Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, en una imagen de archivo
Caso BPA: condenas de hasta 7 años y 30 millones por blanqueo de capitales
Las penas más elevadas han caído sobre el exconsejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, el exdirector adjunto, Santiago Rosselló, y la oficial de cumplimiento, Isabel Camino
Contenido relacionado: Quiénes son los condenados del 'caso BPA': suman 81 años de prisión y más de 65 millones en multas
El Tribunal de Corts de Andorra ha hecho pública la sentencia del conocido 'caso BPA'. Tras una larga instrucción y un juicio que duró casi cuatro años, finalmente, este martes 15 de julio el tribunal ha leído el veredicto delante de los 24 acusados; todos ellos, exdirectivos y extrabajadores de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
La investigación se centró en una trama que habría facilitado el blanqueo de más de 70 millones de euros procedentes de la mafia china de Gao Ping, a través de operaciones financieras canalizadas por el empresario valenciano Rafael Pallardó. Un procedimiento que se conoce como el "caso Emperador" y que se instruye en la Audiencia Nacional española.
7 años para el exCEO
La condena más elevada ha caído sobre el exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, que ha sido condenado a 7 años de prisión, una multa de 30 millones de euros y 10 años de inhabilitación, por su papel en el esquema. Aunque la Fiscalía solicitaba 8 años de prisión, 100 millones en multas y la misma inhabilitación, el tribunal ha rebajado parcialmente la condena.
Miquel alegó durante el juicio que el sistema de prevención de blanqueo de la entidad era adecuado y que no existían pruebas que demostraran su implicación directa.
El exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra Joan Pau Miquel Prats comparece durante la Comisión de Investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados. EP
Por su parte, el exdirector adjunto de BPA, Santiago de Rosselló, ha sido condenado a 6 años de prisión, junto con una multa de 12 millones de euros y también 10 años de inhabilitación.
Otros altos cargos y empleados de BPA también han recibido condenas significativas: Isabel Camino Sarmiento, oficial de cumplimiento normativo, y Amaya de Santiago y Sergi Fernández, los gestores de Rafael Pallardó, han sido condenados a 5 años de prisión por delitos relacionados con el blanqueo y a multas que oscilan entre los 2 y los 12 millones de euros.
Otras condenas condicionales
Asimismo, la resolución también condena a trece personas más. En este caso, a penas de 4 y 5 años también por blanqueo, pero en este caso condicionales —con la excepción de uno de los procesados, a quien se le impone doce meses firmes—. Por lo tanto, no tendrán que entrar, en principio, en prisión. Las multas, en estos casos, van desde los 100.000 euros hasta los 2,1 millones. Paralelamente, de los 24 procesados, seis han sido absueltos.
Antigua sede de la Banca Privada d'Andorra (BPA)
El veredicto llega tras más de 200 jornadas de vistas desde junio de 2021. Aunque el juicio comenzó el 15 de enero de 2018, sufrió múltiples interrupciones debido a recusaciones y cuestiones previas planteadas por las defensas. La última vista tuvo lugar el 8 de noviembre de 2023.
La Fiscalía había solicitado un total de 141 años de cárcel, 832 millones de euros en multas y 240 años de inhabilitación para los 24 acusados, considerando que formaban parte de una estructura criminal organizada con fines ilícitos.
El caso Gao Ping es el primero que se resuelve judicialmente tras la intervención de BPA en marzo de 2015, originada por una nota del FinCEN estadounidense, que calificó al banco andorrano como "una preocupación de primer orden" en materia de blanqueo de capitales.
Una trama de blanqueo y mafia china
En el caso que nos ocupa, se acusaba a los trabajadores del banco de haber facilitado las operaciones de blanqueo. Según el fiscal general del caso, Alfons Alberca, los gestores de la BPA habrían facilitado este blanqueo mediante "operaciones de compensación", un tipo de transacción que, aunque no estaba tipificada como delito en ese momento, era habitual en la banca andorrana hasta 2014, cuando se intervino la entidad.
Aunque la Fiscalía sostiene que los exgestores sabían que el dinero era de origen ilícito, los acusados afirmaron durante el juicio que nunca detectaron irregularidades en las transferencias.
