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El Agroparc, el futuro hub alimentario de Ametller Origen entre Gelida y Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès), sigue envuelto en polémica. Este miércoles, la cadena catalana ha suspendido las obras del proyecto ante el aumento de las presiones vecinales y "siguiendo las recomendaciones de los Mossos d’Esquadra".

El inicio de las obras fue paralizado parcialmente el pasado 30 de julio por resolución judicial hasta el próximo mes de septiembre, debido a que el área es el hábitat de dos águilas perdiceras, una especie en peligro de extinción. El juez tomó esta medida cautelar hasta que se demuestre que las aves pueden ser trasladadas a un nuevo hábitat de forma segura. 

Zona protegida

En paralelo, desde la semana pasada, Ametller inició las actividades dentro del terreno, incluida la zona protegida conocida como Kernel 80. Este espacio es donde la cuabarrada (en catalán) desarrolla su ciclo vital, según indica StopAgroparc, la plataforma opositora que agrupa a más de 135 entidades, entre ellas ecologistas, expertos, agricultores y vecinos.

El colectivo lleva días denunciando que se siguen realizando trabajos en ese espacio, a pesar de la prohibición del juez de intervenir en este. "Han estado con máquinas y excavadoras en el lugar todos los días, excepto el domingo pasado, pese a la medida judicial. Es lamentable", sostienen fuentes del grupo a este medio.

De hecho, fue la plataforma quien presentó el 10 de julio un recurso para impugnar la aprobación del proyecto. Como resultado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Barcelona dictó esta medida cautelar que dilata el comienzo de las obras.

Defensa de Ametller

Desde la empresa aseguran que las tareas efectuadas corresponden a "trabajos previos al proyecto" y que se están llevando a cabo "cumpliendo al 100% con la resolución judicial recibida a finales de julio".

Defienden que la medida cautelar no "ordena la suspensión total de las obras de urbanización, sino de actuaciones concretas recogidas en el convenio firmado entre el Grup Ametller Origen y el Ayuntamiento de Gelida", señalan en un comunicado.

Ametller también afirma que los trabajos realizados "son totalmente ajenos" a los mencionados en el auto judicial. Sin embargo, ante la presencia de personas opositoras en los terrenos del futuro Agroparc y para proteger la seguridad de sus trabajadores, han decidido detener temporalmente estas obras.

Intervención

Según la plataforma, esta paralización de las obras se ha logrado "gracias a la movilización diaria de un grupo de vecinos", lo que ha hecho que los Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales intervinieran para detener las obras este miércoles.

Por su parte, sostienen que previamente el ayuntamiento les había comunicado que no tenía intención de detener las obras, dejando la decisión en manos de la empresa. La plataforma valora el freno como "una victoria crucial para la defensa del territorio y el cumplimiento de la legalidad ambiental".

Clúster alimentario

El Agroparc será un complejo agroalimentario que reunirá distintas actividades del sector para fomentar la colaboración y la eficiencia. Será “sostenible y circular” e incluirá agricultura, ganadería, agroindustria y energías renovables en una extensión de 725.000 metros cuadrados, lo que equivale a 290 piscinas olímpicas.

El proyecto aspira a convertirse en el primer distrito agroindustrial de energía positiva y carbono negativo. Con una inversión de 180 millones de euros, se prevé una actividad productiva de 433 millones y la creación de más de 3.100 empleos directos e indirectos, según informó la empresa al presentar el proyecto en 2021.

Mayor impacto 

A pesar de los objetivos, el plan también fragmenta tres corredores ecológicos esenciales, cuya ruptura pondría en peligro el ecosistema asociado al parque natural del Garraf.  Además, un informe de StopAgroparc alerta de que el consumo de agua en Gelida aumentará un 22,5% por habitante, mientras que el gasto para actividades económicas crecerá un 45% en todo el municipio.

A ello se suman presuntas irregularidades urbanísticas, como la fragmentación del plan municipal, la recalificación ilegal de suelo no urbanizable y una supuesta "desviación" de poder ejercida por la Generalitat, recogidas en el memorial de agravios elaborado por ecologistas y agricultores. 

"Interés ambiental"

El juez que ordenó la paralización de las obras basa su decisión en la protección de una especie en peligro de extinción, ante el riesgo de causar "daños irreversibles" en su hábitat.

Asimismo, se fundamenta en el principio de precaución y en la especial protección que la Constitución otorga a la biodiversidad, señalando que la medida busca salvaguardar "el interés ambiental" sin bloquear por completo el proyecto urbanístico, según el auto consultado por El Món.

Además, advierte de que los trabajos implican un movimiento de tierras "extraordinario" que afecta directamente a la principal zona de caza del águila perdicera, lo que agrava la amenaza sobre su entorno natural. Ante el conflicto entre el interés general y el ambiental, el juez da prioridad a este último por el alto riesgo ecológico.

Informes contradictorios

El juez también alerta de que existen "informes técnicos contradictorios sobre el momento de implementación de las medidas compensatorias, lo que genera una situación de incertidumbre que aconseja la aplicación del principio de precaución".

Ametller tenía previsto, como medida compensatoria, trasladar las águilas a un nuevo hábitat diseñado especialmente para ellas, donde puedan volar y vivir en condiciones óptimas.

Por otro lado, el magistrado autoriza continuar con las obras de urbanización --incluidas las del sector Can Joncoses-- en territorios "no críticos" para estas aves, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Políticas Ambientales. 

Respuestas

En una respuesta ofrecida a este medio hace un mes, Ametller afirmó que el Agroparc se está desarrollando sobre terrenos en desuso, con la intención de recuperar áreas degradadas con la plantación de frutales.

La empresa afirmó contar con el respaldo del Ayuntamiento de Gelida y con informes técnicos que respaldan la viabilidad ambiental del proyecto, aunque estos ya han sido cuestionados tanto por StopAgroparc como por el propio juzgado.

En cualquier caso, Ametller advierte de que recurrirá a la justicia y se reserva el derecho de emprender acciones legales contra quienes "difundan falsedades" o bloqueen el proyecto con actuaciones ilegales.