La gestión de la distribución alimentaria durante la reciente DANA en Valencia ha provocado un fuego cruzado entre el Gobierno, la Generalitat valenciana y las empresas del sector.
Lo que comenzó como un cuestionamiento del Ministerio de Trabajo hacia las compañías que solicitaron salvoconductos para mantener el abastecimiento durante la alerta roja ha derivado en un reconocimiento implícito de la importancia estratégica del sector.
Trabajo suaviza su crítica
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció el pasado viernes la apertura de más de 100 expedientes a empresas que, según el Ministerio, no habrían garantizado la seguridad de sus trabajadores durante las condiciones extremas generadas por la DANA.
Estas acciones iniciales incluyeron críticas veladas a los salvoconductos expedidos por la Generalitat Valenciana en virtud de la Orden 11/2024, que permitieron a empresas como Mercadona, Consum, Lidl y el Banco de Alimentos continuar operando bajo estrictos protocolos de seguridad.
Voluntarios ayudando a damnificados de la DANA de Valencia en el Palacio de Cibeles de Madrid
Este lunes, la ministra Yolanda Díaz aumentó la cifra a 106 expedientes, aunque rebajó el tono de crítica hacia el sector privado: “El global de las empresas están cumpliendo y ese es un mensaje muy positivo”, expresó.
La distribución se defiende
Desde el sector empresarial, la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova) defendió la solicitud de estas autorizaciones, al subrayar que “se necesita abastecer” y existe un decreto que les habilita para ello. “Lo hemos usado con responsabilidad, primando siempre la seguridad de los trabajadores”, manifestó la semana pasada Asucova.
La patronal denunció además que su actuación estaba siendo utilizada como arma en un enfrentamiento político del que se mantienen al margen.
El papel de la distribución
Asucova insistió en que el sector de la distribución alimentaria debe ser reconocido como esencial, especialmente en situaciones de emergencia. Según la asociación, las autorizaciones no sólo garantizan el abastecimiento a los ciudadanos en momentos críticos, sino que también protegen a los trabajadores mediante protocolos claros y previamente establecidos.
"Durante la DANA actuamos con la máxima responsabilidad, siempre priorizando la seguridad. Es necesario que se establezcan protocolos claros para que estas situaciones no generen confusión", argumentaron desde la patronal.
La implicación de grandes cadenas y entidades colaboradoras como el Banco de Alimentos destacó la coordinación entre el sector privado y la administración para evitar desabastecimientos en las áreas más afectadas.
El giro del Gobierno tras las críticas
En los días posteriores, y tras reunirse con representantes de empresas y autoridades locales, el Ministerio de Trabajo reconoció la necesidad de abordar de manera más coordinada estas situaciones. Aunque las inspecciones continúan en marcha, desde el Gobierno se ha comenzado a matizar el discurso inicial.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió la expedición de los salvoconductos como una medida excepcional, pero imprescindible.