La cantante colombiana Shakira ha llegado a un acuerdo in extremis con la fiscalía para evitar la celebración de un mediático juicio en el que se enfrentaba a una pena de más de ocho años de prisión y 23 millones de multa por delitos de fraude fiscal, por haber eludido el pago de 14,5 millones de euros a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014.
Con la conformidad de todas las partes, el tribunal ha considerado que los hechos son constitutivos de seis delitos, con la concurrencia de atenuante muy cualificada de reparación del daño, y la ha condenado a una pena de tres años de cárcel (seis meses por cada uno de los delitos), que se conmutarán por dos cuotas de 200 euros por cada día de prisión (432.000 euros), así como al pago de una multa de 7.329.990 euros.
Pacto 'in extremis'
La artista ha esperado hasta el último momento para pactar, después de que su defensa diera por zanjadas las negociaciones con el Ministerio Público en julio y rechazara el acuerdo planteado. Pese a que siempre ha defendido su inocencia, finalmente, este lunes ha reconocido los seis delitos fiscales que se le imputaban --por los que la fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel y 23 millones de multa-- para evitarse el mal trago de declarar ante el tribunal de la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona, banquillo por el que estaba previsto que desfilaran más de un centenar de testigos.
La cantante ha llegado media hora después que su abogado, Pau Molins Amat, y el resto de miembros que componen su equipo legal. La artista ha entrado al Palacio de Justicia de Barcelona arropada por su letrado, apenas dos minutos antes de las diez, la hora a la que estaba previsto que arrancara la vista oral. En total, Shakira ha estado menos de 10 minutos dentro de la sala. El escrito de conformidad ha estado firmado por todas las partes y la cantante ha reconocido los hechos con un escueto "sí" con el que ha confirmado estar de acuerdo con la nueva pena.
"Pactar, cerrar y dejás atrás este capítulo"
En un comunicado de Llorente y Cuenca la triple granadora de los Grammy Latinos 2023 ha asegurado que se sentía lista para enfrentarse al juicio y defender su inocencia. "Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", ha manifestado.
Shakira ha explicado que tenía que elegir entre dos opciones: "Seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos; dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".
60 millones de euros por la gira de 2011
En el mismo comunicado asegura que continuará su "lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal". La artista asegura que ha pagado 60 millones de euros por ese ejercicio "porque en medio de una gira de 120 conciertos por todo el mundo hizo visitas a España para ver a la persona con la que iniciaba una relación, sumando un total de 70 días".
"Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces", añade la artista.
Residía en Barcelona desde 2012
La fiscalía la acusaba de haber eludido el pago de 14,5 millones a las arcas públicas españolas durante 2012, 2013 y 2014, años en los que sostiene que la artista residió de forma habitual en Barcelona junto a su entonces pareja, el exfutbolista Gerard Piqué, sin tributar al fisco. Para ello se sirvió de un entramado societario que le permitió eludir el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre el patrimonio (IP).
Mediante estas estructuras empresariales radicadas en países de baja tributación como Islas Vírgenes, Panamá o Bahamas, la artista esquivó el fisco para no pagar los impuestos derivados de las grandes sumas de dinero que se había embolsado procedentes de derechos musicales y otros negocios.
La acusación pública mantenía que la cantante se estableció en la capital catalana de forma permanente en 2012, un año antes del nacimiento de su primer hijo, Milan. Ese año, recoge el escrito de acusación, se instaló en el piso de Piqué de la calle Muntaner de Barcelona y en el mes de mayo se compraron la casa de Esplugues de Llobregat, vivienda a la que se trasladaron juntos a principios de 2013 y en la que convivieron hasta su separación en 2022.
Viajes "esporádicos"
Durante esos tres años la cantante se ausentó de España en diversas ocasiones para cumplir con sus compromisos profesionales, pero estos viajes “tuvieron una duración muy corta”, sostenía la fiscalía, siendo Estados Unidos el destino donde más tiempo pasó por el rodaje del programa The Voice. Aun así, sus salidas del país se consideran “esporádicas”, pues la ley fija en 183 días al año los máximos permitidos residiendo en España sin tributar.
Gracias a una minuciosa investigación de una inspectora de Hacienda, el Ministerio Público estableció que Shakira se ausentó 124 días en 2012, 153 días en 2013 y 122 días en 2014 para atender sus compromisos profesionales, pero que estuvo en España 242 días en 2012, 212 días en 2013 y 243 días en 2014. Por este motivo, en 2018 se querelló contra la artista.
El objetivo, evitar el juicio mediático
Por su parte, la cantante siempre defendió su inocencia, motivo por el que en julio se negó a aceptar el pacto que le propuso la fiscalía y decidió ir a juicio. En aquel momento, la barranquillera afirmó con contundencia que la fiscalía no tenía “pruebas directas o criterios razonables” como para sostener la acusación en su contra.
También defendió que desde que se trasladó a España -sostiene que hasta 2014 residió en Bahamas- siempre mantuvo “una conducta impecable, como persona y como contribuyente”. Sin embargo, a última hora, la cantante ha decidido aceptar los cargos que se le imputaban para ahorrarse el mediático juicio en el que la fiscalía había citado a 117 testigos, entre ellos, sus ginecólogos, sus profesores de zumba o su peluquera en la capital catalana, para reconstruir cada paso que dio la cantante durante aquellos tres años.
Con esta decisión, cierra su amargo paso por Barcelona y podrá regresar a Miami, donde reside en la actualidad. Aun así, no lo hará limpia de polvo y paja, pues la colombiana tiene otra causa abierta en Barcelona por supuestamente haber defraudado 6,6 millones de euros más al fisco en el ejercicio de 2018.