los contratos por parte de CatSalut.
Imagen de la nueva Unidad de Diálisis del Hospital de Bellvitge
Falta de concurrencia
Relativo a la eficacia, la Sindicatura señalaba que había un incumplimiento de los objetivos relativos a la ubicación y los puntos de atención, ya que un 10% de los pacientes vivían a más de 20 kilómetros del centro asignado. Tampoco se evaluaba la satisfacción de los usuarios, donde uno de los problemas más acuciantes era el transporte sanitario.
En el estudio del órgano fiscalizador se apreciaron los siguientes puntos: había una justificación insuficiente de la externalización del servicio y falta de concurrencia en la contratación, sostenido por el siguiente argumento: "La distribución geográfica de la adjudicación de los lotes sugiere un posible reparto geográfico del mercado entre las cuatro empresas adjudicatarias (Sistemas Renales, Gestión Sanitaria y Asistencial de Tortosa, Fresenius y Diaverum)".
Además, la diálisis peritoneal era infrautilizada y los centros de dos empresas contratadas no disponían de nutricionistas ni psicólogos. Así, se constató que el control de la actividad contratada era insuficiente y comportaba un riesgo de servicios facturados no prestados, llamó la atención la Sindicatura. Al respecto, advirtió que el CatSalut tenía un escaso liderazgo en la mejora de la detección y prevención de la enfermedad.
Más caro
Es más, las tarifas pagadas por el servicio no se basan en informes de viabilidad y se detectó que el coste extrahospitalario era superior: el tratamiento de un paciente al año equivalía 47.744 euros, mientras que descendía hasta los 42.461 euros en hospitales, y 29.724 euros en diálisis peritoneal (a domicilio).
Con todo ello, la detección de la enfermedad renal crónica por parte del CatSalut, según el organismo, estaba muy alejada de la prevalencia real, ya que en 2022 había identificadas 277.632 personas, lo que supone el 3,5% de la población en Cataluña, cuando la media nacional está situada en el 15,1%.
Lucha de gigantes
Ante la evaluación, se introdujeron una serie de modificaciones en el concurso público de la hemodiálisis que provocaron el movimiento de la patronal Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES). Presentó tres recursos contra la licitación y, ahora, está a la espera de la decisión del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP).
En el escrito, argumentaban que había requisitos abusivos, como la necesidad de disponer de un grupo electrógeno, aparte de anomalías en el cálculo económico y un trato discriminatorio hacia los asociados de la patronal.
Desde el mes de febrero se dirime el futuro del servicio en el sistema sanitario catalán mientras otros operadores intentan hacerse hueco en el negocio de la hemodiálisis, como el grupo canario Avericum, con la puesta en marcha de un plan de expansión en el territorio peninsular que ya ha aterrizado en Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha.
El objetivo es hacerse con la mayor parte de los lotes, aunque las diferencias entre patronal y CatSalut son más que evidentes. ACES critica la medida de dar nueve meses a los ganadores para que logren permisos, una de las medidas que fueron ideadas para aumentar la concurrencia entre empresas y que podría dar la bienvenida a las foráneas.