Acusados de endosar multas de tráfico a su asistenta: les piden 10 meses de cárcel

La Fiscalía pide diez meses de prisión para una pareja de empresarios acusada de endosar más de una veintena de multas de tráfico que les imponían a su empleada doméstica, una mujer sin estudios y con pocos conocimientos de español, simulando que era la conductora de sus vehículos.



Según el escrito del ministerio público, los hechos ocurrieron en 2009 y 2010, cuando la denunciante, que trabajaba en casa de los acusados haciendo tareas de limpieza y cuidado de sus hijos, firmó hasta 23 sanciones de tráfico que correspondían a los vehículos de la empresa de sus empleadores.



El escrito relata que la pareja recibía multas de manera frecuente en las que se les solicitaba que identificasen al conductor, por lo que decidieron atribuir dichas infracciones a su empleada doméstica, que no tenía permiso de conducir.

El hombre dice que la víctima estaba de acuerdo

En el juicio, que se ha celebrado este jueves en la sección novena de la Audiencia de Barcelona, el hombre acusado ha reconocido que solicitó a la denunciante que firmase las sanciones, aunque ha mantenido que fue una acción que explicó a la víctima y con la que ella estaba de acuerdo.



En su declaración, ha explicado que tomó esa decisión porque estaba convencido de que “no pasaría nada”, que la Dirección General de Tráfico retrocedería las multas y que, como la víctima no tenía carnet de conducir, no tendría ningún perjuicio para ella.



Además su mujer, la otra acusada, ha señalado que el hombre estaba muy preocupado por que le retirasen puntos del carné.

La denunciante dice que no sabía qué firmaba

En la vista de este jueves también ha comparecido la denunciante, que ha explicado que la pareja la trajo desde Marruecos directamente a su casa en España, en la que vivió con los acusados durante dos años y cuatro meses haciendo tareas de limpieza y cuidado de los hijos.



Durante su intervención, que se ha llevado a cabo con una intérprete, la mujer ha relatado como la acusada en ocasiones le hacía firmar documentos que no sabía qué eran bajo la premisa de que “mejorarían sus derechos”.



En este sentido, ha señalado que no era consciente de lo que firmaba hasta que se encontró en la calle a la cartera que habitualmente entregaba las cartas en casa de los acusados y esta pudo comunicarse con la acompañante de la denunciante que sí que entendía español y le explicó que tenía "un montón de multas” en las que constaba como conductora de vehículos.

Casi 2.000 euros en multas e intereses

La víctima ha relatado que tras conocer esta información procedió a pedir explicaciones a sus empleadores y que en ese momento la acusada se limitó a preguntarle que cómo sabía eso y le recriminó que si escuchaba lo que decía la gente de la calle se tenía que ir de su casa.

Según el ministerio público, en mayo de 2015 el Ayuntamiento de Barcelona reclamó a la denunciante la cantidad de 1.911 euros por las multas y los intereses, importe que la víctima no ha abonado, y cuyo nombre sigue constando como deudora, por lo que tiene las cuentas embargadas.

Fiscalía acusa de estafa a los empleadores

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa continuada en grado de tentativa, y aunque pide aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, solicita una pena de prisión de diez meses y dieciséis días para cada uno de los acusados y una multa de 680 euros.



El fiscal ha considerado probado que se actuó con ánimo de lucro porque “no existe la estafa imprudente” y que la pareja abusó de la confianza de su empleada para sacar un beneficio, en este caso, desvincularse de las sanciones de tráfico.

La acusación particular pide cuatro años

Por su parte, la acusación particular ha considerado que se trata de un delito consumado y pide hasta cuatro años de prisión y multas de 3.000 euros para la pareja, además del pago de las costas procesales y de la responsabilidad civil subsidiaria al ayuntamiento por los impagos de las multas.



La defensa de la pareja ha insistido en la nulidad del procedimiento y en la absolución de sus clientes, alegando que los delitos están prescritos, y ha reiterado que no existía una relación de confianza entre empleada y empleadores.



Asimismo, ha señalado que aunque el acusado tuvo una “conducta reprochable” y que hizo “uso de la picaresca”, en ningún momento buscaba perjudicar a la denunciante ni abusar de su confianza, “simplemente quería que caducase la sanción”.