La Conselleria de Territori de la Generalitat ha cerrado la convocatoria del Bono Joven de Alquiler tras haber recibido 28.284 solicitudes, de las cuales ha aprobado 13.468, denegado 11.226 y desestimado por falta de presupuesto 3583.
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Según la secretaria de Vivienda, Marina Berasategui y la directora de la Agència Catalana de l'Habitatge, Sílvia Grau, las solicitudes aprobadas corresponden a la convocatoria de 2022, que tenía un presupuesto de 29 millones de euros y ha supuesto un desembolso de 26,6 millones, mientras que los 2,4 restantes se abonarán a los beneficiarios en las próximas semanas.
Convocatoria restringida en marzo
Estas 3.683 solicitudes recibirán un mensaje para participar en la convocatoria restringida que se abrirá en marzo y que contará con 6,7 millones de euros para cubrir el 100% de la demanda. La voluntad del Govern es abonar todas las ayudas antes de abrir la convocatoria de 2023, que también contará con 29 millones de fondos, y "si es necesario se volverá a hacer una convocatoria extraordinaria" si los solicitantes superan esta cantidad.
Berasategui también ha destacado que "30.000 jóvenes han pedido la ayuda", lo que, según ella, muestra que es un colectivo con una necesidad estructural para la vivienda. "Las ayudas son un buen instrumento, pero queremos que sea coyuntural y no estructural", ha dicho, y ha añadido que el importe medio del alquiler es de 584,38 euros al mes y el importe medio de la ayuda mensual, de 205,92 euros al mes.
Bono Joven
El Gobierno anunció en abril del año pasado el bono alquiler joven que preveía destinar 29 millones en 2023 y 2024 a Catalunya para facilitar la emancipación de los jóvenes o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.
En Catalunya se realizaron 39.347 solicitudes, de las que se concedieron 9.750, y 24.761 no fueron valoradas por falta de presupuesto.
Requisitos
Para cubrir esta demanda, la Generalitat anunció en mayo sus propias ayudas que tenían entre los requisitos tener la residencia en Cataluña y que el alquiler fuera de residencia habitual y permanente. Otros requisitos eran tener una fuente regular de ingresos, tener un contrato de alquiler, estar empadronado en la vivienda, no deber ningún mes de alquiler y que ninguna persona de la unidad de convivencia tuviera una vivienda o relación familiar hasta el segundo grado con el propietario.
Otras condiciones eran tener ingresos iguales o inferiores a 24.301,57 euros brutos anuales en 2022, y el precio del alquiler no podía ser superior a 900 euros por vivienda ó 450 euros por habitación en el ámbito metropolitano de Barcelona. En el resto de la provincia de Barcelona y en la de Girona los límites eran de 650 euros por vivienda ó 350 euros por habitación, y en Tarragona y Lleida eran de 600 euros por vivienda y 300 euros por habitación.