
Operación Drake y la Audiencia Nacional
Operación Drake: las defensas llegan al juicio por fraude de hidrocarburos sin las grabaciones de la UCO
Entre las empresas citadas aparece Hafesa, operadora que, pese a su aparición en el sumario, no ha sido sancionada y mantiene todas sus licencias
La Audiencia Nacional se prepara para iniciar el próximo 26 de mayo el juicio oral del macrocaso conocido como Operación Drake, una investigación iniciada por la Guardia Civil en 2019 sobre un presunto fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos entre 2016 y 2019.
Entre las empresas citadas aparece Hafesa Energía, operadora que, a pesar de su aparición en el sumario, no ha sido sancionada ni administrativa ni penalmente, y mantiene en vigor todas sus licencias operativas. Además, desde 2019 ha multiplicado por cinco su volumen de negocio, consolidándose como un actor clave en el mercado energético español.
Quebranto al derecho de defensa
No obstante, lo más preocupante, según fuentes cercanas al caso, no es la inclusión de Hafesa en el proceso, sino el grave quebranto al derecho de defensa que su equipo jurídico viene denunciando desde hace más de dos años.
La defensa viene denunciando que hay grabaciones perdidas, transcripciones incompletas y pruebas sin acceso, lo que significa una vulneración flagrante del proceso justo.
Defectos técnicos
Hay que recordar que el artículo 588 ter i de la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantiza el derecho de todas las partes a acceder a las grabaciones y transcripciones completas realizadas por las fuerzas de seguridad, una vez alzado el secreto de las actuaciones. Por lo tanto, según advierten fuentes jurídicas, este derecho ha sido claramente vulnerado en el caso de Hafesa.
Desde 2022, los abogados de la compañía han reclamado sin éxito la entrega de las intervenciones de las comunicaciones telefónicas completas realizadas por la UCO; las transcripciones íntegras de las intervenciones de las comunicaciones desde 2018; y los soportes digitales supuestamente disponibles en la Plataforma Cloud del Ministerio de Justicia, que no han podido ser consultados por defectos técnicos o por falta de correspondencia con los oficios originales.
Acta notarial
De hecho, en septiembre de 2022 un acta oficial del notario Pedro Lecuona Ortúzar dejó constancia de que no existían ni las grabaciones originales ni las transcripciones completas de las conversaciones telefónicas atribuidas a miembros del entorno empresarial de Hafesa.
También han denunciado que, a pesar de estar prevista la apertura de la vista oral para el 13 de septiembre de 2024, fue suspendida por razones ajenas a Hafesa Energía y a falta de un mes para el inicio del juicio, las pruebas fundamentales aún no han sido puestas a disposición plena de su defensa.
Desaparición de pruebas
Tanto el Ministerio de Justicia, como la Guardia Cilvl como la Audiencia Nacional han reconocido que algunas pruebas reclamadas no están disponibles, tienen errores o han desaparecido.
Por ejemplo, el febrero de este año, el Ministerio de Justicia reconocía oficialmente que faltaban tres DVD críticos con grabaciones y un CD conteniendo las transcripciones más relevantes de las conversaciones referidas en el oficio de fecha 8 de octubre de 2018.
Errores técnicos
Posteriormente, el 4 de marzo de 2025, la Guardia Civil confirmaba que uno de los DVD fue sustituido por un USB entregado en noviembre de 2024, y admite no disponer de los resúmenes de las transcripciones referidas en el oficio de fecha 8 de octubre de 2018, y que no disponen de copia.
Y, por último, el pasado 3 de abril de 2025, la Audiencia Nacional reconocía errores técnicos múltiples en la plataforma Cloud, como archivos ilegibles, errores de lectura y pendrives corruptos.
Pruebas incompletas
Estas irregularidades, según los juristas, afectan directamente a la integridad y disponibilidad del material probatorio, comprometiendo la capacidad de análisis de la defensa y vulnerando el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías.
La conclusión a la que llegan los expertos conocedores de la instrucción es que sería un juicio basado en pruebas incompletas en el que la defensa no tendría la misma documentación que la fiscalía.
Causa sin pruebas concluyentes
Mientras que la fiscalía dispone de todas las grabaciones y transcripciones, por parte de Hafesa apenas han tenido acceso a una muestra limitada de un mes de 2018, sin explicación sobre el criterio de selección ni los responsables de ello.
De este modo, Hafesa Energía habría sido incluida en una causa sin pruebas concluyentes y con obstáculos sistemáticos a su derecho de defensa.