El Institut Agrícola acusa al Govern de incumplir los mandatos del Parlament sobre la ZEPA del Baix Llobregat

El Institut Agrícola Català de Sant Isidre, asociación patronal que representa al empresariado agrario, agroalimentario y forestal de la región, acusa a la Generalitat de Cataluña de "incumplir" los mandatos del Parlament de "empezar desde cero la estrategia de choque contra el deterioro medioambiental del delta del Llobregat", en Barcelona.

La entidad considera que el Govern incurre "en los mismos errores de los últimos tres años, sin justificación científica ni técnica".

Según explica en un comunicado, la conselleria de Acción Climática ha insistido en su nueva ronda de contactos con una "mentira" como es "conciliar agricultura y medioambiente a través del abandono de más de 2.300 hectáreas de cultivo y usos urbanos sin gestión", como a su juicio ha pasado en los últimos 20 años.

"A menos de un mes de las elecciones, el Govern sigue manteniendo un discurso falaz sobre lo que mandata la carta de emplazamiento de la Comisión Europea, de la cual se han cumplido tres años sin respuesta, abocando al Estado a afrontar otro expediente sancionador más", añade su nota.

Peticiones

Según el Institut Agrícola, tanto en la resolución del 28 de marzo -presentada por Junts- como en la del 5 de octubre de 2023 -por parte del PSC-, el Parlament señaló la "necesidad de descartar la ampliación proyectada en julio de 2022", centrarse en "solucionar los incumplimientos" de dicha carta, no aprobar una nueva delimitación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) "si no se ha constituido una mesa de trabajo sobre el tema" y hay consenso, y "potenciar la actividad agraria del Baix Llobregat como hub agroalimentario catalán", entre otras cuestiones. Como, por ejemplo, "constituir una mesa de trabajo para mejorar las infraestructuras hidráulicas y una tercera mesa de trabajo para revisar la normativa del Parc Agrari".

En este sentido, el Institut Agrícola rechaza el nuevo intento del Govern de "reemprender un camino que no da una respuesta satisfactoria a lo que piden los servicios de medio ambiente de la Comisión Europea, colocando a Cataluña ante el riesgo de un expediente sancionador y una multa millonaria por parte de las autoridades europeas".

Críticas a la Generalitat

"La negativa a un diálogo estructurado revela hasta qué punto el Departament d’Acció Climàtica carece de los mínimos estándares técnicos que justifican su actitud, mientras que en el caso del Govern en su conjunto revela su querencia por ideas nocivas y altamente perjudiciales para la sociedad catalana como el decrecimiento económico, la 'criminalización climática' del agricultor o la inconveniencia de que haya más y mejores servicios urbanos y periurbanos", añade el comunicado.

En opinión del Institut Agrícola, "la historia de los últimos tres años es un cúmulo penoso de desorden, falta de rigor científico-técnico, prejuicios ideológicos e incompetencia política que no ha hecho más que contribuir a seguir deteriorando un entorno natural clave del área metropolitana de Barcelona. El Govern, lejos de rectificar buscando el consenso y la verdad científica, continúa empecinado en un doble error: por un lado, que multiplicar por 2,5 veces la actual superficie protegida es más que suficiente para recuperar las poblaciones de aves y los humedales del delta; y, por otro lado, que se puede mantener una cierta actividad agroalimentaria subvencionada con severas restricciones. Ni lo uno ni lo otro es cierto", agrega.

Por todo ello, la entidad reclama un plan de gestión "coherente, eficaz y correctamente financiado" y "una pequeña ampliación de superficie protegida a dos zonas muy concretas". A su modo de ver, "todo lo demás no está sustentado en la evidencia científica más reciente".