Imagen de archivo de un conductor entrando en un VTC
"He comprado 250 vehículos para VTC en Cataluña y ahora pierdo 80.000 euros al mes”
Cristian S., un ciudadano rumano residente en Suiza, vive ahora en una caravana en Cataluña alejado de su familia mientras la Generalitat desoye sus peticiones e incumple un dictamen del Tribunal Supremo
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Un incomprensible laberinto burocrático ha puesto contra las cuerdas a Cristian S., un ciudadano residente en Suiza que compró 250 licencias para VTC en Cataluña. Pese a cumplir todas las garantías legales y tener una sentencia a su favor emitida por el Tribunal Supremo, la Generalitat lo tiene maniatado.
Su periplo comenzó en 2019, cuando irrumpió en el sector y pidió 250 licencias para operar en trayectos de larga distancia. El Govern le paralizó el trámite, y hasta marzo de 2024 le dejó en un limbo legal: fue entonces cuando el Tribunal Supremo le dio la razón en una sentencia firme con efecto retroactivo a 2019.
Interminable periplo
En 2024, tras ganar el caso, Cristian S. volvió a enviar una solicitud a la Generalitat, confiado de que, esta vez sí, le otorgarían el permiso. No fue así.
A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, el Servei Territorial de Transport le impuso una condición adicional: que los permisos de circulación de los vehículos estuvieran emitidos en Barcelona, aunque la sociedad explotadora ya estaba domiciliada en la Ciudad Condal. Para adaptarse a esta exigencia, Cristian S. tuvo que asumir un coste adicional de 16.000 euros, un gasto completamente innecesario, ya que ya cumplía las condiciones adicionales.
Silencio administrativo
Desde entonces, y a pesar de haber presentado toda la documentación requerida y en el plazo establecido, la Generalitat ha guardado silencio absoluto.
El Servei Territorial de Transport de Barcelona ignora todas las solicitudes de información adicional presentadas y no ha dado ninguna respuesta ni explicación sobre el estado de las licencias. Mientras, él está en un impasse en el que pierde la salud y el dinero.
80.000 euros al mes
Cristian lleva ya ocho meses pagando casi 80.000 euros mensuales por el alquiler de los vehículos, sin poder ponerlos en funcionamiento debido a la falta de respuesta de la administración
Además, vive en una caravana en Cataluña, lejos de su esposa e hijos, que residen en Suiza, mientras intenta resolver esta situación. "He invertido todos mis ahorros y toda mi energía en este proyecto, y la falta de respuestas y el bloqueo administrativo me están destrozando económica y emocionalmente", confiesa.
Se desmarca de 'la guerra del taxi'
Cristian no es un gran empresario, sino un self-made man que nació en Rumanía, creció en Suiza y se convirtió poco a poco en un pequeño empresario, que decidió apostar todo lo que tenía a las VTC en Cataluña.
No entiende la fijación de la administración con él, ya que tampoco juega ningún papel en la llamada guerra del taxi. Él quiere destinar su flota a viajes largos, hacia Francia o la Costa Brava, sin alinearse ni con Uber ni con Cabify.
Si algún día logra salir victorioso de esta lucha contra la burocracia catalana, ha prometido hacer el Camino de Santiago a pie desde Valladolid hasta Galicia.
Al cierre de esta edición, el Servei Territorial de Transport de Barcelona no ha respondido a las peticiones de este medio.
