Cataluña, ejemplo de acceso al aborto con solo seis objetores, choca con el veto de hospitales religiosos

Mientras el Gobierno y la Comunidad de Madrid reabren una guerra de declaraciones por la implantación de un registro de objetores al aborto, Cataluña emerge como una anómala vanguardia.

La comunidad autónoma, que registra la tasa de abortos más alta de España, fue de las primeras en aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023, y el resultado ha dejado una cifra inaudita: solo seis profesionales sanitarios se han inscrito formalmente como objetores de conciencia.

Este dato, que debería ser la prueba definitiva en la sanidad pública del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), choca de bruces contra la realidad. La objeción individual es mínima, pero la objeción institucional, impulsada desde patronatos religiosos de hospitales clave, sigue siendo un muro infranqueable que obliga a miles de mujeres a ser derivadas a otros centros. 

La batalla por garantizar el derecho al aborto en Cataluña ya no se libra en los despachos ministeriales, sino en la puerta de quirófano de dos de los hospitales más emblemáticos de Barcelona.

Una herramienta de planificación

La Ley Orgánica 1/2023 establece que la creación del registro de objetores es un mecanismo puramente organizativo, diseñado para adecuar los recursos humanos y asegurar la prestación. La ley subraya su carácter estrictamente administrativo y confidencial. Solo es consultable por las gerencias sanitarias, "en ningún caso" se recoge el motivo de la objeción, y solo afecta a quienes intervienen "directamente" en el proceso.

Sílvia Aldavert, directora de la Associació Drets Sexuals i Reproductius, defiende su utilidad como herramienta de gestión: "Si realmente tiene que haber objeción de conciencia... Su objetivo es planificar los servicios de tal manera que las mujeres no tengan que encontrar objetores de conciencia cuando vayan a pedir un aborto". 

Este marco legal debe operar en un país donde el acceso sigue siendo desigual. La doctora Silvia Arévalo, obstetra especializada en medicina fetal en el Hospital Vall d'Hebron, lamenta que la "no-equidad" le parece "injustificable" en un sistema público y universal.

Coincide con Aldavert: "El registro de objetores es el primer paso para tener una fotografía clara de la objeción de conciencia en Cataluña". Según explica, el alcance de la objeción es limitado. "Solo pueden ser objetores quienes intervienen activamente en la interrupción del embarazo: quien administra la medicación o quien practica el aborto quirúrgico. No lo son quienes atienden en consulta o informan", aclara la especialista. 

Arévalo considera que el mecanismo, aun simbólico, aporta claridad: "Si Salut quiere tener un registro y saber a quién puede asignar según las necesidades del servicio, ahora lo tiene. Los que no se han inscrito, en principio, no son objetores".

La cifra imposible

La contradicción llega con el dato más reciente sobre la objeción de conciencia. A mediados de 2025, tan solo seis profesionales sanitarios figuraban inscritos en el nuevo registro –tal y como apuntó la consellera Olga Pané el pasado junio en una comparecencia en la comisión de Salut del Parlament–, frente al 44% de ginecólogos que se habían declarado objetores en 2023.

La doctora Arévalo avala la tendencia del bajo número de objeción real: "En Cataluña hay muy poco objetor. Los profesionales planteamos la interrupción como una visión integral de la asistencia a las gestantes. Para lo bueno y para lo malo, aquí estamos". 

Para Aldavert, este dato debería zanjar el debate sobre la objeción individual y centrar los esfuerzos en la organización: "Si solo tenemos seis objetores, se podría entender que los servicios se pueden organizar de manera que en todas partes se puedan hacer abortos". 

La objeción institucional entorpece

La batalla pendiente es contra la objeción institucional, que la ley prohíbe explícitamente. Los focos principales están en hospitales del Siscat con patronatos religiosos y alta financiación pública, como el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Hospital Sant Joan de Déu.

Ambos centros, financiados también con fondos públicos, se niegan a practicar la IVE voluntaria. Aldavert es contundente: "Este es un tema más grave... Estos sí que hacen una objeción institucional que no debería estar permitida por ley. Es un tema de valores de la institución". Arévalo lo secunda: "Un edificio no puede ser objetor. La objeción de conciencia es personal". Esa "objeción del edificio" no está registrada en ninguna lista, de ahí que la caída en picado de últimas cifras de objetores no acabe de cuadrar con los datos precedentes. 

Ante la presión, estos hospitales se amparan en alianzas. El Hospital Sant Joan de Déu explica a Crónica Global su operativa, vinculada a un consorcio público: "Nuestro hospital tiene una alianza con el Hospital Clínic... En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, la intervención se hace en la sede del Hospital Clínic". Esta derivación, si bien garantiza el derecho de la mujer en la capital, perpetúa la objeción del centro.

El Hospital de Sant Pau, por su parte, ha asegurado a esta redacción que cumple con la normativa vigente sobre el registro de objeción de conciencia y que los profesionales que se han declarado objetores "han sido debidamente inscritos". El centro asegura que el registro del Servicio de Obstetricia y Ginecología está completo y actualizado. 

Sant Pau sostiene que garantiza la prestación de las IVE dentro del sistema público y que estas intervenciones "son realizadas por el propio equipo del Servicio de Obstetricia y Ginecología en las instalaciones del Hospital Dos de Maig", centro acreditado con el que mantiene un convenio estable. Según el hospital, solo en casos "muy concretos" de patología materna o interrupción médica avanzada se derivan pacientes a la Maternitat del Hospital Clínic por motivos asistenciales y logísticos.

Sin embargo, las entidades feministas mantienen que este esquema promueve la objeción institucional encubierta. En la práctica, implica que los abortos no se realizan en el centro de referencia, sino en un circuito paralelo, y que la autonomía del sistema público queda subordinada a los valores de las instituciones religiosas. "Las mujeres tienen que poder abortar en el mismo centro donde siguen el embarazo o hacen el parto", insiste Aldavert.

La manera indirecta de medir el problema es observar el registro de centros que han reportado alguna IVE. Según el informe anual (Estadística de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de Cataluña, 2023) no consta ninguna interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes hospitales: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital General de Catalunya, Hospital Universitari del Sagrat Cor, Hospital de Molins de Rei y el Hospital de Calella de Palafrugell. 

El pulso político por la 'lista negra'

La creación del registro ha trascendido lo administrativo para convertirse en el epicentro de otra disputa política en el país. El debate se intensificó tras la negativa pública y rotunda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a crear el listado, una medida que, a su juicio, supone "perseguir o señalar" a los profesionales sanitarios que opten por declararse objetores. 

Esta postura provocó la respuesta formal del Ministerio de Sanidad, que, bajo la dirección de Mónica García, envió cartas de requerimiento a Madrid, Aragón y Baleares –las únicas tres comunidades que aún no han desarrollado el registro–, exigiendo su activación. La ministra fue tajante: "La ley se cumple. Punto", al tiempo que advirtió de la vía contencioso-administrativa y acusó a Ayuso de "mandar a abortar a las mujeres a otro lugar".

En este contexto de confrontación, donde, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un registro alternativo de profesionales "favorables" a la IVE, la posición de Cataluña resulta significativa. La comunidad forma parte del bloque autonómico que ha cumplido "sin ningún problema" con la orden. 

La prueba de que el problema reside en la voluntad política es la cruda realidad de otras comunidades, con circuitos de derivación rocambolescos. La doctora Arévalo revela que en algunas comunidades se obliga a las mujeres a ser trasladadas a clínicas privadas de otra comunidad, donde se induce la muerte fetal, para luego volver a su hospital de origen a parir: "En Extremadura, por ejemplo, envían a mujeres a Sevilla, donde se les pincha para inducir el aborto y luego la mujer vuelve a Extremadura a parir. Es surrealista".