Cuatro mossos se enfrentan a 15 años de prisión por una detención violenta: el fiscal aprecia abuso policial

Cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra se enfrentan a una pena de entre 7 y 15 años de prisión por los presuntos delitos de lesiones y detención ilegal, tras detener de forma violenta a un joven chileno que se saltó el confinamiento en Barcelona. Mientras que el fiscal ha calificado el arresto como un abuso policial, los acusados han defendido su actuación y han coincidido en valorar que fue "de manual".

El juicio empezó el lunes en la sección 7 de la Audiencia de Barcelona y ha quedado visto para sentencia este jueves. Durante los interrogatorios de los acusados, todos han defendido que la detención estuvo justificada porque el joven estaba agresivo y han insistido en que procedieron de manera reglamentaria.

Han justificado la detención

En cambio, las acusaciones piden penas de hasta 15 años de prisión por un supuesto delito contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones por golpes durante el arresto y falsedad documental en el atestado que los policías redactaron tras detener al joven. Un atestado en el que señalaban un presunto caso de atentado a la autoridad por parte del ahora denunciante. Un procedimiento que se archivó tras ver el vídeo de la controvertida detención. 

Los acusados han rechazado responder preguntas sobre este vídeo, que califican de manipulado. Todos los acusados han coincidido en que era necesario detener al joven porque supuestamente estaba agresivo y consideraban que podía alentar a otras personas que, pasado el toque de queda de las 22 horas, estaban en la plaza del Pes de la Palla, en el barrio del Raval de Barcelona, la noche del 13 de noviembre de 2020.

Reducción "bien ejecutada"

Los cuatro acusados han dado explicaciones sobre las técnicas policiales y llaves de artes marciales que supuestamente usaron para tirar al joven al suelo, esposarlo, meterlo en un coche policial y llevarlo a comisaría, lo que según el cabo "fue una reducción muy bien ejecutada".

El cabo ha defendido que si lo inmovilizaron entre cuatro policías fue para esposarlo sin hacerle daño: "Si lo tengo que hacer yo solo, eso se convierte en una pelea, es de lógica pura", y también ha negado que lo golpeara. "No pueden pedirnos este nivel de exquisitez. Obviamente lo hicimos con el menor perjuicio para él", ha reprochado el policía ante el escrutinio a su intervención.

Los agentes se sienten desamparados

Otro mosso ha declarado ha contado que ese mismo día se estrenó como formador de orden público: "Mi objetivo no es provocarle dolor, mi objetivo es contener a esa persona en una zona alta para provocar el mínimo dolor posible", ha asegurado al explicar que inmovilizó al joven presionándole las piernas con la porra, negando que le apretara los tobillos para hacerle más daño.

El tercer policía que ha declarado este jueves, que ayudó al cabo a reducir al joven inmovilizándole las piernas, ha coincidido con su superior al afirmar que vio "una reducción tal como dice el protocolo".

Los cuatro han utilizado el último turno de palabra para insistir en que su actuación fue correcta, uno ha afirmado que se sienten "desamparados" cuando se publican vídeos de actuaciones policiales y a dos se les ha roto la voz al mencionar la posibilidad de perder su trabajo como policías si son condenados.

Las acusaciones piden entre 7 y 15 años

La versión de los acusados dista de la que mantienen las acusaciones, que remarcan que el joven perdió tres dientes a causa de los golpes durante la detención.

En el trámite de conclusiones finales, el fiscal ha rebajado un año la petición de condena que hace para los cuatro, pasando de los ocho años y medio de prisión a siete años y medio porque ha rebajado un año la pena que exige por el delito de lesiones.

El fiscal ha pedido al tribunal que estipule una indemnización de 2.200 euros al joven por las lesiones y que los cuatro policías también paguen entre todos los costes de la reconstrucción de los dientes que se le rompieron al chico. Por su parte, la acusación particular y la popular que ejerce Irídia exigen una pena de 15 años para cada policía, mientras que las defensas han insistido en la absolución.