El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha efectuado un operativo contra los talleres ilegales de coches en la provincia de Tarragona, un foco de contaminación medioambiental. Crónica Global ha acompañado a los agentes del instituto armado durante su actuación en un polígono de La Canonja, muy cerca de la AP-7.
La actuación tuvo lugar a primera hora del pasado viernes, cuando los agentes del SEPRONA irrumpieron en una vivienda ubicada cerca del Aeropuerto de Reus, tras recibir un aviso que indicaba que allí se estaban realizando tareas de reparación de vehículos de forma clandestina. "Este tipo de actividades no solo producen un daño medioambiental, sino que suponen una competencia desleal para el resto de negocios que operan con los permisos en regla", expresaba el teniente José Carlos, jefe del SEPRONA en Tarragona. "La gente se sorprendería si supiera la cantidad de negocios que operan así, y no siempre en zonas apartadas sino en mitad del pueblo".
Competencia desleal
En el lugar indicado localizaron a siete personas que fueron identificadas, dos de ellas supuestos clientes y cinco, presuntamente, relacionadas con el taller ilegal. Las pruebas de que la vivienda albergaba un negocio ilícito en su porche eran palmarias: no solo lo evidenciaban varias ruedas apiladas, múltiples herramientas desperdigadas en torno a varios vehículos a medio reparar y numerosas botellas de aceite usado. También las inmediaciones estaban sembradas de chatarra y de un cieno azabache fruto del combustible derramado directamente sobre la tierra.
"He venido aquí porque tenía que cambiar las pastillas de freno y es más barato que un taller", se justificaba uno de los clientes, ante las preguntas de los agentes. Para mayor inri, mientras el SEPRONA revisaba la zona, hasta el lugar llegaron tres grúas, con la intención de descargar vehículos averiados, ante la estupefacción de los agentes, que levantaron un acta de actuación acompañada de vídeos y fotos para dejar reseñado todo lo hallado en el lugar. Cabe destacar que esta unidad no sanciona, sino que da traslado de las infracciones detectadas a las autoridades competentes, para que sean ellas quienes lo hagan.
Propuestas para sanción
Tras realizar varias pesquisas, los agentes localizaron al propietario de la vivienda, a quien incoaron para sanción por no disponer de los permisos en regla para operar un taller. También se informó al Ayuntamiento de La Canonja, encargado de gestionar las licencias medioambientales, a la Agencia de Residuos de Catalunya y a la Consejería de Empresa y Trabajo, para informar sobre la situación irregular de los presuntos trabajadores. En este escenario concreto, los agentes pudieron identificar a todas las personas implicadas, pero en caso de que no hubiese sido posible el protocolo establece que deben dar aviso a la Policía Nacional, el cuerpo policial competente en materia de inmigración.
La presencia de varios coches clásicos, herrumbrosos y despiezados, flanqueando otra gran nave aledaña, hizo sospechar a los agentes que podría tratarse de un segundo taller ilegal. Tras inspeccionarla en presencia de su dueño, que les abrió las puertas de forma voluntaria, comprobaron que aunque no operaba como negocio, se había convertido en un gran almacén de chatarra, en el que el propietario almacenaba decenas de coches y motocicletas de su propiedad sin ningún tipo de control. El dueño, a quien los agentes propusieron para sanción, no disponía de contrato con ninguna empresa de gestión de retirada de aceite usado, como marca la ley, pese a que utilizaba este lugar para desguazar y reparar sus vehículos, sobre los que tendrá que aclarar su procedencia y titularidad. Tampoco había tenido la precaución de impermeabilizar el terreno, de forma que los vertidos de los vehículos caían directamente sobre el suelo. Junto a los coches se levantaban pilas de neumáticos y acumulaba botellas de gases para soldar, altamente inflamables, a pleno sol. En la misma finca, los agentes también localizaron a dos perros que, aunque aparentemente estaban en buen estado, carecían de vacunas y microchip.
Sanciones laxas
Con esta operación, los agentes del SEPRONA golpearon a uno de los talleres ilegales que proliferan en la provincia de Tarragona. No es un hecho excepcional. "También nos encontramos con otros negocios clandestinos, como criaderos de animales", expresó el teniente. El problema es que por la vía penal las penas por delitos medioambientales son mucho más bajas --la mayoría no acarrean condenas de prisión-- que en el caso de otros ilícitos y por la vía civil, al tratarse de sanciones administrativas, si las personas responsables se declaran insolventes no existen consecuencias reales para ellas.
Aún así, la labor del SEPRONA es fundamental a la hora de proteger el medioambiente. "A veces las personas lo hacen por desconocimiento y valoran que se lo expliques”, indicó uno de los efectivos de la unidad en Tarragona, provincia en la que operan 19 agentes divididos en un destacamento solo para el Delta del Ebro, tres patrullas y un equipo de investigación. En total, en Cataluña son entre 70 y 80 los agentes de la Guardia Civil que se encargan de la preservación de la naturaleza.
Bienestar animal
Además del control de vertidos y residuos, se encargan de otros muchos servicios. Los más habituales en Tarragona ciudad, están relacionados con el maltrato animal y el tráfico de especies protegidas, como monos, guacamayos y diversos reptiles. De hecho, hace unos días los agentes recuperaron, tras la llamada de un trabajador de una empresa de paquetería que detectó un movimiento inusual en un sobre, dos tarántulas --una mexicana y otra hondureña-- en el interior de frascos de cristal que tenían como destino final Málaga, después de que su propietario las vendiera al margen de la ley. Asimismo, asumen casos de abandono, que gestionan con ayuntamientos y protectoras de animales.
También proliferan en Tarragona los delitos relacionados con la mala gestión de residuos. De hecho, en la actualidad investigan la procedencia de pequeñas esferas de porexpan en épocas de fuertes lluvias en las playas de Salou y La Pineda debido a la mala praxis de algunas de las empresas de la zona. Otro de los delitos medioambientales al alza es el tráfico de residuos como chatarra o escombros, que los propietarios de las empresas trasladan principalmente desde Francia hasta Cataluña porque en el país galo su destrucción tiene un coste mucho mayor. Este hecho ha empujado a la unidad que opera en Cataluña, comunidad que se ha convertido en un receptor de estos residuos, a trabajar codo con codo con la Gendarmería Nacional francesa.
Protección del delta del Ebro
En la zona del Delta del Ebro los delitos más comunes están relacionados con la pesca y marisqueo ilegal. Por eso, patrullan esta zona con un barco propio de la unidad. También realizan operativos conjuntos con la unidad subacuática para preservar el patrimonio histórico, revisando los pecios de la costa catalana. Y se encargan de controlar la caza no autorizada, como el caso de los jilgueros y otras aves aprehendidos con pegamento.
En zonas de especial protección, catalogadas como suelo rústico no urbanizable, hacen controles para detectar posibles delitos de urbanismo, como la construcción ilegal de edificaciones o piscinas. Y relacionado con la gestión de los recursos hídricos, también investigan la captación de agua para el regadío o la creación de pozos ilegales, sobre todo en la cuenca hidrográfica del Ebro.
Patrullaje y prevención
Los agentes realizan una importante labor preventiva en materia de incendios. Aunque desde 2008 las competencias corresponden a los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, siguen actuando de forma preventiva con patrullajes para detectar quemas no autorizadas o fuegos incipientes. En verano, con especial atención a las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre para evitar acampadas ilegales y accesos no autorizados al medio natural.
A mayores, controlan los usos de productos fitosanitarios para luchar contra las plagas y, recientemente, también el tráfico de gases fluorados, utilizados en invernaderos para el cultivo de marihuana y que provocan la destrucción de la capa de ozono. Por último, el SEPRONA es la unidad encargada de detectar fraudes alimentarios y de hacer cumplir las características de los productos de denominación de origen, como los vinos o la miel.
Referente a nivel internacional
Aunque no están incardinados en el 112, son muchos los casos que terminan en el SEPRONA. "Lo importante es escuchar a la gente, que se sienta acompañada y que sepa que estamos intentando solucionar esto que les preocupa", asegura el teniente.
Por su encomiable labor en la preservación y conservación de la naturaleza se ha convertido en la primera policía medioambiental a nivel internacional, y en un referente para muchas otras, a quienes instruyen mediante charlas y seminarios.