Joven delante de un ordenador
Europa planta cara a Trump para blindar su soberanía digital y proteger a los menores en línea
La eurodiputada socialista Laura Ballarín reclama firmeza ante las amenazas arancelarias de Washington y urge a la Comisión Europea a aplicar con rigor las leyes digitales frente al poder de las grandes tecnológicas
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La Unión Europea ha pasado por nueva fase de su pulso con Estados Unidos por el control del entorno digital. La reciente amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a los países que mantengan regulaciones sobre el sector tecnológico ha encendido las alarmas en Bruselas, donde la eurodiputada socialista Laura Ballarín (Grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas) advierte sin paliativos que las leyes digitales de la UE no pueden ser moneda de cambio para servir a la agenda política de Trump.
El mensaje del presidente norteamericano, publicado hace dos meses en su red social Truth, acusaba a Europa de "discriminar" a las tecnológicas estadounidenses con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Bruselas, sin embargo, se mantiene firme. La Comisión Europea ha reiterado que estas normas no se modificarán en ningún caso para contentar a Washington.
El desafío, no obstante, va más allá de un simple rifirrafe comercial, y se sitúa en la definición misma de la soberanía tecnológica y la capacidad de la UE para proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables: los menores.
Blindaje digital para la juventud
Los datos que maneja el Parlamento son alarmantes: el 97% de los jóvenes usa internet a diario, y se estima que uno de cada cuatro exhibe un uso disfuncional de las plataformas, con riesgos claros para su salud mental.
La urgencia es palpable, especialmente ante problemas como el acceso a contenido inapropiado. La media de edad a la que los niños acceden por primera vez a pornografía, por ejemplo, oscila peligrosamente entre los 9 y los 11 años, según los últimos estudios citados por el Parlamento Europeo.
Una joven teclea un ordenador Shutterstock
Ballarín, ponente de opinión en la Comisión IMCO para el informe sobre el impacto de las redes sociales en la juventud, ha señalado que si bien la Ley de Servicios Digitales (DSA) fue un avance fundamental, ofreciendo un "marco legal que permite empezar a proteger a los menores" y un "poder sancionador" sobre las grandes plataformas, la legislación aún es insuficiente en lo referente a la infancia. "Son buenas las leyes, pero no tocan suficiente lo que es la protección del menor", ha admitido.
Por ello, el Parlamento exige al Ejecutivo comunitario una doble acción: la implementación inmediata y eficaz de la DSA y el afianzamiento de la futura Ley de Equidad Digital (DFA).
La ofensiva contra los "agujeros negros"
La próxima generación de normativa busca atajar problemas que impactan directamente en la salud mental de la juventud. El Parlamento Europeo, ante la urgencia de regular los riesgos, está proponiendo medidas decisivas.
Entre ellas destaca la intención de fijar una edad mínima digital de 16 años para el uso de redes sociales y de los "compañeros de IA" sin el consentimiento expreso de los padres, mientras que el acceso a cualquier red social se limitaría a los 13 años.
Además, los eurodiputados están impulsando una acción directa contra los diseños adictivos, pidiendo la prohibición de las "cajas botín" (loot boxes) en videojuegos accesibles a menores y el veto a los algoritmos de recomendación basados en la interacción (engagement-based recommender algorithms) que exponen a la juventud a contenidos tóxicos. La futura Ley de Equidad Digital (DFA) será el instrumento clave para llevar esta regulación a buen puerto.
Finalmente, la Eurocámara también presiona para que se desarrollen mecanismos de verificación de edad robustos y respetuosos con la privacidad, como el proyecto 'Zero Proof', que busca asegurar que las salvaguardias se apliquen de manera efectiva en todas las plataformas.
El control del cumplimiento
En paralelo al desarrollo de nuevas leyes, la eurodiputada presiona a Bruselas para que concluya las investigaciones que buscan asegurar la implementación eficaz de la DSA.
El Ejecutivo comunitario ya ha abierto cinco investigaciones a grandes plataformas (X, Meta, Apple o Shein) y tres bajo la DMA, procesos que han llegado a conclusiones preliminares de incumplimiento. El Parlamento exige a la Comisión que actúe con celeridad: "Implementación de las leyes digitales actuales y finalizar las investigaciones".
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
A pesar de la virulencia de las amenazas de Trump, la Comisión ha mantenido su posición, y Ballarín se muestra "optimista" sobre su determinación de no ceder, un mensaje que busca tranquilizar al mercado europeo.
La eurodiputada, además, ha impulsado la iniciativa 'Share to Protect' ('Compartir para Proteger'), un proyecto de consulta pública crucial para el desarrollo de la futura legislación. Su objetivo es recopilar testimonios anónimos de padres, familiares y educadores de toda Europa sobre el uso excesivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes, y el impacto directo que esto tiene en su bienestar y salud mental.
Esta información de primera mano busca ofrecer una radiografía real de los riesgos —desde el ciberacoso hasta los trastornos alimentarios o el grooming— y servirá de base para futuras leyes europeas de protección digital de la infancia.
