La fiscalía de Tarragona ha solicitado una condena de 11 años de prisión para tres directivos de la empresa petroquímica Iqoxe por la explosión del 14 de enero de 2020 en la que murieron tres personas. Se trata de José Luis Morlanes, el director general de Iqoxe; Juan Manuel Rodríguez Prats, director de Iqoxe, y Gerardo Adrio, responsable de prevención de riesgos laborales y seguridad de la planta.
No es la primera vez que la justicia tiene en el punto de mira a Morlanes, el CEO de Iqoxe en el momento de la explosión. El ejecutivo arrastra un cuestionable pasado como gestor de varias empresas que salieron mal paradas tras su paso por la dirección.
Comenzó su carrera como sindicalista, pero esta faceta no le impidió ocupar el cargo de vicepresidente en La Seda, una conocida empresa catalana que comenzó fabricando fibras textiles y que dio el salto a la industria química. Morlanes abandonó esta firma para convertirse en vicepresidente económico del club de fútbol RCD Espanyol.
Un pufo de 700.000 euros en el Espanyol
Los accionistas del club echaron a Morlanes en 2014 a cajas destempladas, después de detectar "un error contable" en las finanzas. No había contabilizado 800.000 euros correspondientes al pago del IVA de los abonos, lo que supuso un agujero en las arcas del club de más de 700.000 euros al cierre de ese ejercicio.
Tras su paso por el RCD Espanyol, Morlanes volvió a refugiarse en La Seda. Su segunda etapa en la empresa química fue igual de desastrosa que en el club de fútbol y acabó imputado como responsable de un presunto desvío de 2,5 millones de euros a una sociedad en la que él mismo constaba como administrador, según aseguró la fiscalía. El caso, finalmente, acabó archivado en 2015.
Colaboración con Cristian Lay
A raíz de esta imputación, Morlanes fue fulminado de La Seda. Regresó a la compañía en uno de sus momentos más bajos, en 2017 y junto a la extremeña Cristian Lay, que compró a la catalana tras entrar en concurso de acreedores.
La firma de joyería y cosmética es la misma que se hizo con Iqoxe y colocó al frente de la petroquímica de Tarragona a Morlanes. El resto de la historia es conocida. El reactor voló por los aires y dejó a tres muertos.
Escrito de acusación
Ahora, el directivo se enfrenta a una pena de prisión junto a otros dos altos cargos que gestionaban Iqoxe en el momento del accidente. Se juegan 11 años de cárcel.
Vista general de la fábrica de Iqoxe
La semana pasada la jueza instructora envió el caso a juicio y, ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación. Además de la pena de cárcel para estos tres altos responsables, pide que se multe a la empresa, como persona jurídica, con 900.000 euros.
Asimismo, solicita otra sanción de 16.800 euros para cada uno de los tres responsables de la empresa acusados.
Tres homicidios imprudentes
Los hechos se produjeron el 14 de enero de 2020. Ese día, uno de los tanques de la planta petroquímica, emplazada en el Polígono Sur de Tarragona, explotó. El accidente causó tres muertos: dos trabajadores de la empresa y un vecino que falleció tras el impacto de una plancha de metal que salió despedida del tanque y que fue a parar a su casa, ubicada a dos kilómetros y medio de la petroquímica.
La instructora contempla que se habrían cometido tres homicidios imprudentes, lesiones por imprudencia por el resto de heridos que dejó la explosión y contempla responsabilidades por los estragos. Daños, todos ellos, por imprudencia y falta de seguridad en la empresa. Además, se apunta a un delito contra los derechos de los trabajadores.
Plantilla y seguridad insuficiente
La magistrada procesó en junio a la empresa y a los tres directivos, entre los que figura el polémico Morlanes, al concluir que la causa de la explosión podría ser "las deficientes condiciones con las que se desarrollaba la actividad industrial".
En el auto de procesamiento señaló una sobreproducción en la planta, así como una falta de personal, el incumplimiento de varias de las normas de prevención de riesgos laborales y deficiencias en las instalaciones y equipos.
En concreto, la instructora hizo mención en su auto a "deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones" y en el ejercicio de la actividad, que presuntamente se desarrollaba "sin las debidas condiciones de seguridad". La empresa priorizó la rentabilidad a la seguridad de sus trabajadores, concluyó.
Alarmas apagadas por "ruido molesto"
También constató que el nuevo reactor que había incorporado la empresa, en el que se produjo el accidente, contaba con diferentes sistemas de alarmas, tanto visuales como sonoras, pero "desde meses antes de la explosión, y como quiera que las alarmas sonaban con un ruido molesto, fueron silenciadas". Además, ninguno de los empleados vigilaba de forma constante los paneles visuales para detectar cualquier anomalía en el funcionamiento del tanque.
El día de la explosión de este reactor, se fabricaba un producto inusual en Iqoxe. La empresa sólo lo había elaborado seis veces antes y en todas ellas se detectaron problemas en la fabricación. En esa ocasión, habían iniciado los trabajos con un lote inferior, por lo que el jefe de planta ordenó reajustar la fórmula.
La empresa defiende su gestión
La defensa de Iqoxe asegura que la gestión en la planta era la correcta. Sostiene que las auditorías así lo avalan y alegan que desde 2014, cuando tuvo lugar el cambio de propiedad, se trabajaba en modernizar las instalaciones productivas. La inversión tecnológica tenía como objetivo convertir a la empresa en un referente en la producción de óxido de etileno. Buscaban convertirse en el proveedor de grandes químicas.
También consideran que el accidente "no fue previsible" y alegan que antes y después de los hechos se hicieron todos los controles necesarios y exigidos, con los planes de contingencia y protección pertinentes y en vigor.