La Guardia Civil registra desde primera hora de este miércoles la incineradora de la empresa pública Tersa en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) en busca de pruebas de una posible contaminación excesiva.
El registro, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona (Barcelona), se enmarca dentro de una investigación iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona contra el concejal de emergencia climática del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Tersa, Eloi Badia, y contra el jefe de explotación de la planta, F.R.G como presuntos autores de un delito ecológico.
Incineradora de residuos de Sant Adrià del Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa
La Audiencia avala el registro
La investigación se centra en determinar si en la planta que gestiona Tersa se quemaron residuos sin el pertinente control de temperatura, que habrían derivado en la emisión de contaminantes potencialmente cancerígenos con especial afectación en los barrios de Diagonal Mar (Barcelona) y Bèsos (Sant Adrià del Besòs).
La plataforma Airenet, que se ha personado como acusación particular, fue quien solicitó al juzgado un registro en la planta incineradora de Sant Adrià, pero el instructor denegó su petición. Tras presentar un recurso, la Audiencia de Barcelona ha considerado “útil, adecuado y pertinente”, según el auto al que ha tenido acceso Efe, inspeccionar la incineradora para conocer si se cometieron irregularidades que pudieran ser constitutivas de delitos contra el medioambiente y contra los recursos naturales.
Badia, ante el juez
El escrito del ministerio fiscal señala un “presunto mal funcionamiento de la empresa que, según informes publicados en revistas científicas, estaría generando unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados”. Estos gases, continúa el ministerio público, suponen “un grave riesgo para el medioambiente y las personas que habitan en las proximidades de Tersa”.
Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática de Barcelona / CG
Además, apunta que Eloi Badia --como presidente de la empresa-- y F. R. G --como jefe de explotación--, “serían los máximos responsables de la planta en la que se realizan tratamientos térmicos e incineración de los residuos municipales, dando servicio a una gran parte de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Para el ministerio público, ambos habrían “realizado o tolerado conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental”.
Cabe recordar que Eloi Badia y F. R. G. declararon por estos hechos en abril y defendieron que la actividad en la planta siempre se ajustó a la normativa, esgrimiendo un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat