Cataluña registra 38.804 abortos en clínicas privadas con financiación pública en cinco años

Las clínicas privadas catalanas han realizado entre 2017 y 2022 un total de 38.804 interrupciones voluntarias del embarazo financiadas con fondos públicos por la Consejería de Salud de la Generalitat.

El Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat) contrató el servicio a estas clínicas fuera del servicio público para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, en 2022 la Consejería de Salud reconocía “cierta inquietud” por la falta de profesionales debido al elevado número de médicos que se declararon objetores de conciencia, lo que obligaba a derivar pacientes. 

Más de 600 objetores de conciencia

Según las cifras de la Consejería de Salud de la Generalitat en 2020 fueron 613 los ginecólogos catalanes que manifestaron su objeción de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Por eso, para garantizar el servicio y los derechos de las pacientes a abortar, recurrió a clínicas externas.

Asimismo, el conseller de Salud, Manel Balcells, y la de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, han anunciado en este 2023 la ampliación de los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en la Región Sanitaria del Alt Pirineu y Aran (Lleida). Actualmente, los cuatro hospitales de esta región ofrecen tanto el método farmacológico como el quirúrgico para las mujeres que quieran abortar.

Ampliación del aborto farmacológico

El Govern también ha destacado que en noviembre de 2022 se amplió el aborto farmacológico hasta las 14 semanas, mientras que hasta entonces solo se podía practicar hasta las nueve semanas. De hecho, este método supera al quirúrgico. En 2021, con cifras todavía provisionales, se realizaron 18.712 abortos, de los que 10.068 se practicaron mediante pastillas abortivas y 8.644 mediante intervenciones.