Investigan fiestas ilegales y omisión de socorro en Residencial Palau durante el confinamiento

Fiestas ilegales, omisión de socorro, desatención con los residentes y falta de comunicación con sus familiares. Esas son las situaciones que recoge el sumario del caso de la muerte por coronavirus de 55 personas al inicio de la pandemia en el centro de personas mayores Residencial Palau, en el municipio de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), que asume el jurado de instrucción número 3 de Sabadell. 

Tal como ha explicado la emisora Ràdio Palau, el centro no contactó con el 061, el 112 o el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat hasta el 4 de abril de 2020, cuando ya habían muerto nueve residentes en su interior y transcurridos 21 días desde el inicio del estado de alarma y el confinamiento. Además, los datos de la investigación evidencian que Residencial Palau no realizó ningún traslado hospitalario hasta el 15 de abril y solamente efectuó una decena durante los diez siguientes días. 

Fiestas de 50 personas sin mascarilla

Los datos del informe, que analiza a ocho centros de la comarca del Vallès Occidental, narran situaciones en las que los responsables del centro de Palau no habrían dejado a los familiares de las personas residentes hablar con ellas, verlas por videollamada o, mucho menos, extraerlas del lugar. 

Paralelamente, tal como ha recogido TV3, la documentación policial hace referencia a dos fiestas ilegales en el interior de Residencial Palau con una participación de medio centenar de personas en cada una de ellas y sin la adopción de medidas como la distancia de seguridad o la mascarilla. 

Centro de personas mayores Residencial Palau, en Palau-solità i Plegamans / GOOGLE STREET VIEW

El director declarará en noviembre

La investigación menciona también una insuficiente disponibilidad de equipos de protección personal (EPI) y la poca limpieza en las habitaciones del centro, con una supuesta nula separación de los residuos contaminantes.

La justicia ya ha tomado declaración a los familiares de las personas fallecidas, a los trabajadores del centro y a sanitarios del CAP local y Mútuam. El próximo mes de noviembre declararán tanto el director del centro como dos médicos, a los que se acusa de un delito de omisión de socorro.