Un requerimiento presentado a Inspección Sanitaria contra el Hospital Fundación Sant Joan de Déu de Martorell pone sobre la mesa un tema controvertido: el reconocimiento de la especialidad de los médicos extracomunitarios en Cataluña.
Un limbo burocrático en el que se encuentran miles de facultativos a día de hoy a raíz de un trámite que va a caballo entre el Ministerio de Sanidad y la conselleria de Salud, sin plazos establecidos ni un proceso digitalizado. El documento asegura que hay trabajadores que incumplen la legislación y, aún así, continúan con la actividad.
"Inseguridad"
Una situación que provoca "inseguridad", asegura el texto al que ha tenido acceso Crónica Global, y para el que, previsiblemente, no hay solución rápida. El requisito es indispensable para ejercer como médico especialista y, de no ser así, solo se podría cumplir con las funciones de médico general, según lo previsto por la ley.
Ante la queja, el Hospital confirma que existen estos casos. Del total de médicos, dos están en procesos de homologación en la especialidad de medicina interna, lo que representa un 14% del área. En cuanto a cirugía quedaría uno, es decir, un 9%. Por lo demás, "el resto están homologados".
El centro no aclara si cuentan con una supervisión a la hora de desempeñar su labor, pero comunica a este medio que "todos los profesionales ejercen en el marco de la normativa vigente".
"Sin capacidad de contratar"
En un primer momento, la querella se formuló a Inspección de Trabajo. Sin embargo, finalmente se derivó a Inspección Sanitaria por su ámbito competencial. Más allá del proceso administrativo, los que también confirman la irregularidad existente son los sindicatos con presencia en el centro sanitario.
Juan Carlos Carrera, responsable de Sanidad del Baix Llobregat de UGT, defiende la labor de los sanitarios, quienes prefieren no exponer su relato a causa de la inestabilidad de su puesto. "El hospital no tiene capacidad para buscar a otros profesionales y, aunque no están homologados, muchos llevan trabajando años, a la espera de la administración", declara.
El requisito, establecido en el Real Decreto 459/2010, es una medida requerida para que los especialistas extranjeros se formen en los centros españoles a través de un contrato en prácticas o de formación complementaria con tal de garantizar la calidad de los títulos universitarios que se han obtenido y preservar el derecho a la salud de la ciudadanía.
Varios médicos atienden a un paciente de Covid en una uci en Cataluña / EUROPA PRESS
Hasta tres o cuatro años de espera
A pesar del compromiso, la burocracia impone sus tiempos. "La administración está tardando muchísimo en regular la situación, hasta cuatro o cinco años, y este es el problema", critica el representante sindical. La mayoría de los casos ocurren en el sistema concertado (Siscat) y el sistema privado, donde las bajas en el sector llevan a las gerencias de los centros a tomar esta decisión.
Un gran número de contratos se destinan a facultativos latinoamericanos, reconoce Carrera, un hecho que coincide con los datos que maneja Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC). En el informe de 2024, se resaltó que el 56% de los nuevos colegiados eran extracomunitarios, con un creciente porcentaje originario de Sudamérica.
"Son buenos médicos y están preparados", defiende, y el sindicato teme que la regulación provoque una pérdida de poder adquisitivo a estos empleados que llevan años con "problemas burocráticos". Este trámite, a la espera de agilizarse, tuvo su punto de inflexión durante la pandemia por la autorización masiva de permisos a raíz de la crisis sanitaria.
"No hay cobertura suficiente"
"En el Institut Català de la Salut es imposible que esto suceda, pero en el Siscat y la privada pasa muchísimo", apunta Maria Àngels, secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO Cataluña. Un agujero laboral que se agrava en las zonas geográficas más alejadas de los centros urbanos, donde "no hay cobertura suficiente".
En todo caso, el ejercicio de los profesionales no reconocidos debería estar bajo la supervisión del facultativo especialista titular. "Desde el Ministerio de Sanidad se deberían desburocratizar los trámites, igual que incrementar las plazas de especialistas, porque hay un déficit permanente con las condiciones de trabajo actuales", argumenta.
Solo un 13% consigue el reconocimiento
El Consell de Col·legis de Metges de Cataluña (CCMC) se reunió con Mónica García, ministra de Sanidad, durante el mes de septiembre, con tal de trasladarle su preocupación por las demoras que obstaculizan el ejercicio profesional. Desde la Junta apuntan a este medio que hubo una respuesta receptiva y se está reduciendo el tiempo de respuesta.
A pesar de las buenas intenciones, no hay datos específicos de los expedientes abiertos. El CCMC, a través del informe Los procesos de homologación de especialidades cursadas fuera de la UE, expone que más del 75% de los facultativos extracomunitarios tienen un título de especialista, pero solo el 13% de los que han pedido la homologación lo han conseguido.
La Comisión Europea publicó la recomendación 2023/2611 con una serie de medidas para simplificar y acelerar el reconocimiento de las capacidades de nacionales de terceros países, con la finalidad de que el mercado europeo resulte más atractivo y se facilite la integración de estos especialistas. Una pauta en la que se fija el CCMC ante el número creciente de colegiados sin especialidad médica registrada.
En esta línea, el CCMC advierte que los facultativos son "un activo importante para el sistema sanitario catalán público y privado", por lo que es necesario que desarrollen su carrera plenamente, ya que supone "una limitación en la integración exitosa de los profesionales en el mercado laboral".
La 'conselleria' pide celeridad al ministerio
Este medio conversa con Jordi Vilana, director general de Profesionales de la Salud, para aclarar lo que sucede. La titular de la conselleria, Olga Pané, ya expresaba en abril que la voluntad de la Generalitat era asumir la competencia, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbara esta potestad en el País Vasco.
En primer lugar, cabría distinguir entre la homologación del propio título universitario, un trámite a cargo el Ministerio de Universidades, y para el que por primera vez, desde 2014 se han logrado resolver más expedientes de los que se han recibido, cuando hay una lista de espera de 100.000 solicitudes.
¿Cómo es el procedimiento?
En Sanidad, hay un listado de 41 especialidades para las que se necesita un mínimo de entre tres y cinco años de programa formativo en el país de origen con el fin de conseguir la homologación en España, como ocurre con las formaciones en alergología, cardiología, o cirugía general y del aparato digestivo, medicina familiar y comunitaria, o neurología y oncología médica, entre otras.
Ese es el paraguas que atañe a los trabajadores de la Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell: el reconocimiento de especialidad, en manos del Ministerio de Sanidad. El procedimiento lo inicia la persona interesada y, una vez abierto el expediente por la parte ministerial, se traslada a la conselleria de Salud con el objetivo de que asigne un centro de prácticas.
Como explica Vilana, el médico debe aceptar la propuesta, desarrollar su formación en el período que determine el contrato y, una vez cumplido con éxito el programa, se devolvería el expediente al Gobierno central para que lo dé por finalizado. Así, se obtendría la homologación de la especialidad.
No hay plazos ni digitalización
Pero hay dos problemas acuciantes, señala Vilana: "No hay control de los tiempos de respuesta ni digitalización del proceso". Cuando la conselleria logra recibir el expediente del Ministerio y, por fin, asigna el destino, tal vez el solicitante ya se encuentra en otra situación laboral y declina la oferta o se retrasan los tiempos de aceptación, indica. Al no haber pautas temporales de mínimos ni máximos, no hay concreción.
Por tanto, no hay un número de expedientes exactos. En todo caso, indica que están en conversaciones con el propio Ministerio para consensuar un real decreto que se debería publicar a lo largo del próximo mes, donde se contemple la agilización del trámite a partir de la incorporación de una ventanilla digital, ya que ahora se hace "con papel", y se especifiquen los plazos de respuesta.
Ante todo, Vilana insiste en que "por seguridad jurídica se necesita que todos los médicos sean especialistas". Un mensaje que extiende a todos los centros hospitalarios, tanto del ámbito privado como concertado, ya que el propósito es velar por la seguridad de los pacientes y de los propios profesionales.