Eduardo Montero, investigador en desastres: "Educar salva más que contratar socorristas"

España vive un verano marcado por numerosos incendios que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Al mismo tiempo, se reportan cada vez más casos de ahogamiento --sobre todo en Cataluña--, lo que pone en evidencia la falta de prevención y respuesta ante los desastres.

Para profundizar en este tema, el investigador en emergencias y desastres, Eduardo Montero Viñuales, habla con Crónica Global para analizar la situación actual, los desafíos en la coordinación de emergencias y las lecciones pendientes para mejorar la protección ciudadana.

¿Por qué cree que España no ha asumido plenamente la preparación como un derecho humano y qué reformas propondría?

España sigue atrapada en un modelo asistencialista y burocratizado, donde la protección civil se concibe como un servicio técnico que reacciona ante la catástrofe. Aunque los planes de protección civil incluyen el deber de informar y educar a la población, apenas se ejecutan.

Esto deja fuera el núcleo de la gobernanza del riesgo: garantizar información para que todas las personas vulnerables ejerzan su derecho a la autoprotección. Las reformas urgentes serían: incorporar la preparación para desastres en el sistema educativo; realizar análisis de vulnerabilidad que contemplen a los colectivos potencialmente afectados; e implementar medidas de prevención adaptadas a las necesidades de cada grupo, en especial, mayores, personas con discapacidad y otros. 

¿Qué consecuencias tiene para la población mantener este sistema en medio de la crisis climática?

Es una amenaza. Los riesgos son cada vez más complejos y este modelo rígido carece de flexibilidad. Este enfoque convierte a la población en espectadora, retrasa la respuesta, satura recursos y aumenta víctimas. Además, refuerza desigualdades. Quienes tienen menos acceso a información quedan más desprotegidos.

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Denos ejemplos claros de desastres en los que este enfoque vertical aumentó la siniestralidad 

En la DANA de Valencia (2024) fallecieron 216 personas, muchos adultos mayores, porque no recibieron información ni se contempló su vulnerabilidad. El análisis se centró en la UME o la alerta temprana, pero no en las causas estructurales: urbanismo en zonas inundables, falta de educación o desconocimiento de vulnerabilidades.

El terremoto de L’Aquila (Italia, 2009) mostró cómo la confianza en expertos que minimizaron riesgos acabó en cientos de muertes. El huracán Katrina (EEUU, 2005) reflejó cómo la falta de comunicación aumentó víctimas en sectores pobres y racializados. Estos desastres no fueron naturales, sino sociales.

Estos fallos graves en prevención, ¿son errores técnicos o decisiones políticas? 

Decisiones políticas. Urbanizar zonas inundables, recortar prevención o no incluir variables sociales en los planes de protección civil son elecciones deliberadas que priorizan beneficios inmediatos sobre la seguridad colectiva, y a unos servicios de protección civil con gran preparación operativa, pero escasa formación en análisis de la vulnerabilidad social.

Son los resultados de una gobernanza del riesgo equivocada, que promueve un desarrollo no sostenible, como permitir asentamientos en zonas inundables, atractivas por su proximidad a la costa o suelos fértiles, sin considerar los desastres.

Si asumimos este "progreso", debemos preparar a las personas que viven en esas zonas para afrontarlo. En las sociedades modernas tomamos decisiones que implican riesgos, como conducir un coche o tomar un medicamento, o coger un avión, pero existen marcos legales que buscan reducir esos riesgos: normativas de tráfico, controles farmacéuticos, agencias reguladoras. Lo mismo debería ocurrir con los riesgos de desastre. 

Cataluña, referente 

Cataluña presume de descentralización en protección civil. ¿De verdad ha mejorado la prevención y participación ciudadana?

Cataluña es un referente en España en políticas de comunicación y participación en la gestión de muchos riesgos, pero aún queda mucho por hacer. La descentralización solo es efectiva si va acompañada de educación ciudadana y corresponsabilidad real.

El programa de empoderamiento ciudadano frente al riesgo químico, con información clara y accesible a través de múltiples medios, ha demostrado ser un ejemplo de referencia. Pero, en ahogamientos, el foco está en aumentar los socorristas y las leyes, sin datos sobre quién no sabe nadar ni enseñanza obligatoria en las escuelas. 

¿Qué mecanismos de control acabarían con la narrativa de lo "imprevisible"?

Las expresiones políticas como "increíble" o "inconcebible" ocultan la falta de preparación. El mito de lo imprevisible funciona como estrategia de irresponsabilidad. Reiteradamente se nos dice que el último desastre ha sido el mayor de la historia conocida, lo que justifica el caos.

Es cierto que el desastre implica caos: por definición, es una situación disruptiva que supera la capacidad de los recursos habituales. Precisamente por eso debe estar preparada para afrontar los desastres con medios propios, sin depender de la ayuda externa, que, en muchos casos, tardará en llegar o no llegará.

El COVID-19 fue presentado como imprevisible, pero epidemias previas ya advertían del riesgo. Para superar el mito hacen falta relevancia a la evidencia científica, equipos multidisciplinares, seguir estrategias de la ONU, comisiones de investigación independientes y considerar la falta de preparación y la ocultación de información como violaciones de derechos humanos.

¿La "epopeya" de los servicios de emergencia tapa fallos previos en prevención? 

Sí. La narrativa heroica desplaza el foco de la prevención hacia el rescate. Nuestro sistema de protección civil es competente en la respuesta, pero lo que se transmite es que siempre habrá alguien que nos salve, aunque la ayuda llegue tarde. El flujo de noticias e imágenes épicas refuerza la idea de que contamos con sistemas expertos que nos protegen, ocultando el hecho de que cuando estos actúan ya hay derechos lesionados. Es una gestión compensatoria del riesgo: cuando pierdes, te ayudo.
Sin embargo, la estrategia ética de la protección civil debería ser preventiva. La prevención no es mediática, no genera imágenes espectaculares ni relatos heroicos, aunque salva más vidas que cualquier operativo. Usar la epopeya y el heroísmo como pantalla es ocultar la falta de una gestión integral y preventiva del riesgo, así como la ausencia de preparación ciudadana.

 

¿Por qué la ciudadanía recibe información tarde o confusa?

Persiste una concepción paternalista del riesgo. Se teme que informar genera alarma y se prioriza la imagen política. Numerosos estudios académicos lo constatan: la prevención se convierte en mera protección.
Existe una brecha entre información técnica y  mensajes, lo que genera desconfianza, bulos y mayor vulnerabilidad. También influye una preferencia social por la normalidad: la población prefiere creer que todo está bajo control antes que enfrentarse a la incertidumbre. Este ciclo perpetúa estructuras de gestión opacas y refuerza la dependencia de expertos, imponiendo un discurso de normalidad frente al riesgo real.

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¿Quién tiene interés en mantener a la población pasiva?

Los poderes políticos que no desean compartir control, las industrias que generan riesgo (energéticas, constructoras, inmobiliarias) y las burocracias que se legitiman en la centralización.
La evidencia científica nos demuestra que incluso las propias estructuras de protección civil muestran, en ocasiones, mayor interés en gestionar la respuesta a los desastres que en invertir en prevención y mitigación, en empoderar a la ciudadanía. Una ciudadanía informada exigiría entornos seguros, participación y responsabilidades. Cambiar el paradigma es imprescindible y forma parte de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU.

Si mañana hubiera un desastre de gran magnitud en España, ¿qué tres carencias serían las más letales?

En primer lugar, la ausencia de una cultura de autoprotección ciudadana: la mayoría no sabría cómo actuar. Los análisis de vulnerabilidades ante los riesgos conocidos y regulados que se incluyen en los planes de protección civil no cuentan mayoritariamente con estudios de vulnerabilidades desde enfoques sociales y sanitarios.
La población no se tiene en cuenta y la tratan como un sujeto pasivo. En segundo lugar, la fragilidad de los servicios emergencias y prevención autonómicos, debilitados por recortes y agendas ultraliberales. Esto deriva en militarización y olvido de la prevención. Invertir en prevención ahorra recursos y víctimas: apagar un incendio cuesta 20.000 euros por hectárea, prevenirlo 2.000.
Pero no es solo eso, a esos 20.000 euros gastados en medios técnicos debemos añadir el sufrimiento, la pérdida humana, social, patrimonial y medioambiental a la que es imposible poner precio. Y, en tercer lugar, no aprender de los errores. Cada desastre debería ser una auditoría para evitar repeticiones. El reto es anticipar la catástrofe, no gestionarla cuando estalla.

"La tecnología ayuda, pero no sustituye"

¿La dependencia tecnológica puede ser un riesgo?

Sí, sin educación es un espejismo. Sistemas de alerta sofisticados no sirven si la población no entiende qué significan ni cómo reaccionar. La tecnología ayuda, pero no sustituye a una sociedad preparada.

Recientemente aparecía una noticia que con optimismo explicaba la implementación de un sistema IA para detectar corrientes en las playas y avisar en tiempo real socorristas y bañistas. Es un avance sustancial, pero ¿el aprendizaje generalizado de la natación y de la seguridad acuática para cuándo? Las personas se ahogan porque no saben nadar o tienen accidentes en el agua; los socorristas, la IA o los drones no solucionan eso. Sólo las acciones de educación sobre la sociedad solucionarán el problema del ahogamiento.

¿Se retrasa o filtra información por motivos políticos o económicos?

Sí, esto se convierte una amenaza natural en un desastre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a países por no advertir a la población de peligros conocidos. En Valencia, un estudio de 2023 ya advertía de que la ocupación de espacios naturales y la gestión inadecuada amplificarían el impacto de fenómenos extremos como la DANA de 2024. Negar información es negar derechos y se traduce en vidas perdidas.

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