Mafias, okupación y marihuana: otra tormenta en el mercado inmobiliario catalán
El allanamiento para cultivar marihuana es sólo una de las muchas caras de un fenómeno complejo que involucra la falta de vivienda, la pobreza y la delincuencia organizada
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Cataluña tiene un problema con la okupación y el acceso a la vivienda. No es ningún secreto. Sin embargo, a la ecuación compuesta por la falta de pisos disponibles, los alquileres desorbitados y la creciente okupación ilegal, se le añade una nueva variable: la okupación para cultivar marihuana.
Este fenómeno delincuencial no es nuevo; y está asociado a las redes del narco, que aprovechan la falta de control para instalar sus plantaciones indoor en inmuebles vacíos. Previamente okupados.
Pablo Feu, abogado especializado en derecho administrativo, alertó sobre esta creciente tendencia durante una reciente conferencia en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Y explicó que se trata de una práctica cada vez más habitual en zonas marginales y especialmente vulnerables.
Okupar para cultivar
Según el abogado, este tipo de allanamientos han aumentado significativamente en los últimos años. Lo demuestran algunos operativos policiales de gran envergadura, que han permitido constatar cómo varias organizaciones se han sumado a la ola de la okupación.
Uno de los ejemplos más notorios ocurrió en 2021, cuando los Mossos d'Esquadra desarticularon una organización de tráfico de marihuana en Barcelona, que utilizaba inmuebles okupados para cultivar la droga de forma masiva.
Al comprobar que se trata de una tendencia al alza, las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para desmantelar estas redes criminales. Pero las mafias han aprendido a adaptarse.
Más recientemente, en junio de 2024, agentes de la Policía Nacional detectaron cómo los miembros de una organización criminal albanesa dejaron de utilizar locales okupados para comenzar a operar en espacios de alquiler con el fin de esquivar la acción policial.
Una decisión que llegó después de haber sido desalojados, previamente, de los municipios de Castellbisbal y Molins de Rei.
Marihuana, okupación y más violencia
Uno de los aspectos más alarmantes de este escenario es que las plantaciones de marihuana en inmuebles okupados no sólo tensan (más si cabe) el problema de la vivienda y la okupación en Cataluña; sino que también han provocado más episodios de violencia e inseguridad en las zonas afectadas.
En algunos casos, la situación se ha descontrolado por completo, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos. Pasó en mayo de 2020, en un bloque de pisos okupados en Montcada i Reixac (Barcelona), donde las disputas por el control de la droga se saldaron con un tiroteo a plena luz del día.
Tras los hechos, en los que salió herido un hombre, los Mossos tuvieron que activar un dispositivo de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos y localizar a los responsables del tiroteo. Fue entonces cuando salió a la luz que los autores de los disparos utilizaban los pisos okupados para cultivar.
Convivir con una plantación
La violencia y la inseguridad asociadas a este fenómeno no son los únicos problemas que enfrentan los ciudadanos de Cataluña. En algunos casos, las viviendas okupadas se han convertido en auténticos laboratorios clandestinos.
Los okupas, en muchos casos organizados por mafias, no sólo roban electricidad, sino que también alteran la infraestructura de las viviendas para construir zulos subterráneos a los que sólo se puede acceder mediante túneles internos, lo que dificulta enormemente el trabajo de las fuerzas de seguridad.
El impacto de estas okupaciones ilegales no sólo afecta a los propietarios de los inmuebles, sino que también genera un gran malestar en los vecinos de las zonas afectadas.
Las fuentes consultadas aseguran que esta tipología de okupaciones delictivas se registra, con mayor frecuencia, en casas aisladas y en zonas más vulnerables o tradicionalmente marginadas, como los barrios de Sant Roc (Badalona), Sant Cosme (El Prat de Llobregat) o La Mina (Sant Adrià de Besòs).
Los residentes de estas zonas han denunciado que vivir cerca de una plantación de marihuana es cada vez más habitual, y muchos se quejan del fuerte olor de dicha droga que se infiltra en sus hogares, dificultando su vida cotidiana.
En el 'top' de las okupaciones ilegales
Según datos del Ministerio del Interior, cada año se registran en España alrededor de 15.000 denuncias por okupación, lo que equivale a unas 41 al día. Cataluña representa el 42% de estos casos, siendo la comunidad autónoma con mayor número de ocupaciones ilegales.
Además, los Juzgados de Primera Instancia de Cataluña registran una gran cantidad de procedimientos judiciales relacionados con okupaciones. Entre los primeros tres trimestres de 2024, los tribunales catalanes recibieron el 21,2% de los casos a nivel nacional, lo que refleja la magnitud del problema en la región.
La creciente presión sobre el mercado de la vivienda y el impacto social de la okupación están llevando a las autoridades a acelerar las medidas para frenar este fenómeno. En este sentido, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha presentado una propuesta legislativa que pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).
Según la propuesta, los jueces de guardia podrían ordenar la expulsión de los okupas en un plazo máximo de 48 horas, siempre que se trate de una "okupación delincuencial".
Si esta medida se aprueba, los afectados sólo tendrían que presentar una denuncia en la comisaría, y los cuerpos de seguridad se encargarían de las diligencias para que el juez tome una decisión rápida.
Se requiere una respuesta integral
Sin embargo, la solución a este problema no es sencilla. La okupación para cultivar marihuana es sólo una de las muchas caras de un fenómeno complejo que involucra la falta de vivienda, la pobreza y la delincuencia organizada.
Voces del ICAB insisten: "Si no se toman medidas efectivas a nivel legislativo y policial, el problema podría seguir empeorando".
La situación, pues, exige una respuesta integral que combine la mejora de las políticas de vivienda, la lucha contra el narcotráfico y una reforma legislativa que permita agilizar los desalojos en casos de okupación delincuencial.