Los agricultores del Baix Llobregat piden árnica a los ayuntamientos ante la 'razzia' de multas

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha solicitado por carta a los alcaldes del Baix Llobregat una moratoria para reformar el marco regulador del Parque Agrario, llamado Plan Especial, y evitar así la sangría de multas impuestas a los productores por parte de los ayuntamientos. Hasta la fecha se han abierto 1.200 expedientes sancionadores. Hay que recordar que el Parque Agrario cubren 3.473 hectáreas a lo largo de 14 términos municipales, convirtiéndose en el huerto del área metropolitana de Barcelona.

En un comunicado, la patronal ha señalado que la "falta de adecuación de esta normativa a los preceptos que establecen otras normas de carácter estatal o autonómico" deriva en sanciones para los propietarios.

Contradicciones legales

Entre estas contradicciones, la organización empresarial liderada por Baldiri Ros ha destacado que la ordenación del espacio rechaza las instalaciones destinadas a la higiene, seguridad y adecuado registro y control laboral, un "requisito impuesto por la normativa general".

Además, la regulación especial no contempla la existencia de edificaciones móviles, como contenedores, para almacenaje de productos fitosanitarios. Los empresarios cumplen las normas de ámbito superior pero, al entrar en contradicción con el Plan Especial, se les abren expedientes sancionadores desde el ámbito municipal.

Conflicto por las vallas

En ocasiones, las diferencias legales llegan al paroxismo: la altura de las vallas de protección se está reduciendo de 1,80 a 1,50 metros para cumplir el Plan Especial, cuando la reglamentación vigente en materia de seguros agrarios exige más altura para que la finca sea susceptible ante robos e incendios.

Más ejemplos de conflicto: tampoco se avala la instalación de una tipología de invernadero auxiliar, una estructura indispensable para muchos agricultores.

Seguridad jurídica

La patronal también ha pedido a la Generalitat de Cataluña la creación de un "entorno de seguridad jurídica" para no espantar las inversiones y minar la credibilidad de los planes de desarrollo en la comarca.

Por otro lado, el Instituto Agrícola ha reiterado su apoyo al impulso de un hub agroalimentario en el territorio "porque es el camino para obtener autonomía estratégica y evitar una mayor dependencia de las importaciones".