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El colectivo de intérpretes de lengua de signos empieza una huelga este lunes para reclamar la internalización del servicio en el Departamento de Educación
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El colectivo de intérpretes de lengua de signos en Cataluña irá a la huelga el próximo 27 de enero con el objetivo de reclamar mejores condiciones laborales y su internalización en el Departamento de Educación.
La Generalitat adjudicó a través de un concurso público el servicio a la Fundación Pere Tarrés por 749.620 euros.
El servicio está compuesto por una treintena de profesionales. Este se encarga de proporcionar la lengua de signos para alumnos sordomudos de centros de educación postobligatoria.
Eva Colldeforn, representante del colectivo, denuncia a Crónica Global que la externalización del servicio no sólo reduce la calidad del servicio. También perjudica a los propios profesionales, quienes no reciben unas condiciones adecuadas.
Precariedad laboral
La intérprete pone como ejemplo las condiciones en las que trabaja: "En mi caso tengo un contrato de 25 horas semanales: de 08:15 a 11:00 horas y de 11:30 a 14:45 horas. No nos cuentan la hora del recreo, pero durante ese tiempo yo continúo trabajando si hay excursiones, exámenes consultas o tutorías".

Imagen de archivo de una clase
Desde el colectivo señalan a este medio que llevan años pidiendo que se les reconozca como personal de Educación.
Los intérpretes reclaman la categoría de PAE (Personal de Atención Educativa) y que deberían formar parte del CREDA (Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos), tal como ocurre con otros profesionales de la educación. “Trabajamos bajo el convenio de ocio y tiempo libre, pero ofrecemos atención dentro de las aulas”, señala Colldeforn.
Promesas incumplidas
La lucha por la internalización se había visto respaldada por la anterior directora general de Educación Inclusiva, Laia Asso, quien en su momento trabajó con Función Pública para dar los pasos necesarios para integrar este servicio en el propio Departamento.
Se comprometieron a realizar una prórroga de la licitación hasta diciembre de 2024 para llevar a cabo el traspaso definitivo al Departamento a partir de enero de 2025. Sin embargo, tras el cambio de gobierno en Cataluña, este proceso ha quedado paralizado, sin que se haya convocado ninguna reunión con los representantes del colectivo ni se haya respondido a las peticiones.
"Nos dijeron que sería una realidad, pero todo ha quedado en el aire. Sabemos que este curso acabará igual que el anterior y que el próximo será igual de precario", lamenta Colldeforn.
"Escollos legales"
Con la internalización del servicio buscan la mejora de las condiciones laborales. "Queremos un contrato acorde con el resto de profesionales del ámbito educativo. Esto nos permitiría disponer de más tiempo para la preparación de clases y, por tanto, mejorar la calidad del servicio que prestamos a los estudiantes", afirma la representante del colectivo.
Sin embargo, el proceso es complicado, como señalan a este medio desde Educación. "Hemos hecho un estudio interno del tema y hay una serie de escollos legales que hacen muy complicada esta internalización. Seguiremos trabajando para intentar mejorar sus condiciones laborales", aseguran desde el Departamento.

Un grupo de adolescentes a la entrada de un instituto público EUROPA PRESS
Hay más de 35.500 personas sordas en todo Cataluña. Del total, se estima que unas 25.000 personas son usuarias de la lengua de signos. Según datos del CREDA, hay más de 300 alumnos con sordera en Barcelona. De estos, una cuarentena en educación postobligatoria.
“No son tantas las personas que necesitan la lengua de signos en el ámbito educativo, pero desde el Govern siempre se nos ha dicho que supone un gasto económico. Hay miles de docentes en Cataluña, no puede ser tan caro incorporar 30 personas más, además del dinero que se lleva la empresa adjudicataria”, lamenta Eva.