La situación económica y social en España revela una brecha preocupante entre quienes sostienen las arcas públicas y quienes dependen, de facto, del Estado. Según ha explicado Albert Rivera a través de su perfil de Instagram, ya hay más de 19 millones de ciudadanos dependientes del Estado, contra poco más de 3 millones de autónomos.
Es decir, el país alberga seis veces más dependientes que emprendedores. Lo peor de esta realidad no es solo el número actual, sino que la tendencia indica que la clase pasiva no para de crecer.
Este desequilibrio numérico se evidencia al desglosar las cifras: tenemos a casi 19 millones de españoles, de facto, dependientes del Estado, mientras que los trabajadores por cuenta ajena empleados por empresas, estarían en torno a los 17 millones; una situación calificada de "drama".
Los autónomos, por su parte, somos una minoría de 3,4 millones. La cifra de dependientes incluye a pensionistas, funcionarios, parados, beneficiarios del ingreso mínimo vital, y también al personal fijo discontinuo, que pasa la mayoría del año dependiendo de las arcas del Estado.
Esta no es una batalla de unos contra otros. Se trata, fundamentalmente, de que el país sea económicamente sostenible. Es imprescindible destacar que son necesarios los funcionarios y los pensionistas, absolutamente. Pero la pregunta crucial es: ¿cómo no van a ser imprescindibles los que generan empleo y pagan los impuestos?
Ser autónomo, en muchos casos, es mucho más que una categoría laboral; es una forma de ver el mundo, la economía, de vivir y de ganarte la vida, sin depender de las decisiones de terceros.
Las futuras empresas serán creadas por trabajadores autónomos, más que por pensionistas o funcionarios. Serán creadas por personas con la valentía, las ganas, la libertad y la responsabilidad de poner en marcha un negocio, endeudarse o contratar a otros trabajadores.
Resulta "alucinante" que algunos prefieran ver a millones de personas en el paro o acogiéndose al ingreso mínimo vital, antes que verlos siendo autónomos y aportando a las arcas públicas.
Esta preferencia se alinea con una política que ciertos analistas deducen que es clientelar: el gobierno se sentiría más cómodo teniendo muchos ciudadanos dependientes de las "paguitas", y no tan interesados en los ciudadanos autónomos que generan sus propias empresas y no quieren depender de dichos subsidios.
Incluso se ha leído y escuchado estos días que algunos políticos defienden que es mejor que haya menos autónomos, porque así el país es más estable.
Detrás de este acoso y derribo, la razón es clara: "los políticos intervencionistas prefieren tener en sus manos el futuro económico de las familias españolas". Por eso, hay que oponerse a estas medidas, porque también nos jugamos ser un país de emprendedores y de ciudadanos más libres.
El colectivo autónomo, con 3,4 millones de miembros, es un colectivo menor, lo que se traduce en un menor lobby y menos capacidad de ejercer presión. Además, los autónomos no tienen tiempo de protestar ni de parar su empresa para manifestarse. No pedimos una alfombra roja ni trato de favor, pero por lo menos, queremos luchar por nuestro negocio, sin que el Gobierno de turno nos lo haga más difícil de lo que ya es.