La extenista Arantxa Sánchez Vicario se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona el próximo martes acusada de delitos económicos. La fiscalía pide para ella y para su exmarido, el empresario Josep Santacana, cuatro años de cárcel por los delitos de alzamiento de bienes o insolvencia punible.
Los hechos se remontan a 2010, cuando la campeona de Roland Garros contrajo una deuda de más de siete millones de euros con el Banco de Luxemburgo, que le pidió, vía burofax, que la saldase. Al no recibir respuesta, la entidad recurrió a los tribunales en 2017 y presentó una demanda contra Vicario. Ahora, la fiscalía sostiene que, para evitar devolver la cantidad reclamada, la extenista y el empresario descapitalizaron su patrimonio.
Un plan para no devolver la deuda
El Ministerio Público argumenta que, la extenista y su marido en aquel momento, también procesado en esta causa (junto a otras cuatro personas también acusadas como cooperadoras necesarias) idearon un "plan" para evitar que el Banco de Luxemburgo pudiera cobrar la deuda. Lo hicieron, añade, a través de cuatro movimientos financieros.
Mediante estas maniobras, prosigue, descapitalizaron el patrimonio de Vicario, vaciaron sus cuentas corrientes, hicieron desaparecer los créditos cobrados por ella y procediendo a una despatrimonialización inmobiliaria. Por estos hechos el fiscal pide penas para los seis acusados que oscilan entre los dos años y nueve meses de prisión y los cuatro años.
Problemas con Hacienda
La deuda con el Banco de Luxemburgo bebe de los problemas de Vicario con la Hacienda española. La tenista fue condenada por el Tribunal Supremo a pagar una multa de más de cinco millones de euros por un delito de fraude fiscal.
Hacienda cobró esta cantidad gracias a un aval del Banco Sabadell, que a su vez recurrió al Banco de Luxemburgo mediante un contraaval. Cabe destacar que era en esta entidad en la que Vicario guardaba buena parte de los beneficios procedentes de su carrera como tenista de élite. Así las cosas, sostiene la fiscalía, ella habría optado por retirar su fortuna de sus cuentas para no devolver el dinero reclamado.