Cataluña, el destino favorito de jóvenes extranjeros para celebrar ‘raves’

Cataluña se ha convertido en el destino favorito de los jóvenes extranjeros para celebrar raves. Lo demuestran las últimas fiestas ocurridas este fin de semana en los municipios de Torà (Lleida) y Sarral (Tarragona), que han puesto en alerta a los Mossos d’Esquadra por los riesgos que conlleva la acumulación de personas en el entorno rural. Cientos de belgas, italianos, franceses y alemanes han sido convocados para celebrar una fiesta ilegal que ha durado varios días. 

Fernando Martínez, director general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), atribuye este fenómeno a factores tan diversos como la pandemia del Covid-19, la laxitud de las leyes y la falta de prevención. Considera que las restricciones derivadas de la pandemia, que fueron “demasiado largas”, supusieron un punto de inflexión, dado que los jóvenes buscaron otras alternativas al cierre de las discotecas para divertirse. Por otro lado, algunos países vecinos han endurecido las penas relacionadas con la celebración de las fiestas ilegales. Es el caso de Italia, que en diciembre aprobó una ley propuesta por el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni que castiga con hasta diez años de cárcel y multas de 10.000 euros a los organizadores de raves. “Aquí son inmunes”, denuncia Martínez. 

Zonas alejadas del núcleo urbano

No es difícil encontrar, a través de las redes sociales, opciones para que los jóvenes puedan acudir a este tipo de eventos. Se trata de fiestas que se celebran en lugares abandonados, sin licencia ni medidas de seguridad, mansiones o masías de campo alejadas de la zona urbana para evitar ser localizados y que los residentes den la voz de alarma. Precisamente por estar en lugares separados y de difícil acceso, los vecinos de Torà y Sarral consultados por Crónica Global aseguran no haber sufrido las consecuencias de la gran afluencia de personas, más allá del ruido de la música que “se escucha a cinco o seis kilómetros” de distancia.

En el caso de Torà, los fiesteros se han alojado en una casa en ruinas, Ca l’Oller, que no es la primera vez que acoge este tipo de fiestas eternas. De hecho, las mismas voces apuntan que es la tercera en los últimos seis meses. Algo que detectan a través del ajetreo de “furgonetas y muchos coches” en las carreteras, pero no por el incivismo. En este sentido, todas las fuentes coinciden en que “son personas cívicas”, si bien los distintos ayuntamientos no han confirmado si han causado algún daño en el entorno. 

Las ‘raves’, una alternativa tras la pandemia

“La juventud no tiene dinero para divertirse, por eso buscan este tipo de salidas”, expresan los residentes de las localidades que han acogido las dos últimas macrofiestas, que reconocen que “no les molesta” este tipo de eventos, pero sí les preocupa “que pueda pasar algo” teniendo en cuenta de que se trata, en muchos casos, de masías en ruinas. 

El municipio de Torà no es la primera vez que acoge este tipo de fiestas multitudinarias, pero sí lo es para Sarral. La alcaldesa de ese municipio –que cuenta con 1.578 habitantes según el Idescat–, Victòria Cañis (ERC), asegura que no pensaba que semejantes eventos se diesen tan a menudo, pero tras ver el caso de Torà, se pondrá en contacto con los Mossos d’Esquadra y el Departamento de Interior para “evitar que se vuelva a repetir”. 

“No tenemos nada pensado todavía, aunque nosotros no podemos hacer mucho más allá de elaborar alguna normativa u ordenanza”, relata en declaraciones a este medio, tras reconocer las molestias que pueden causar estos actos multitudinarios a los municipios próximos como Montbrió de la Marca. 

El ocio nocturno, contra la pasividad de los Mossos 

Desde el sector del ocio nocturno se quejan de la inacción de los Mossos d’Esquadra y las policías locales. “Siempre hemos denunciado este tipo de eventos porque, además de considerarlo una competencia desleal, no reúnen las medidas de seguridad exigidas a las discotecas”, denuncian desde Fecalon. Aunque ya han trasladado a la Generalitat sus quejas, denuncian la falta de prevención por parte de la Administración y la pasividad de los cuerpos policiales y los ayuntamientos. “Los locales privados sí que los desalojan, aunque el riesgo es el mismo”, recriminan. 

Sin embargo, la policía autonómica escurre el bulto y se escuda en el limbo legal para no disolver estas fiestas. En declaraciones a este medio fuentes del cuerpo confirman que, como en cualquier otro operativo, ponderan si la expulsión a la fuerza de centenares de personas podría ser peor que las molestias que puedan causar estas raves. Para minimizar los riesgos para los agentes y los participantes y tras analizar las circunstancias concretas de cada caso, tanto en Sarral como en Torà han optado por “contener” la situación mediante controles policiales y la identificación de los asistentes. 

Las 'raves', en un limbo legal

En estos casos, los agentes también se centran en localizar a los organizadores, sobre los que podrían caer sanciones administrativas o penales. Aunque celebrar una fiesta ilegal en sí no es un delito tipificado en el Código Penal, el incumplimiento de ciertas normativas puede derivar en consecuencias graves, recuerdan desde Mossos. 

“Se necesita un permiso, que normalmente otorgan los ayuntamientos, así como cumplir con lo requerido por la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) del Departamento de Interior de la Generalitat. Desde la consejería precisan que, si bien las licencias corren a cargo de los municipios, “dependiendo del tipo de actividad del que se trate, a veces deben enviar un informe de medidas de seguridad antes de celebrar el evento, puesto que realizamos inspecciones de tipo administrativo para controlar los aforos o los accesos”. “El problema de las raves es que se mueven al margen de todo esto”, agregan.