Nuevo escándalo para Cegos, la empresa que pilotó las polémicas oposiciones en Cataluña que han terminado en un caos y que se tendrán que repetir. La multinacional francesa ha encajado cerca de 3.000 reclamaciones en un agitado proceso de selección para Metro de Madrid. Cientos de aspirantes se están organizando para denunciar irregularidades que ven "muy graves" y "sin respuesta" de la firma salvo "un correo automatizado".
Según ha explicado uno de ellos a este medio, los hechos se circunscriben al proceso para elegir a 30 maquinistas, 30 jefes de sector y el acceso a una bolsa de empleo de 1.000 personas que tuvo lugar el pasado 23 de abril. La criba, oficial pero externalizada a la firma que en España dirige Jesús Araujo, ha concluido con acusaciones de anomalías que podrían haber pervertido su neutralidad.
Por contra, la firma ve "normales" las reclamaciones, que reduce a "las habituales en un proceso de esta dimensión", según ha detallado una portavoz.
"Exámenes sin precintar"
No obstante, según las fuentes consultadas, el personal de Cegos repartió "exámenes sin precintar", incumplió el "orden de exámenes", dio distintos tiempos para completar las pruebas --en algunas aulas se juntaron los dos psicotécnicos, con 40 minutos, y en otros fueron 20 y 20--, lo que hizo que hubiera desigualdad entre candidatos o se dieron las notas fuera del plazo establecido en las bases, entre otros.
Interior de una de las estaciones de Metro de Madrid / EP
Asimismo, los candidatos descontentos, que se están organizando en grupos con centenares de personas, alertan de otras anomalías graves, como el hecho de que hubo gente que "salió al baño" en mitad del examen; "teléfonos sonando" o aspirantes que llegaron tarde "y aún se les permitió el acceso después de empezar".
Puntuaciones sospechosas: "Transparencia"
Pero es que hay más. Los técnicos de Cegos han evaluado la puntuación de las pruebas de razonamiento con al menos dos criterios. Ello significa que algunos de los participantes han detectado desequilibrios en la asignación de notas, lo que, bajo su punto de vista "incumple lo establecido en la bases de la convocatoria".
A colación de ello, los afectados por Cegos subrayan en conversación con Crónica Global que piden "transparencia" para conocer qué criterios exactos se utilizaron para puntuar cada test. Y si estos criterios figuraban en las bases de la prueba. Si ello no fuera así, se podrían haber lesionado derechos de los participantes y la criba podría ser ilegal.
Caos en las oposiciones catalanas
Esa transparencia que reclaman los potenciales trabajadores de Metro de Madrid a Cegos es la que no ha tenido lugar en Cataluña. En esta región, la misma empresa acaba de tutelar unas oposiciones de estabilización de interinos que han terminado en naufragio. Por dos razones: una, la Generalitat ha ordenado repetir los exámenes por el caos en las aulas. Y dos, porque, además, el Govern pedirá una indemnización a la compañía de un millón de euros.
Imagen de unas oposiciones de estabilización de plaza de la Generalitat de Cataluña / Cedida
Se la acusa de permitir que hubiera apiñamiento en las aulas, con aspirantes "haciendo el examen juntos"; falta de vigilantes o controladores contratados por empresa de trabajo temporal (ETT) sin formación, exámenes sin cadena de custodia; pruebas canceladas sin previo aviso o largas colas.
El psicotécnico de Bomberos, anulado por el TSJC
Se trata de una cadena de presuntos errores --que la empresa niega, pero que se sustancia en un "alud de denuncias"-- pero que la Administración autonómica ha tildado de "inaceptable". De hecho, las polémicas pruebas han estado a punto de cobrarse la cabeza de la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), que tuvo que dar explicaciones en el Parlamento catalán. Sí se fulminó a la directora general de Función Pública por este caso.
Antes, en 2020, Cegos, antes TEA-Cegos, ya se enfrentó a otra controversia al tumbar al 44% de aspirantes a unas oposiciones a la escala básica de Bomberos de la Generalitat. El test, que no buscaba competencia sino psicopatías, ha sido anulado por varios aspirantes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque no encajaba con el estipulado en las bases.