La Justicia obliga a la compañía de seguros a pagar una indemnización de 110.000 euros a una trabajadora por accidente laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ de Cataluña) ha dictado una sentencia que refuerza contundentemente los derechos de los trabajadores en el ámbito de los accidentes laborales.

Según Agustín Moles Abogados, mediante esta nueva resolución, el tribunal ha reconocido el derecho de una trabajadora a percibir una indemnización mejorada de 110.000 euros tras un siniestro ocurrido en el lugar de trabajo.

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El caso se centró en la disputa sobre la cantidad indemnizatoria que debía percibir la trabajadora a raíz del accidente. Inicialmente, en primera instancia, un magistrado había reconocido la responsabilidad empresarial, fijando el derecho de la trabajadora a percibir una indemnización de 60.000 euros. Sin embargo, la parte afectada, al considerar insuficiente esta cuantía, interpuso un recurso de suplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al examinar el caso, interpretó que a la trabajadora no se le habían abonado una serie crucial de complementos indemnizatorios. La clave de la sentencia reside en la aplicación correcta de la normativa de valoración de daños: el Tribunal Superior de Justicia ha determinado que deben aplicarse correctamente los factores correctores del baremo de tráfico.

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Este baremo, diseñado originalmente para calcular las compensaciones por siniestros viales, se extrapola de manera automática en los accidentes de trabajo para determinar la reparación económica.

Gracias a esta interpretación legal que asegura la aplicación de los factores correctores, el TSJ de Cataluña concedió a la trabajadora una indemnización mejorada, elevando la cifra hasta los 110.000 euros.

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Los intereses agravados del 20%

Más allá del incremento sustancial en la cuantía principal, la sentencia "llama la atención" por la dureza de la penalización impuesta a la compañía de seguros responsable. La resolución judicial no solo obliga al pago de los 110.000 euros, sino que además impone a la aseguradora intereses del 20% anual.

Estos intereses, que deben calcularse desde el año 2021, tienen un impacto financiero devastador para la compañía. La aplicación de este porcentaje de recargo legal "prácticamente dobla la cantidad que deberá abonarse" finalmente a la trabajadora, convirtiendo la indemnización en un monto significativamente mayor debido a la demora y la resistencia al pago íntegro.

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Esta decisión judicial refuerza la importancia de defender los derechos del trabajador y de reclamar una reparación íntegra del daño sufrido. La sentencia del TSJ de Cataluña demuestra que, ante ciertas "injusticias" o cuando las compañías de seguros pretenden hacer valer interpretaciones limitadas, es posible conseguir que judicialmente se reconozca una reparación completa, utilizando todos los elementos legales disponibles, como la correcta aplicación del baremo y los intereses punitivos. Cualquier resolución de este tipo es crucial para asegurar que la indemnización sea justa y completa.