Los Mossos d’Esquadra barren los clubs cannábicos que, bajo la apariencia de asociaciones legales, trafican con sustancias estupefacientes. Desde finales de octubre del año pasado la policía catalana ha desmantelado tres de estos locales sólo en Badalona, el último esta misma semana.
El jueves por la tarde, en la sala de briefing, la subjefa de la Unidad de Investigación (UI) de Badalona ultimaba el dispositivo ante la atenta mirada de sus compañeros, de los agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y de los agentes de la Policía Local. Sobre el plano de una manzana del barrio de la Salut, trazaba con minuciosidad las posiciones que debían adoptar cada uno de ellos. “Derribaremos primero una puerta y después la otra”, indicaba con el dedo posado sobre el número 5 de la calle Ramón y Cajal, en cuyo bajo se ubicaba, hasta ese día, la asociación cannábica The Impact of Medical Green.
'Briefing' previo al registro de un club cannábico en Badalona
El tercer club en apenas tres meses
Hasta ese punto se trasladaron los investigadores, en coches no logotipados y con la cara cubierta, flaqueados por dos furgonetas de ARRO. Los acompañaban una secretaria judicial, encargada de levantar acta de las sustancias incautadas, y el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona que, a diferencia de otros jueces, suele supervisar los registros de las investigaciones que tutela.
El ariete golpeó la primera puerta, dejando paso a un pequeño recibidor con un ventanuco a través del cual los socios de este club cannábico debían identificarse. La segunda puerta, que también fue derribada, blindaba la entrada a la sala en la que, en el momento del registro, había 15 personas, todas ellas mayores de edad.
Un agente de ARRO registra a un usuario del club cannábico
La investigación de Mossos d'Esquadra se inició después de que la Guardia Urbana de Badalona detectara un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del local, lo que dio pie a que se realizara una inspección para comprobar si el local contaba con salidas de humo y que, finalmente, motivó que se incoara una sanción administrativa.
Marihuana, hachís y tabaco
Mientras los agentes de la UI tomaban los datos a los usuarios, apostados en los diversos sofás del local, sus compañeros de ARRO controlaban que ninguno de ellos se deshiciese de la sustancia que tenía en su poder. Mientras, los investigadores, guiados por el juez, registraban palmo a palmo el club.
En una estantería, tras el mostrador, localizaron decenas de frascos de cristal con marihuana de distintas variedades en su interior. En una nevera de pequeño tamaño, recuperaron también hachís. En total, los Mossos se incautaron de casi un kilo de hachís, entre chinas y placas; dos kilos de marihuana, en cogollos y porros ya liados, y 2.600 euros en efectivo. Asimismo, también hallaron una gran cantidad de picadura de tabaco.
Los Mossos se incautan de marihuana y hachís en un club cannábico de Badalona
“Sabía que era un fumadero”
El registro lo seguía desde un balcón cercano la propietaria del local, que en declaraciones a Crónica Global aseguró que cuando lo alquiló “hará unos seis años”, ya sabía que en el establecimiento instalarían “un fumadero”. Un detalle que no le importó, pues durante todo este tiempo “pagaron religiosamente y no hubo jaleos”.
En este caso ni los propios socios sabían que los responsables no habían registrado el club como una asociación cannábica, como dicta la ley. De hecho, uno de ellos, que aseguró estar adscrito desde hace un año “para jugar al FIFA y pasar un rato con su colegas mientras se echaban sus petardos”, indicó que incluso le fue asignado un número.
Prohibido fumar o adquirir hachís
El juez instructor de esta investigación confirmó a este medio que los usuarios no tienen responsabilidad penal siempre y cuando consuman el cannabis dentro del club. En caso de sacarlo a la calle se podrían exponer a una sanción administrativa por la Ley Orgánica 4/2015, también conocida como Ley Mordaza.
Los que sí la tienen, tanto administrativa como penal, son los responsables de estos clubs que suministren sustancias estupefacientes a personas no asociadas o cuando no hayan registrado, como en este caso concreto, la asociación. “Se enfrentan a penas de entre 1 y 3 años de cárcel, dependiendo de la cantidad de droga incautada, por un delito contra la salud pública, por la venta de sustancias que no causan grave daño a la salud”.
En este caso, señalaba el juez, además de una elevada cantidad de marihuana con un porcentaje superior al 3% en THC, los responsables también ofrecían hachís, que adquirían fuera, porque su fabricación es muy laboriosa. Un hecho que podría ser constitutivo de un delito de narcotráfico.
No puede haber lucro
Cabe destacar que en estos lugares sólo se permite consumir marihuana, de forma privada, a aquellas personas que son socias del club, mayores de edad, y que tienen que identificarse cada vez que pretendan acceder al mismo. Asimismo, queda terminantemente prohibido que la marihuana, la única sustancia que se puede consumir, salga del establecimiento. Sin embargo, aportando el DNI y pagando muchas de ellas permiten a personas ajenas comprar el cannabis.
Esto vulnera la ley, pues este tipo de asociaciones deben ser sin ánimo de lucro, es decir, “la marihuana debe ser aportada por los propios socios, o como mucho que, mediante sus aportaciones, uno de ellos se encargue de cultivarla”, señala Mario-Josep Cuevas, agente inmobiliario especializado en permisos, ventas y traspasos de licencias de asociaciones cannábicas.
Los Mossos d'Esquadra cuentan dinero en el club cannábico de Badalona
Las triquiñuelas para abrir nuevas asociaciones
De hecho, precisa Cuevas, aunque las asociaciones pueden tener trabajadores, “los dependientes de estos locales no suelen estar dados de alta en la Seguridad Social porque lo que alegan es que son socios que aportan de forma altruista este trabajo”. Sobre el papel, estas personas no podrían cobrar un sueldo. De hacerlo, aunque sea en negro, es un indicador de narcotráfico.
Sin embargo, la realidad es que los responsables de estos locales se aprovechan de los vacíos legales para contratar de forma irregular a empleados que despachan a los usuarios durante jornadas laborales de ocho o más horas.
Así, sorteando la ley, estas asociaciones han medrado en los últimos años y mueven elevadas cantidades de dinero. Aun así, “el mercado no está colapsado”, expresa Cuevas, pues “cada día, para bien o para mal, el consumo está más extendido”. Asimismo, apunta que, aunque hace ya años que el Ayuntamiento de Barcelona no otorga nuevas licencias para asociaciones cannábicas, se siguen abriendo como clubs sociales privados. “Lo registran como Amigos de la moto Harley-Davidson o Amigos del Bridge, pero en realidad funcionan como clubs cannábicos. Todo esto se solucionaría con una regulación”, añade.
La doctrina del consumo compartido
La regulación, de hecho, ya existe. Estos clubs se amparan en la doctrina del consumo compartido, una norma desarrollada por el Tribunal Supremo para delimitar el alcance del delito de tráfico de drogas, al considerar que podría ser desproporcionado condenar acciones insignificantes.
Así nació esta norma, que exime de responsabilidad penal a los consumidores, pero en circunstancias muy concretas. Ampara a las personas adictas o que consuman de forma habitual, que hayan adquirido o cultivado la droga con un fondo común y con el objetivo de consumirla juntas. Además esta acción tiene que hacerse en un lugar cerrado, de forma ajena a terceros y en presencia de quien proporciona la sustancia. La cantidad tiene que ser irrelevante, de forma que pueda agotarse en una sola vez.
Desarticulación Club cannábico mossos en Badalona
Sin embargo, expresan fuentes policiales, muchas de las asociaciones se alejan de esta doctrina con acciones típicas del artículo 368 del Código Penal, que castiga por delitos de tráfico de drogas a aquellos que promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de sustancias tóxicas. Así, muchos de estos establecimientos tienen cantidades de marihuana muy superiores a un consumo en una sola tanda por parte de sus socios, permiten a terceros acceder para consumir o venden droga que acaba saliendo fuera del local.
Hecha la ley, hecha la trampa
Estas entidades, en teoría sin ánimo de lucro, se inscriben en el registro de asociaciones alegando en sus estatutos de constitución que se dedicarán a fomentar el estudio y el conocimiento del THC como un compuesto psicoactivo terapéutico y que lucharán por su legalización.
Con esta cobertura legal las asociaciones con centenares de socios, que ni siquiera se conocen entre sí, podrían dedicarse a promover su conocimiento, elaborar informes, hacer estudios, plantear propuestas o expresar su opinión sobre la materia, así como organizar tertulias y seminarios. Ahora bien, añaden voces policiales, usar la infraestructura para montar un sistema de cultivo superior a lo que engloba la doctrina del consumo compartido, adquirir marihuana o derivados como el hachís a terceros, y permitir que cualquiera pueda afiliarse pagando o enseñando su DNI en la puerta es, sin ninguna duda, constitutivo de un delito.