El Área Metropolitana de Barcelona rebaja a tres las multas a los agricultores del Parque Agrario

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha desmentido la denuncia del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (IACSI) al respecto de las multas impuestas a agricultores del Baix Llobregat por el incumplimiento del Plan Especial del Parque Agrario. Fuentes de la entidad han asegurado a este medio que es "falso" que se hayan emitido 1.200 sanciones económicas y aclaran que solamente se han abierto 99 expedientes, 32 de los cuales se han resuelto y 67 continúan abiertos. Únicamente tres, por el momento, se han terminado convirtiendo en multas efectivas.

Pero el AMB va todavía más allá: estas tres penalizaciones podrían ver reducido su importe hasta en un 80 u 85% si los responsables de las explotaciones agrícolas en cuestión recuperaran la normalidad normativa en estos terrenos. ¿Los motivos de estas infracciones? En palabras de representantes de la institución, dos de ellas tendrían que ver con huertos lúdicos, un aspecto del reglamento en el que las propias empresas agrarias habrían insistido para garantizar la promoción de la explotación profesional.

Niegan contradicciones en la legislación

Con este último punto, el organismo niega que se estén produciendo contradicciones entre el reglamento del Parque Agrario y las normas de caracter estatal o autonómico, tal como denunció la patronal IACSI. En su comunicado, esta última apuntaba que el espacio rechaza las instalaciones destinadas a la higiene, la seguridad y el adecuado registro y control laboral, así como las edificaciones móviles. También mencionaba indicaciones distintas en, por ejemplo, la altura de las vallas de protección: afirmaba que el Plan Especial la ha reducido a 1,5 metros cuando el reglamento superior exige que sea mayor.

El AMB responde a estas acusaciones defendiendo que "no existe inseguridad jurídica" y alegando que, de la misma forma que cualquier otro plan urbanístico aprobado definitivamente, el Plan Especial "no puede ir contra el marco normativo general". Pone como ejemplo el caso de las vallas y expone que, en este caso, su altura ha de ser menor debido una prescripción introducida por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. 

Garantizar la calidad de las explotaciones

Por esa razón, fuentes de la institución pública declaran a Crónica Global que el objetivo del Plan Especial es "velar por el desarrollo y la mejora del patrimonio agrario" con un interés "productivo, ambiental y social" y no "recaudar dinero" a través de sanciones. Destacan, además, la "buena predisposición" de las empresas responsables de las explotaciones a la hora de enmendar sus infracciones "de forma amistosa" en la mayoría de ocasiones. 

No obstante, subrayan que la actividad en el terreno del Baix Llobregat (considerado el huerto del área metropolitana, con 3.473 hectáreas a lo largo de 14 términos municipales) se debe llevar a cabo de forma "no anárquica" y con "respeto" por el paisaje. En consecuencia, indican que, aunque "no hay ningún tipo de obstáculo" en el plan en lo que se refiere a la instalación de, por ejemplo, almacenes agrícolas, se deben cumplir una serie de condiciones para garantizar la calidad de las explotaciones. 

No se ha solicitado modificar la normativa

Pero, ¿cómo se explican los 1.200 expedientes económicos de los que habla la patronal si no corresponden a incumplimientos del Plan Especial? Según el AMB, estos estarían relacionados con el incumplimiento de otros reglamentos que no se encuentran dentro de las competencias de la entidad barcelonesa. 

Paralelamente, las fuentes niegan, de nuevo, que desde los ayuntamientos se haya registrado alguna petición formal de revisión del contenido de la normativa del espacio y declaran que "en legislación urbanística no existen las moratorias", en referencia a la petición que el IACSI ha hecho a los alcaldes del Baix Llobregat por carta para evitar las supuestas multas del AMB.