El Govern ignora la 'ley mordaza': el 81% de los expedientes prescriben en Cataluña
Desde septiembre de 2023 a mayo de 2024, más del 81% de las actas incoadas por los Mossos en relación con la ley de seguridad ciudadana han prescrito sin que se lleguen a tramitar las sanciones correspondientes
12 agosto, 2024 13:00Noticias relacionadas
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Los sindicatos SAP-Fepol y SME-Fepol lamentan que más del 81% de los expedientes incoados por los Mossos d’Esquadra en relación con las sanciones administrativas relacionadas con la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana (la conocida ley mordaza) están quedando en el cajón.
Pere García, secretario general de SAP-Fepol, lamenta que el sistema de gestión impuesto por el anterior conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha permitido que, desde finales de septiembre de 2023, el grueso de dichas actas prescriban o caduquen sin que se lleguen a tramitar las sanciones correspondientes.
De este modo, ejemplifica García, si un agente identifica a una persona consumiendo estupefacientes en la vía pública, exhibiendo un arma blanca o se produce una falta de respeto a un agente, en el 81,83% de los casos, los expedientes que se levantan en relación con estas conductas prescriben sin que se apliquen las sanciones administrativas marcadas por la ley.
Ocho de cada diez sanciones quedan en nada
El secretario general de SAP-Fepol lamenta que el cambio en el modelo de gestión de los expedientes administrativos relacionados con la ley 5/2014 ha acarreado que "la mayor parte de las actas estén quedando en nada". Por ello, García se pregunta "¿qué mensaje estamos dando a la sociedad y, en especial, a los infractores, si las sanciones y medidas correctivas (multas en la mayoría de los casos) no se están tramitando?".
Para el secretario general, de nada sirve el trabajo de los policías, ni los operativos especiales que se están activando, por ejemplo, el pla Daga para prevenir la presencia de armas blancas en entornos, "si ocho de cada diez expedientes administrativos, y, por lo tanto, ocho de cada diez infractores, no reciben la sanción correspondiente".
De este modo, casi el 45.000 de las actuaciones policiales relacionadas con las incautaciones de armas y drogas (44.972 para ser exactos) han quedado sin respuesta y/o infracción.
Se han dejado de recaudar más de cinco millones
Asimismo, esta dejadez de funciones por parte del departamento de Interior ha implicado que se dejen de incautar más de cinco millones y medios de euros en relación con las sanciones que nunca que han llegado a aplicar. "Si multiplicamos la totalidad de los expedientes que han caducado por la cantidad de 300 euros --el importe de las sanciones con reducción de pago-- la Generalitat ha dejado de recaudar 5.641.500 euros", lamentan desde SAP-Fepol.
En el pasado, antes del 29 de septiembre de 2023, las actas se gestionaban directamente desde el Servicio Administrativo de las Regiones Policiales (SARP), desde el cambio anunciado por Joan Ignasi Elena, la gestión pasó a manos de los Servicios Territoriales del Departamento de Interior.
Con el SARP, anuncia García, "no solo se levantaban más actas, sino que el dinero que se dejaba de recaudar por la prescripción de los expedientes era infinitamente inferior". Pasando de un millón y medio a más de cinco.
Los expedientes caen en picado
En números, del 1 de enero al 28 de septiembre de 2023, el SARP tramitó un total de 27.169 expedientes. Con la irrupción de los Servicios Territoriales de Interior, y en el mismo periodo de tiempo (entre septiembre del 2023 y mayo de 2024) las actas cayeron a 11.975.
De este modo, lamenta el secretario general de SAP-Fepol, "con el sistema impuesto por el Departamento del consejero Joan Ignasi Elena se han tramitado menos de la mitad de los expedientes que se incoaban con el modelo anterior, directamente gestionado por la Dirección General de la Policía".
Por lo tanto, el sindicato mayoritario pide al nuevo Ejecutivo de Salvador Illa que "valore, seriamente, derogar el ineficiente sistema impuesto por la última consejería de Interior y volver al modelo anterior, mucho más eficiente y garantista". Un sistema, insiste Pere García, con el que "solo prescribían el 22,61% de las actas".