Más de un centenar de agricultores se han concentrado hoy ante la sede de la comunidad de regantes del Canal d'Urgell, en Mollerusa (Lleida), para presentar sus reclamaciones patrimoniales y exigir así el cobro de las ayudas por las restricciones de agua sufridas el año pasado. Los regantes, movilizados por la plataforma Manifiesto del Gran Urgell, han acudido en masa, algunos con sus tractores, ante la Casa Canal, las oficinas de la comunidad, para reclamar el cobro inmediato de estas ayudas que fueron pactadas con la Generalitat y que lamentan no haber recibido todavía.
El portavoz de la plataforma, Jaume Perera, ha informado durante la concentración que este acto ha venido motivado porque la sede de la comunidad se había negado a aceptar sus reclamaciones. Sin embargo, fuentes de la Casa Canal aseguran que esto no es cierto pues, hasta este lunes por la mañana, la comunidad asegura que se habían registrado todas las reclamaciones presentadas telemáticamente y que solo se había rechazado una "por un defecto de forma".
Hasta 11.500 euros por hectárea
Perera lamenta que, después de casi un año desde que se cerraron las compuertas del canal, ninguno de los regantes afectados por las restricciones, la mayoría del sector del cereal, han cobrado todavía las indemnizaciones que se habían prometido. "Hemos tenido incluso que ver cómo los que sí lograron regar ya han cobrado sus ayudas", ha añadido el portavoz de la plataforma.
El presidente de la comunidad, Amadeo Ros, ha replicado también este lunes que "estas reclamaciones deberían formularlas ante la Generalitat", que es, según Ros, la que anunció las ayudas. "En todos los plenos de la junta de aguas -asegura Ros- se aprobaron los acuerdos por unanimidad", en relación con el reparto de ayudas y al sacrificio de los cultivos de cereal en beneficio del riego de salvación de los árboles frutales.
Las reclamaciones piden hasta 11.500 euros de compensación por hectárea de cultivo hortofrutícola sacrificada la campaña pasada por las restricciones, aunque en su mayoría se concentran en los cultivos de cereal, como el trigo (968 euros por hectárea), cebada (1.126 euros) y forrajes (1.218).
Denuncias ante el juzgado
Hasta ahora, dos de las reclamaciones presentadas ya las han desestimado los servicios jurídicos de la comunidad, por lo que uno de los reclamantes ha trasladado su caso por primera vez al juzgado de lo contencioso y se espera que el otro lo haga pronto.
Esto ocurrió el pasado 12 de marzo, y el agricultor está siendo asesorado por los servicios jurídicos de la plataforma del Manifiesto del Gran Urgell. En este contexto, la agrupación de regantes ha animado al resto de afectado a hacer lo mismo y elevar sus causas al nivel judicial.