El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ha justificado su pacto con la fiscalía en el juicio celebrado ayer en Sevilla por haber alentado a su público a “matar a un puto guardia civil” alegando que lo hizo por “falta de energía”.
“Ayer cerré una etapa de 11 años de represión, no de la forma que me hubiese gustado, pero pacté con la fiscalía por falta de energía”, ha expresado el artista mallorquín a través de su perfil en la red social X. “El exilio debe tener un sentido colectivo, no debería ser una solución personal. Sobre todo, mi hermana se merece recuperar a su hermano”, escribía el rapero tratando de argumentar su decisión ante sus followers.
Buscó una solución "personal"
Pocas líneas después Arenas reconocía que, ayer, había buscado una "solución personal" y que entendía que mucha gente se hubiese podido sentir "decepcionada". No obstante, según él, no tenía otra opción “si quería poner un punto y final de una vez por todas” a su fuga en Bélgica, teniendo en cuenta que regresó a España hace pocas semanas, después de que su condena por delitos de enaltecimiento del terrorismo y contra la Corona prescribiera.
En el mismo tuit el rapero se excusaba alegando que él “no había prometido nada a nadie, que no tiene ningún cargo ni sueldo público y que es más útil libre que en la prisión”. "Desde 2012 que me detuvieron hasta hoy, hemos dejado el mundo un poco mejor poniendo mi caso a disposición de los derechos fundamentales", ha señalado el rapero, quien ha concluido su mensaje con "nos vemos en las calles".
Se disculpó por sus palabras "de mal gusto"
El rapero se sentó ayer, martes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Sevilla como presunto autor de un delito de provocación para cometer un delito de atentado o, alternativamente, un delito de amenazas agravadas, por animar al público durante un concierto en Marinaleda en 2018 a "matar a un guardia civil".
Arenas reconoció los hechos y se disculpó por esas palabras "de mal gusto" y "desagradables", por las que asumió una pena de dos años de cárcel, aunque antes de aceptar preguntó al juez si eso significaba que iba a entrar en prisión, a lo que el magistrado respondió que no. El rapero también pagará las costas del juicio.
Se enfrentaba a cuatro años de cárcel
La fiscalía pedía para él una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y tres años de cárcel en el caso del posible delito de amenazas agravadas.
Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejercía como la acusación en este caso, fue quien inicialmente presentó una denuncia por un presunto delito de odio, que dio pie a la investigación. Finalmente, ambas rebajaron el martes sus peticiones a dos años y el pago de las costas.