Un vehículo de Cabify Europa Press
Las VTC irán a los tribunales contra la ley del Govern que pretende regularlas
La normativa también afectará a los taxistas, que, entre otras medidas, tendrán que acreditar el nivel de catalán
Más noticias: Los VTC salen contra de la ley del sector en Barcelona: "Unos 6.000 trabajadores se quedarán en paro"
Noticias relacionadas
La patronal del sector de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), Unauto, ha anunciado este miércoles que irá a los tribunales contra la nueva ley que prepara el Govern para regular su actividad, así como la del taxi, en Cataluña: "No nos vamos a dejar matar, es un atropello y un abuso de poder".
El presidente ejecutivo nacional de Unauto, José Manuel Berzal, ha reaccionado así tras conocer la intención de la Generalitat de aprobar una normativa que restringirá al máximo la actividad de las VTC en el Área Metropolitana de Barcelona, ya que no les permitirá realizar trayectos urbanos y solo podrán asumir interurbanos.
El proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas que el ejecutivo de Salvador Illa está preparando y ha presentado al Consell del Taxi este martes comportaría la desaparición de 600 VTC, de los cerca de 1.000 vehículos que hay actualmente con licencia urbana en el AMB.
La nueva normativa, con un plazo de entrada en vigor aproximado de finales de 2026 y que también prevé un requisito mínimo del B1 de catalán para taxistas, pretende establecer funciones a cada tipo de servicio: taxis, VTC, limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.
Patronal y sindicato
"Es una atrocidad jurídica, social y económica contra los intereses de Barcelona", ha dicho Berzal, que ha comparecido acompañado por José Marñia Cazallas, secretario de organización del sindicato de las VTC, SLT.
El secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas, y el presidente de Unauto VTC, José Manuel Berzal Europa Press
Cazallas ha subrayado que, si la ley sale adelante en el Parlament, están en juego entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. "Puede ser el ERE más importante que se haya visto nunca en Cataluña", ha dicho.
Transporte público
La nueva ley también tiene como objetivo generar una infraestructura de datos para que las administraciones locales tomen decisiones basadas en el interés público, así como para velar por el cumplimiento de la normativa, y umbrales ambientales, de congestión del tráfico y ocupación del espacio público.
La apuesta del Govern es fomentar el transporte público, aunque en el caso de que los criterios medioambientales se cumplan y haya una necesidad de ampliar la demanda de vehículos de transporte, la prioridad sería ofrecer más licencias de taxi al considerarlo un complemento del transporte público.
Por contra, acabaría con más de la mitad de los VTC con licencia urbana que operan en el AMB debido a que el decreto por el cual se rigen establece que, con la aprobación de una futura ley del transporte de estos vehículos, estas licencias desaparecerían.
Nuevas licencias
La Generalitat prevé dividir en cuatro tipologías los distintos vehículos que, en caso de prosperar el texto, deberían someterse a la nueva normativa. El primero de ellos es el taxi, que se considera un servicio estructural para complementar el transporte público, con un régimen tarifario oficial fijado por las administraciones competentes.
El segundo compete a los VTC, que no atenderían a la demanda estructural ordinaria de servicios de movilidad urbana, con un régimen tarifario libre no intervenido y para los que se establece un plazo mínimo de precontratación de diez minutos y se prohíbe captar clientes en la vía pública.
Un caso similar es el de los vehículos de Alta Disposición, también con un régimen tarifario libre no intervenido y obligaciones de una antelación de la contratación de dos horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y la prohibición de captar clientes en la vía pública.
Por último, las limusinas, actualmente sin un marco legal claro, tendrían un régimen tarifario libre no intervenido y la responsabilidad de una antelación en la contratación de 12 horas, de estar a disposición del usuario durante un mínimo de una hora y deben tener unas determinadas dimensiones.
