Un juzgado de Lleida investiga si los agricultores que lanzaron conejos vivos contra la sede de Agricultura en Lleida, el pasado mes de marzo, cometieron un delito de maltrato animal.
Sucedió los pasados días 17 de febrero y 3 de marzo cuando, una marcha lenta de agricultores protestando por "la plaga" de conejos que afecta a los campos de cultivo, dejó imágenes de algunos payeses paseando cadáveres de conejos en sus tractores. Otros, se dedicaron a estrellarlos contra los cristales de la consejería, dejándoles agonizando hasta su muerte.
Denuncian los hechos
Entidades animalistas criticaron duramente la acción de los payeses, organizada por la plataforma "Pagesos o conills" (agricultores o conejos) con el apoyo de Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya.
Varias entidades, entre ellas, FAADA e INTERcids, operadores jurídicos por los animales mostraron su repulsa por los hechos y advirtieron de que emprenderían acciones legales.
El juez abre diligencias
El próximo 20 de marzo están llamados a declarar ante el juzgado de instrucción número 4 de Lleida por un presunto delito de maltrato animal.
El presidente de Asaja en Lleida, Pere Roqué y el responsable de fauna cinegética de Unió de Pagesos, Ramon Comes niegan haber causado la muerte o cualquier tipo de daño a los animales. Por otra parte, aclaran, no han recibido el requerimiento del juez.
Un drama que se volvió viral
Según Pacma, "varios animales murieron entonces, y otros resultaron gravemente heridos tras ser golpeados y pisoteados en un acto que fue televisado y visto por miles de personas".
Los acusados, en cambio, aseguran que nunca hirieron ni mataron conjeos y sostienen que se les está incriminando por imágenes que podrían estar manipuladas.
Intereses ocultos
Asimismo, los payeses han dicho que los ecologistas dicen que son animales domésticos, pero en realidad son salvajes y destrozan las cosechas.
A su parecer, hay intereses ocultos tras estas denuncias y remarcan que "Pacma vive de subvenciones e impuestos que pagamos los ciudadanos", ha avanzado Segre.