Antiokupa Tarraco

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Vida

Libertad con cargos para los matones de Antiokupa Tarraco, una empresa ilegal de desalojos

La Audiencia de Tarragona no aprecia ni riesgo de fuga, ni peligro de reiteración delictiva y revoca el auto de ingreso en prisión de los dos presuntos líderes de la empresa de desalojos ilegales

16 julio, 2024 10:59

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La Audiencia de Tarragona ha revocado el auto de ingreso en prisión preventiva de los dos presuntos líderes de la empresa Antiokupa Tarraco, dedicada a ejecutar desalojos ilegales.

Ambos, junto con otras 14 personas, fueron detenidos a mediados de mayo en el marco de un macrooperativo de los Mossos d'Esquadra, por hacer desocupaciones extrajudiciales por todo el territorio catalán mediante prácticas coactivas y violentas. Sin embargo, únicamente dos ingresaron prisión: Andrei-Gabriel Samoca, el administrador único de esta empresa, y J.M.S., su mano derecha. 

No se aprecia riesgo de fuga 

Según el auto de la sección 4 de la Audiencia Provincial, a pesar de que el juez de guardia de Reus decretó su ingreso en prisión al apreciar riesgo de fuga y reiteración delictiva; los magistrados de la instancia superior, aunque consideran que los presuntos hechos justifican su imputación por delitos de daños, coacciones, amenazas, acoso, allanamiento de morada, robo con fuerza y lesiones, los dos líderes presentan un intenso arraigo en España, pues tiene domicilio fijo conocido e hijos menores de edad.

Por este motivo, el tribunal no valora un riesgo de fuga, por lo que la medida de prisión provisional "no se considera proporcional". Asimismo, tampoco se aprecia un riesgo de reiteración delictiva, pues la organización consta como desarticulada y no consta que tengan ninguna otra condena por hechos de similar naturaleza.

De este modo, la Audiencia de Tarragona acuerda dejar en libertad con la obligatoriedad de comparecer en los juzgados los lunes de cada semana y ordena que entreguen su pasaporte para impedir que abandone el país.

¿Quién se esconde tras Antiokupa Tarraco?

Tal y como informó Crónica GlobalLa compañía tenía por objeto social la "vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones", así como de personas y dinero o "valores", pero, en realidad, sus actividades estaban enfocadas al desalojo de viviendas okupadas mediante prácticas coactivas y violentas, y sin la orden de un juez. "Los miembros de Antiokupa Tarraco operan bajo la falsa apariencia conforme a la ley, pero realmente se dedican a cometer numerosas actividades delictivas", detallaba el auto de ingreso en prisión. 

Asimismo, en su página web se describen como "especialistas en desokupar y recuperar inmuebles de okupas e inquilinos morosos, mediante la mediación con departamento jurídico propio". En reiteradas ocasiones, además, aseguran trabajar "dentro de la legalidad", extremo que ahora la justicia ha decidido investigar. Y es que su puesta en libertad no significa, en ninguno de los casos, el archivo o sobreseimiento del caso. 

Andrei, el cabecilla

El principal investigado, Andrei-Gabriel Samoca, es también el administrador único de esta empresa constituida en noviembre de 2020 en Mont-roig del Camp (Tarragona), según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). El hombre, que mantiene un perfil discreto en Internet, se describe con la frase "combat teroarea prin teroare" (en rumano, "yo lucho contra el terror con terror") en su biografía de Instagram.

Samoca es el principal actor de la trama criminal. Según consta en el auto del juez instructor, con él contactaban los clientes y también era él el encargado de amenazar y coaccionar a las víctimas. Como líder de la organización, "se ha constatado su dirección a la hora de escoger los objetivos, las estrategias criminales o los miembros del grupo que tendrán que realizar las acciones".

Con todo, a mediados de mayo un macrooperativo de Mossos se saldó con la detención de 16 personas y con otras 11, investigadas. Todas ellas vinculadas a la empresa Antiokupa Tarraco. A cinco de ellos les constan diversos antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o delitos contra la salud pública.