Brian Raimundo C. M., acusado de violar salvajemente a una menor en Igualada (Barcelona) durante la madrugada del 1 de noviembre de 2021, se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona a partir del 17 de junio. El juicio se celebrará entre esa fecha y el 21 de junio, según ha confirmado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La brutal violación ocurrió la noche de Halloween de 2021, cuando la menor, que ingresó en la UCI en estado crítico a raíz de la agresión, se dirigía sola y a pie hacia la estación de tren para regresar a su casa, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras salir de fiesta con unas amigas en la discoteca Èpic de Igualada.
"Absoluto desprecio a su condición de mujer"
Según la investigación de los Mossos d'Esquadra, el procesado persiguió a la joven por las calles de Igualada y la atacó "de forma sorpresiva", en una zona "solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras", para agredirla sexualmente.
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Durante veinte minutos, según la fiscalía, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza, y la penetró "de manera brutal", demostrando así su "absoluto desprecio a su condición de mujer". Tras la salvaje violación, el procesado propinó a la víctima un "fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente", la dejó abandonada y huyó del lugar.
Registro de los Mossos de Esquadra en el domicilio del presunto violador de Igualada / LENA PRIETO
A consecuencia de la agresión, la menor sufrió un traumatismo craneoencefálico, además de otras lesiones por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar ingresada durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y casi un año hospitalizada. Según el ministerio público, la joven arrastra varias secuelas, entre ellas un cuadro de "estrés postraumático grave y desestabilización personal", puesto que las lesiones causadas, en la mayoría de casos "mortales de necesidad", pusieron su vida en peligro.
La víctima sufre secuelas irreversibles
Por ese motivo, la fiscalía plantea que el procesado pague casi 160.000 euros en indemnizaciones a la víctima por las secuelas físicas y psíquicas provocadas y otros 100.000 por los daños morales que le causó la violación.
Dada la "extrema gravedad" de la agresión cometida, la acusación pública solicita que se acuerde la ejecución de la condena íntegra -solicita 45 años- y que, en todo caso, cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional se le sustituya la pena que le quede por su expulsión de España.
También propone que, una vez salga de prisión, se inhabilite al procesado para ejercer cualquier oficio en el que pueda tener trato con menores y que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima por un período de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.