El Juzgado de Instrucción 3 de Reus ha acordado este miércoles la prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los investigados de una empresa, aparentemente legal, que hacía desokupaciones de forma extrajudicial.
El pasado 17 de mayo, el juzgado de Reus ya acordó la prisión provisional para este investigado, entre otros detenidos que pasaron a disposición judicial por numerosos delitos: contra la integridad moral, lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.
Desalojos violentos
En total, se recogieron indicios de participación de hasta 62 hechos delictivos relacionados con desalojos violentos y se acordó la prisión provisional, en esencia, por el riesgo de fuga.
El pasado 28 de junio, la Audiencia de Tarragona dictó un auto, fruto de un recurso de apelación presentado contra la prisión acordada por el juzgado de Reus, y decretó la libertad con medidas cautelares de comparecencias en el juzgado.
Antiokupa Tarraco
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de Reus acordó hoy la prisión provisional comunicada y sin fianza tras recibir el atestado en el que se recogen diversas denuncias por su participación en nuevos hechos delictivos desde que salió en libertad.
Estos hechos guardan relación con la información publicada este miércoles por Crónica Global, en la que se explica que la empresa, Antiokupa Tarraco, se encuentra en proceso de refundación mientras se investiga a su líder por coacciones y amenazas.
Modus operandi
Entre sus métodos para desalojar figuraban, según recogió en su día el auto del juez instructor, pinchar ruedas y quemar vehículos, romper costillas y tímpanos, robar perros, arrancar a niños de los brazos de sus madres y abusar psicológicamente de sus víctimas mediante coacciones verbales y físicas.
Según el mismo escrito, el modus operandi de Antiokupa Tarraco era el siguiente: en primera instancia, se les ofrecía a los okupas condonar su deuda a cambio de abandonar el inmueble o les pedían entregar una cantidad de dinero en efectivo para poder continuar en la vivienda. Todo ello, empleando un tono intimidatorio marcado por la coacción y la amenaza. Si esto no funcionaba, la empresa aumentaba la intensidad de sus amenazas.