Los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat han perdido casi toda su cosecha tras el paso de la DANA por Cataluña. Los daños ocasionados se pueden cuantificar entre los 35.000 y 45.000 euros por hectárea y afectan a toda la añada de invierno, como las alcachofas, la col, la coliflor, los calçots o las cebollas. El agua ha anegado los campos, que permanecen empantanados incluso un día después de las tormentas.
Esta es la crónica de una tragedia anunciada: el drama de los payeses del Baix Llobregat oculta una larga historia de desavenencias entre horticultores, ecologistas y Administración.
Desde hace más de tres décadas, trabajadores y empresarios del Llobregat han demandado a la Administración mejoras en las infraestructuras hídricas del Parc Agrari de Gavà y Viladecans, pues cada vez que las lluvias torrenciales acechan, las pérdidas son incalculables. Ahora, el paso de la DANA ha sido el último clavo en su ataúd.
La inversión exigida es de apenas un millón de euros y salpica a diversas administraciones --Ayuntamientos, AMB, Diputació, Generalitat y ACA--, lo que hace "incomprensible la inacción política", en palabras de los afectados. Los payeses reclaman un nuevo tornillo de Arquímedes en la zona, un motor hidráulico que ayuda a regular los caudales y a achicar el agua de los cultivos hacia el mar.
Ahora que "el daño ya está hecho", piden a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que se acerque a la zona agraria de Gavà y Viladecans para conocer de cerca los destrozos de la DANA. También le exigen celeridad en la limpieza e inversiones urgentes en infraestructuras hidráulicas.
Pérdidas de millones de euros en el Llobregat
Un día después del paso de la DANA, el agua aún permanece sobre los campos. Si no desaguan en las próximas 24 horas, no se salvará la cosecha. Y las depuradoras no pueden extraer el agua porque necesitan "innumerables permisos", tras las denuncias de los ecologistas en los últimos años.
Cabe recordar que la zona agraria del Llobregat aporta el 25% del producto fresco de Mercabarna: la pérdida sería dramática para la economía catalana. "Mientras se llenan la boca con el producto de kilómetro 0, nos llevan a la ruina", aseguran los afectados a Crónica Global.
¿Y a quién culpan los agricultores? En primer lugar, a las sucesivas administraciones que han ocupado el Palau de la Generalitat sin ejecutar las inversiones necesarias. Especialmente el último Govern de ERC y su gestión de la ACA, "poblada de ecologistas" sin "idea de cómo es el territorio".
Las rieras, epicentro de la guerra política y ecológica
Según indican, los colectivos medioambientales también han obligado a no limpiar las rieras, impidiendo la salida del agua. "Con la excusa de abandonar a su suerte flora y fauna, no se pueden arreglar las acequias, entonces el agua no circula y nos empantana los cultivos", explica uno de los afectados.
En la limpieza de las rieras subyace también una guerra política: nadie quiere hacerse cargo de la inversión. La Generalitat pasa la pelota a los ayuntamientos, y estos "tiran balones fuera y aseguran que a ellos sólo les corresponde limpiar las zonas urbanas", afirman los agricultores. "Y la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) ni está ni se le espera", expresan las mismas fuentes. Así, toda el agua que cae sobre los municipios de Viladecans, Gavà y Castelldefels y sus polígonos colindantes se filtra hacia las tierras agrícolas y las inunda. "La culpa no es de las lluvias, que podríamos incluso asumir sin grandes daños, sino de la profunda dejadez sobre el campo y la falta de inversiones", narran los perjudicados.
Gavà y Viladecans, epicentro del drama económico
Los daños, de momento, se cifran en millones de euros. Sólo en Gavà se pueden haber perdido siete millones de euros en producto, y en Viladecans, 10 millones. A ello hay que sumar penalizaciones contractuales por no suministrar productos en los plazos pactados, daños en caminos y accesos, inversiones en recuperar producciones malogradas o costes laborales, entre otros. En total, los agricultores calculan que las pérdidas podrían superar los 180 millones de euros, aunque es pronto para estimarlo.
Para hacer frente al daño, el Parc Agrari pide a la administración habilitar un ERTE para las empresas afectadas, ayudas directas a las pérdidas, contribuciones a la liquidez con préstamos bonificados y una reducción en la fiscalidad del IRPF.