Bandera del Unificación Club de Fútbol de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
La historia de Alba, la niña que espera desde hace meses una orden de alejamiento de su agresor sexual por el colapso de la justicia
- La menor fue víctima de tocamientos por parte de su entrenador de fútbol en 2020
- Confesó los hechos después de ver en las noticias que otras compañeras también habían sido víctimas
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Alba (nombre ficticio) solo tenía 10 años cuando D. R. P. S., el que era su entrenador en la Unificación Club de Fútbol (UCF) de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), le hizo tocamientos de carácter sexual por encima de su ropa. Los hechos sucedieron en el año 2020. Alba, junto con otra amiga también menor de edad, fue a pasar la tarde a casa del acusado.
El joven, que actualmente tiene 30 años, se había ganado la confianza de los padres y era habitual que se reuniera con las menores para jugar a la Play o ver una película. "En casa lo considerábamos un hijo más", explica la madre a Crónica Global.
Un secreto entre las menores
Aquella tarde, el acusado abusó de las dos menores. Ambas, avergonzadas y con miedo, pactaron que sería un secreto entre ellas. Nadie podría enterarse. El silencio duró tres años. Hasta que, en abril de 2023, los padres de otra menor, compañera de Alba en la UCF de Santa Perpètua, denunciaron al joven por, presuntamente, haber agredido sexualmente a su hija en diciembre de 2022.
Fue a raíz de la denuncia interpuesta por los padres de esta menor que otras seis familias pudieron descubrir que sus hijas también habían sido víctimas del entrenador de fútbol. La adolescente que denunció en abril, tras meses de repentinos y sospechosos cambios de actitud, finalmente, se sinceró con sus padres, confesándoles los hechos.
En la misma confesión verbalizó, entre sollozos, los nombres de otras compañeras que creía que también habían sido agredidas.
Alba se enteró por las noticias
Alba, sin embargo, no estaba en esa lista. Hacía un año y medio que ya no compartía césped con sus compañeras de la UCF de Santa Perpètua y la primera denunciante no creyó que ella, años atrás, también hubiese sido víctima. La familia de Alba se enteró de los hechos por las noticias, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la detención de D. R. P. S. Fue entonces cuando la menor, que ya tenía 13 años, le dijo a su madre que la noticia era cierta porque ella también había sido víctima.
Los Mossos d'Esquadra efectúan una detención, en una imagen de archivo
La denuncia de Alba se unió a la causa, actualmente instruida por el Juzgado de Instrucción 3 de Sabadell, en septiembre de 2023. "La primera vez que escuché los hechos fue cuando mi hija declaró delante de la agente de los Mossos d'Esquadra", asegura la madre. Su caso se sumó al del resto de compañeras y, tras unos meses en manos de una abogada de oficio, en octubre la abogada penalista Marina Folch asumió la defensa de Alba y de otras dos víctimas.
En libertad con medidas cautelares
Después de estudiarse la causa con detalle, Folch pidió una orden de alejamiento del acusado en relación con Alba. Como ella denunció los hechos meses más tarde, no está incluida en las medidas cautelares que la instructora dictó en mayo de 2023, cuando el acusado, después de ser detenido por tercera vez en menos de un año, quedó en libertad provisional, pero con una orden de alejamiento de un kilómetro respecto a las niñas.
Medida que, a propósito, D. R. P. S. quebrantó en verano de 2023 y por lo que fue sancionado a una multa de 3.600 euros.
Alba sigue sin orden de alejamiento
Alba lleva meses esperando que la juez instructora le conceda, al igual que a sus compañeras, una orden de alejamiento para que el acusado no pueda acercarse a ella a una distancia inferior de 1.000 metros. Se trata de una muestra más de la saturación que están viviendo los juzgados de nuestro país, que no pueden asumir el elevado volumen de denuncias que cada día se van amontonando en los despachos judiciales.
Una situación que está generando, según explica la abogada, mucha inestabilidad emocional para las menores, que no quieren salir solas a la calle por miedo a encontrárselo.
La saturación de los juzgados demora las diligencias
Otra muestra del colapso que están viviendo los juzgados se refleja en el hecho de que la instructora todavía no ha podido empezar con las diligencias de investigación. Es decir, ni con el volcado de los teléfonos móviles, ni con las testificales de los padres de las víctimas, tal y como pidió Folch hace meses. La penalista lleva desde octubre luchando para que la causa prospere y dar una respuesta a las familias, cuyas vidas se truncaron hace unos meses con la sobrecogedora confesión de sus hijas.
Folch asegura que las niñas se sienten desprotegidas. “No entienden cómo una persona que ha cometido estos delitos puede estar en libertad… tienen la sensación de que atreverse a dar el paso de denunciar no ha servido de nada”, asevera a preguntas de esta redacción.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Ya hay ocho denuncias
Por su parte, la jueza instructora justifica la negativa de ingresarlo en prisión porque, a su parecer, no existe riesgo de fuga ya que D. R. P. S. “tiene domicilio fijo y conocido, trabajo estable y convive con su familia”. Extremo al que Folch se opone tajantemente al entender que sí que existe ese riesgo “cuando se enfrenta a penas de prisión muy elevadas”.
Paralelamente, la instructora de Sabadell también alega que no existe riesgo de reiteración delictiva porque el acusado no tiene antecedentes penales. Sin embargo, la abogada de estas tres familias hace hincapié en matizar que, “aunque no tenga antecedentes penales, eso no significa que no exista riesgo de reiteración delictiva, más aún cuando ya existen otras víctimas y en la presente causa hay ocho denuncias”.
