En octubre de 2012, estalló en España el que se bautizó como 'caso Emperador', una presunta trama de blanqueo de capitales que implicaba al empresario chino Gao Ping y que sigue en manos de la Audiencia Nacional.
Este caso, que se encuentra todavía a la espera de juicio, puso en el mapa mediático y público a la Banca Privada de Andorra (BPA), ya que, entre otras entidades financieras andorranas, el testaferro de Gao Ping, el empresario valenciano Rafael Pallardó, llevaba maletines cargados de billetes de España hasta Andorra para evitar pagar impuestos en territorio español y defraudar al fisco.
Aunque BPA no era la única entidad que recibía el dinero en B de este empresario chino, a día de hoy es la única que ha pagado las consecuencias. ¿Cómo? Con una sentencia sin precedentes en el Principado que condena a 18 extrabajadores del banco a penas de prisión de entre 3 y 7 años por favorecer el blanqueo de más de 70 millones de euros procedentes de la mafia de Gao Ping.
Del caso 'Emperador' a la trama BPA
¿Pero cómo llegó la justicia andorrana a juzgar a estos extrabajadores? Cuando parecía que la instrucción por el 'caso Emperador' estaba avanzada, por la que solo cayó un exdirectivo de BPA, el 10 de marzo de 2015, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nota que calificó al banco andorrano como "una preocupación de primer orden" en materia de blanqueo de capitales.
Antigua sede de la Banca Privada d'Andorra (BPA)
Aunque no se especificó nada más, esta nota informativa --que un año después fue retirada-- motivó la inmediata intervención de BPA por parte del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador andorrano. Poco después cayó su filial en España, Banco Madrid.
Así, de la noche a la mañana, el banco cerró sus puertas y todos sus trabajadores se quedaron en la calle. Poco después, 25 de ellos fueron formalmente imputados por presunto blanqueo de capitales en la primera de las causas judiciales que se abrieron contra la gestión de BPA, la que tiene que ver con Gao Ping. Pero hay más.
¿Qué motivó la nota del FinCEN?
Pero, ¿qué motivó que los Estados Unidos se interesasen en un banco andorrano? Hace unos años parecía una teoría de la conspiración, pero en la actualidad existen audios, documentos y confesiones que reconocen que la intervención de BPA estuvo impulsada por la 'policía patriótica' en el marco de la conocida y controvertida 'Operación Cataluña' contra los líderes independentistas.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo
Cabe recordar que era la entidad bancaria donde la familia Pujol Ferrusola tuvo tres millones de euros ocultos del fisco español hasta que fueron declarados a la hacienda española. Una información que situó la entidad en el punto de mira de Villarejo y compañía.
'La policía patriótica' se obsesionó con la idea de que los 'indepes' escondían dinero fraudulento en Andorra. Concretamente, en la BPA. Por ello, articularon toda una guerra sucia para obtener información a cualquier precio y poder desprestigiar el procés. Así nacía la 'Operación Cataluña' o 'Proyecto Barna'.
De conspiración a realidad
De este modo, las filtraciones de los últimos años --incluso algunas comparecencias en el Congreso de los Diputados-- demostrarían que se cocinaron varias informaciones desde 'las cloacas del estado' para enviarlas al Tesoro Norteamericano y provocar la caída del banco. Creían que si BPA caía tendrían acceso a toda la información de los líderes del procés.
Entre las informaciones que se hicieron llegar al FinCEN se cree que constaba la causa por presunto blanqueo de capitales en relación con la trama de Gao Ping y que ya se investigaba en la Audiencia Nacional.
Asimismo, aunque la justicia estadounidense se niega, amparada por la ley, a revelar quién le facilitó la información que provocó la intervención de BPA, se sabe que las voces de alarma llegaron desde España y Andorra.
Las amenazas previas
El exCEO de la entidad, Joan Pau Miquel --ahora condenado a 7 años de prisión-- hace años que advierte que han sido víctimas de las 'cloacas del estado'. De hecho, en reiteradas ocasiones quien fue el consejero delegado de BPA ha explicado que un año antes de la intervención, en 2014, el comisario Marcelino Martín Blas fue a verle al hotel Villamagna de Madrid.
Según la versión del exCEO, Martín Blas le dijo que estaban "en guerra con el nacionalismo catalán" y lo amenazó con actuar contra el banco si no daba información financiera de la familia Pujol, Artur Mas u Oriol Junqueras.
Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, en una imagen de archivo
Es más, previamente, Celestino Barroso, agregado en la embajada de España en Andorra, le había dicho que el Banco de España estaba haciendo una inspección al Banco de Madrid y que para evitar que se cargaran la entidad debían facilitarles la información que les pedían. Es decir, la información sobre los líderes independentistas.
Nuevas pruebas
En la actualidad, además, hay evidencias de una cadena de correos electrónicos secretos y de notas informativas confidenciales, que adelantaron El Món y RAC1, y que aportan nuevas y más pruebas sobre la trama ideada en España para hacer caer BPA.
Estos mensajes incriminan al expresidente del gobierno Mariano Rajoy, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido entonces por Félix Sanz Roldán, a Estados Unidos y al omnipresente excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.
En esos correos queda demostrado que España y Andorra acusaron a la BPA y a su filial española, Banco Madrid, de blanquear dinero de Venezuela, del cártel de Sinaloa, de la mafia china y de oligarcas rusos. Y cómo no, los americanos picaron en el anzuelo.
Una sentencia sin precedentes
A pesar de todo ello, 24 de sus trabajadores han vivido un largo proceso judicial con más de 200 jornadas de vistas desde junio de 2021. Aunque el juicio comenzó el 15 de enero de 2018, sufrió múltiples interrupciones debido a recusaciones y cuestiones previas planteadas por las defensas. La última vista tuvo lugar el 8 de noviembre de 2023.
Finalmente, este martes 15 de julio, el Tribunal de Corts emitió la sentencia. La condena más elevada ha caído sobre el exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, que ha sido condenado a 7 años de prisión, una multa de 30 millones de euros y 10 años de inhabilitación.
Por su parte, el exdirector adjunto de BPA, Santiago de Rosselló, ha sido condenado a 6 años de prisión, junto con una multa de 12 millones de euros y también 10 años de inhabilitación.
Otros altos cargos y empleados de BPA también han recibido condenas significativas: Isabel Camino Sarmiento, oficial de cumplimiento normativo, y Amaya de Santiago y Sergi Fernández, los gestores de Rafael Pallardó, han sido condenados a 5 años de prisión por delitos relacionados con el blanqueo y a multas que oscilan entre los 2 y los 12 millones de euros.