El Partido Animalista PACMA, Lex Ànima y la Fundación Altarriba, han denunciado ante la Fiscalía General del Estado a la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, y a la directora de Gestión del Medio, Anna Sanitjas, por el uso de fosfuro de aluminio para acabar con la superpoblación de conejos.
Las entidades las acusan de un delito contra el medio ambiente, prevaricación y malversación de fondos públicos. En su denuncia destacan que, mientras se conceden y mantienen licencias en granjas de cría intensiva de conejos con finalidades cinegéticas, se autoriza la exterminación de los animales con vertidos de un "veneno mortal no selectivo" en 300 puntos de la carretera LV-7041, de Soses a Malcoreig.
Destrucción del patrimonio natural
Así, instan a la Fiscalía General del Medio Ambiente a actuar ante un "riesgo grave de destrucción del patrimonio natural" y piden que se aplique una "suspensión cautelar del uso del fosfuro de aluminio para proteger la fauna y la flora de Cataluña y Aragón".
Según los denunciantes, Jordà y Sanitjas ordenaron vertir el veneno, "sabiendo que implica la destrucción en masa de otros animales en las madrigueras o en las zonas de riego y agrícolas, incluso de especies protegidas".
Alteración del ecosistema
Según han expresado las entidades animalistas en su denuncia, "al mismo tiempo, en 2021 y 2022, se autorizó la liberación de más de 15.000 conejos en Cataluña, 4.230 de los cuales en Lleida, mientras entre 2020 y 2022 se autorizaba la caza de 21.881 zorras, "depredador natural del conejo".
Así, "las decisiones tomadas por las denunciadas con la expresa intención de hacer prevalecer los intereses económicos del sector cinegético ha provocado una alteración del ecosistema, incidiendo directamente en el incremento de la población de conejos en algunas áreas"