Shakira ha depositado 6,6 millones de euros en el juzgado por la segunda causa en su contra como presunta autora de un delito de fraude fiscal. La fiscalía presentó una denuncia contra la cantante que dio pie a un segundo proceso judicial en un juzgado de Esplugues de Llobregat por presuntamente haber eludido el pago de 6,1 millones de euros en impuestos durante el ejercicio de 2018 utilizando un entramado empresarial radicado en paraísos fiscales.
La artista ha depositado esta cifra millonaria la misma semana en la que ha pactado in extremis con la fiscalía para evitar la celebración de un mediático juicio en el que se enfrentaba a una pena de más de ocho años de prisión y 23 millones de multa por haber eludido el pago de 14,5 millones de euros a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014.
Con la conformidad de todas las partes, el tribunal la condenó el lunes a una pena de tres años de cárcel (seis meses por cada uno de los delitos), que se conmutarán por dos cuotas de 200 euros por cada día de prisión (432.000 euros), así como al pago de una multa de 7.329.990 euros.
Le reclaman 6,6 millones de euros
En esta segunda causa, la fiscalía de Barcelona acusa a la barranquillera de haber eludido el pago de 6,1 millones de euros durante el ejercicio de 2018, montante que con intereses asciende hasta los 6,6 millones, la cifra que ahora ha depositado en el juzgado, según ha avanzado El Periódico, como muestra de querer dar carpetazo a sus problemas con el fisco. De hecho, la cantante aceptó la primera de sus condenas bajo el argumento de que quería pasar página, aunque en todo momento defendió su inocencia.
Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que Shakira no solo eludió su responsabilidad con el fisco en 2012, 2013 y 2014, sino que lo hizo también en 2018, cuando se sirvió de un entramado societario con empresas radicadas en países de baja tributación como Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Liechtenstein para no declarar en España.
La fiscalía sostiene que quería "tributar lo menos posible"
Como ya argumentaba la fiscalía en la causa en la que ha llegado a un acuerdo con la cantante esta misma semana, sostiene que en 2018 la cantante residía de forma habitual junto a su entonces pareja, el futbolista Gerard Piqué, y sus dos hijos en común en Esplugues de Llobregat.
Así las cosas, la triple ganadora de los Grammy Latino 2023 estaba obligada a tributar en España tanto el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como el impuesto de patrimonio, independientemente de dónde realizara su trabajo. Sin embargo, la fiscalía considera que, con intención de “tributar lo menos posible”, usó una empresa domiciliada en Luxemburgo y participada por otra radicada en Malta para ingresar los beneficios procedentes de sus derechos musicales sin pasar por caja.
De hecho, la fiscalía sostiene que esta empresa “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales”, pero que no tenía actividad, exceptuando la de una “intervención meramente formal y administrativa”.
También entiende que Shakira utilizó una segunda sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira El Dorado --que incluyó 53 conciertos en 22 países--, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.