El próximo 11 de abril un jurado popular juzgará en la Audiencia Provincial de Barcelona a la mujer que presuntamente acabó con la vida de su prima asestándole 45 puñaladas en su domicilio del Pont de Vilomara i Rocafort en el verano de 2020. La fiscalía solicita para ella 19 años y 11 meses de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.

Según el escrito del ministerio público la acusada se trasladó a España en 2020 y comenzó a trabajar en Martorell cuidando a una persona mayor. En el mes de mayo, a causa de la pandemia, la acusada dejó el trabajo y se trasladó a vivir al domicilio de una prima lejana suya en el Pont de Vilomara. En la casa también residían los hijos de la prima, uno de ellos menor de edad.

45 puñaladas mientras dormía

Sobre las ocho y media de la mañana del 2 de julio de 2020 la acusada atacó a su prima mientras dormía en su habitación, por lo que no pudo prever ni repeler la agresión. En total, recoge el escrito de la fiscalía, le asestó un total de 45 cuchilladas en el cuello, la espalda y los hombros. La causa de la muerte fue una hemorragia masiva que le causó la muerte a los pocos minutos.

Sin embargo, la fiscalía considera que “el número de cuchilladas y los lugares del cuerpo en que fueron clavadas ocasionaron a la víctima un gran dolor”, más del necesario para causarle la muerte. Por eso, le aplica el agravante de alevosía y ensañamiento.

La acusada sufría un brote psicótico

El ministerio público, no obstante, sostiene que en el momento de cometer el crimen la acusada estaba sufriendo un brote psicótico que le producía confusión, ideas paranoides de persecución y alucinaciones auditivas. Además, este brote psicótico se agudizó por la situación personal que atravesaba en aquel momento. El ministerio fiscal recuerda que se encontraba en España en situación irregular, con todos los perjuicios que eso conlleva, que estaba lejos de su entorno personal y familiar y que sus hijas se habían quedado en su país de origen. Por todo ello, la acusada fue varias veces al médico, que le pautó una medicación que no funcionó. "Su salud no experimentó ninguna mejoría”, refleja el escrito. 

Por eso, la fiscalía solicita para ella 19 años y 11 meses de cárcel pero abre la puerta a la posibilidad de que se le aplique la medida de internamiento en un centro psiquiátrico de régimen cerrado durante un tiempo máximo igual al que establezca la condena, que se computará a los efectos de la pena de prisión impuesta. Asimismo solicita cinco años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 1.000 metros con respecto a los familiares de la víctima, así como que se comunique con ellos por cualquier medio. También tendrá que indemnizarlos con 270.000 euros.