Se fuga antes de sentarse ante el juez acusado de violar y prostituir a menores tuteladas por la Generalitat

El presidente del tribunal de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha emitido una orden de búsqueda y captura para uno de los tres acusados de violar y prostituir a menores de edad tuteladas por la Generalitat de Cataluña después de que no se presentara al juicio, que arrancaba este martes.

El magistrado le ha dado un plazo de 24 horas para que se presente por su propio pie. En caso de que el miércoles no acuda al juzgado, el juicio tendrá que suspenderse, pues todas las partes piden que no se celebre en su ausencia. Si finalmente acude, tendrán que rechazar a algunos de los testigos para que la vista oral no se alargue más de lo previsto. 

Las drogaban y las agredían sexualmente

Los hechos sucedieron en 2022, cuando uno de los tres acusados comenzó a hablar con una de las víctimas, menor de edad y tutelada por la Generalitat, a través de Instagram. El procesado inició una relación sentimental con la menor, de 17 años, y la llevó a su domicilio, que también frecuentaban los otros dos acusados. 

A este piso, sostiene la fiscalía, fueron otras dos menores, también del centro Crae Kairós y tuteladas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA): una de ellas de 16 años y la otra de 14. Allí, los acusados “comenzaron a realizar acciones encaminadas todas ellas a satisfacer sus deseos sexuales aun sabiendo que no mediaba el consentimiento de ninguna de ellas” pues, además de conocer “su situación de vulnerabilidad”, les ofrecieron bebidas con drogas. 

Se enfrentan a 20 años de cárcel

En esta vivienda, añade el Ministerio Público, las menores consumían sustancias que las dejaban en estado de semiinconsciencia, que los acusados aprovechaban para agredirlas sexualmente. En otras ocasiones llegaron a ofrecerles dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

La fiscalía pide entre 14 años y 20 años de prisión para los acusados como presuntos autores de tres delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores; cuatro delitos de agresión sexual con penetración y un delito contra la salud pública en su vertiente de tráfico de drogas, así como multas de entre 296 euros a 25.920 euros, según su grado de implicación.

Además, tendrán que abonar entre 37.000 y 38.000 euros como indemnización a las víctimas por las lesiones psíquicas ocasionadas.