Laura M., la mosso acusada de suplantar a una amiga para solicitar más de 53.000 euros en créditos bancarios, gestiona una academia online para opositores que quieren ingresar en el cuerpo policial autonómico.
Aunque la fiscalía le atribuye cargos contrarios a lo que se espera de un policía, la acusada de estafa gestiona una web en la que asegura haber convertido “los contenidos intragables de las oposiciones” en materias que los aspirantes pueden “comprender, aprender, retener y utilizar para abordar los exámenes de la oposición”. Según ella, los años de estudio propio le han permitido no solo aprobar dos oposiciones, sino también “diseñar de una manera personal y altamente eficaz los contenidos, desmenuzarlos y hacerlos comprensibles”. El precio de estos paquetes, a los que solo se puede acceder mediante una suscripción, oscila entre los 430 y los 720 euros.
Niega ser agente de Mossos
Preguntada sobre el proceso judicial que enfrenta el próximo miércoles en la Audiencia de Barcelona, sostiene que hace más de ocho años que no tiene ningún tipo de vínculo con el cuerpo policial autonómico, que abandonó por cuestiones personales. Así, aclara que el 4 de octubre prestará declaración frente al tribunal de la Sección 8 como “persona de a pie y no como agente de ningún cuerpo de seguridad del Estado”. Sobre los hechos que se le atribuyen, Laura M. se ha limitado a decir que dará las pertinentes explicaciones “en sede judicial”.
Sin embargo, la fiscalía mantiene en su escrito de acusación, en el que pide para ella siete años y nueve meses de cárcel, que se comunique la apertura de juicio oral a la Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat, pues según el documento oficial emitido por el ministerio público la acusada es agente de los Mossos d’Esquadra.
Abrió una cuenta a nombre de su amiga
Según el mismo escrito, al que ha tenido acceso este medio, la procesada y la víctima se hicieron amigas en 2009 porque regentaron negocios colindantes hasta 2012. Tras distanciarse durante unos años, en los que llegaron a perder el contacto, retomaron la relación de amistad en 2016, año en el que la procesada se hizo, según la fiscal, con el documento de identidad original de su amiga y puso en práctica un plan para enriquecerse a su costa.
Así, en otoño de ese año abrió una cuenta bancaria a nombre de su amiga, simulando su firma, en una sucursal del Banco Popular, en la que meses después, en la primavera de 2017, ingresó un crédito de 5.000 euros que solicitó a Cofidis a nombre de la víctima “sin su conocimiento ni consentimiento”.
El aval: la casa de su amiga
Ese verano, enumera el ministerio público, la acusada efectuó hasta cuatro operaciones con diferentes empresas de préstamos y entidades bancarias a nombre de su amiga para pedir créditos que no devolvió, a excepción de uno de 150 euros. Por estos hechos, la afectada fue registrada en dos listas de morosos, una de ellas del Banco de España. El último golpe, y más importante, se produjo en agosto de 2017, cuando, según el relato de la fiscal, se presentó en una oficina bancaria de Mataró y solicitó un crédito de 45.000 euros usando los datos de la víctima y llegado a poner como aval el domicilio de esta y de su marido.
Para ello presentó toda suerte de documentos que previamente había alterado --sostiene el ministerio público-- en una notaría de Mataró. El notario, “faltando a los más esenciales deberes de diligencia y cuidados propios de su cargo, no realizó las comprobaciones necesarias para aseverar que la persona que se encontraba en su notaría” se trataba de la acusada, y no de su amiga. Así, prosigue la acusación pública, sin comprobar la concordancia entre los datos personales y la fotografía, autorizó la escritura del préstamo hipotecario, motivo por el que inicialmente también él fue imputado. Sin embargo, preguntado al respecto, el notario sostiene que su imputación ha caído tras ganar un recurso, por lo que el 4 de octubre declarará solo en calidad de testigo. “No estoy acusado ni imputado, soy una víctima más de esta historia en la que la acusada engañó a todo el mundo”, se defiende.
Cobró 45.000 euros
Así las cosas, la mosso --que, según ella, en el momento de los hechos por los que se la juzgará ya había dejado la policía-- logró obtener los 45.000 euros del préstamo que le fueron ingresados en cuatro cheques que cobró en septiembre de 2017. Por todo ello, la fiscalía pide para ella una pena de siete años y nueve meses de cárcel, así como una multa de 8.640 euros como presunta autora de un delito continuado de uso de documento de identidad auténtico por quien no esté autorizado para ello y de un delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito continuado de estafa en concurso de normas con un delito de estafa agravada.
Además, pide que se anule el préstamo hipotecario, que grava la mitad de la vivienda de la que era su amiga, y que se rescindan todos los contratos que presuntamente Laura M. realizó suplantando a la afectada con diversas entidades, a quienes pide que indemnice con más de 51.000 euros. El ministerio público también urge a que se elimine a la víctima de las listas de morosos y a que se comunique la sentencia a la Dirección General de la Policía para que, cuando se conozca la sentencia, tome las medidas oportunas al respecto.