La justicia investiga la muerte de un paciente en el Hospital de Calella
Salud admite que los médicos del centro sanitario público le inyectaron un medicamento contraindicado por su condición
28 marzo, 2023 00:00Un juzgado de Barcelona investiga presunta mala praxis médica en el Hospital de Calella, concertado con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut). La sala peina la gestión que hizo el centro sanitario público con un hombre de 63 años que falleció de un paro cardíaco tras inyectarle un medicamento contraindicado en enero de 2022.
Según ha podido saber este medio, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arenys de Mar (Barcelona) investiga las circunstancias del fallecimiento del enfermo el 9 de enero de 2022, cuando acudió por segunda vez en cinco días al hospital quejándose de dificultad para respirar. La familia denuncia una cadena de fallos médicos que, sostiene, habrían provocado el exitus del vecino.
Lo envían a casa
Los hechos se remontan al 5 de enero de 2022, cuando el hombre acudió al hospital comarcal quejándose de disnea --dificultad para respirar--. El enfermo era una persona que sufría enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cardiopatía y obesidad. Quedó ingresado en una unidad del hospital, donde lo trataron por un "empeoramiento" de su patología pulmonar.
Al día siguiente le dieron el alta, toda vez que los médicos estimaron que el paciente había mejorado.
Vuelve a ingresar
Cuatro días después, sus allegados avisaron de nuevo a una ambulancia porque el ciudadano había empeorado y su saturación --oxígeno en sangre-- se había desplomado a 70. El hombre quedó ingresado, pero permaneció en un pasillo por falta de camas durante unas 11 horas, según la familia.
En este espacio de tiempo, los sanitarios no lo trasladaron a la unidad adecuada para drenarle el dióxido de carbono en sangre porque, según sus cercanos, "la máquina estaba saturada de pacientes". Sin solución de continuidad, la víctima sufrió dos paros cardíacos que no superó.
"Un medicamento contraindicado"
Los allegados del fallecido denuncian que en el hospital "le administraron Lorazepam en sangre, una benzodiacepina, algo totalmente contraindicado por su condición, alegando que estaba violento". Cabe recordar que estos medicamentos pueden agravar los cuadros respiratorios de los pacientes en algunos casos. Es lo que alega la familia: el opiáceo empeoró su falta de saturación.
Según el informe del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) al que ha accedido este medio, el brazo examinador de Salud admite que se le dio el medicamento, "fármaco contraindicado por los antecedentes médicos del paciente: apnea del sueño, insuficiencia respiratoria severa e insuficiente hepática". Eso sí, se le administró el medicamento, argumenta, por su "poca colaboración".
Judicializado
Ahora, el caso ha recalado en el Juzgado 2 de Arenys de Mar tras presentar su familia una denuncia a la fiscalía con ayuda de la Asociación El Defensor del Paciente.
Se investiga si las decisiones médicas con el paciente fueron erróneas y pudieron haberle costado la vida. El procedimiento sigue abierto.
En la diana por una niña de 4 años
Cabe recordar que urgencias del Hospital de Calella están también investigadas por la asistencia médica que le dieron a una niña de 4 años que acudió con una infección retrofaríngea, no se la detectaron y acabó en la unidad de críticos del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
La ciudad sanitaria comarcal ya estuvo en el foco público en 2011 por la muerte de un bebé durante un parto. Y, también, por el fallecimiento de otro neonato que se les cayó a los sanitarios en el ascensor en 2014, como explicó este medio.
Cambio de gerente
Sea como fuere, esta nueva investigación llega cuando el Hospital de Calella acaba de cambiar de gerente. Como detalló Crónica Global, la Corporació Sanitària del Maresme i la Selva (CSM), de la que pende el complejo médico, ha recuperado al polémico Ramon Cunillera, que viene del Hospital de Mataró.
El alto cargo regresa al grupo sanitario comarcal tras ser destituido por ERC por su incapacidad de enderezar las cuentas del consorcio público pese a que estuvo intervenido por el CatSalut durante ocho años.