El Síndic de Greuges de Catalunya toma cartas en la guerra abierta entre una decena de municipios catalanes y la empresa Visoren S.L, a la que acusan de cobrar cantidades abusivas en las viviendas públicas que explotan,en concepto de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Estos suministros los facturan a través de la empresa Sermavi.
Según han explicado algunos de los vecinos afectados a Crónica Global, el Síndic les ha comunicado este martes la apertura de una actuación de oficio para analizar la posible afectación al derecho de acceso a suministros y derecho a la vivienda por parte de esta empresa.
60 familias afectadas en Esplugues
Fue a finales de diciembre de 2022 cuando una investigación encabezada por Crónica Global se hizo eco del infierno que estaban viviendo 60 familias de tres edificios de viviendas sociales en Esplugues de Llobregat a manos de la mencionada empresa.
Según los vecinos, no solo estaban sufriendo muchas y graves deficiencias de mantenimiento en los edificios, sino que Visoren pretendía actualizar las tarifas de ACS y calefacción y cobrar varios miles de euros a cada inquilino por la aplicación con carácter retroactivo. A raíz de la publicación de esta problemática en el municipio del Baix, fueron apareciendo más afectados por toda Cataluña. En este sentido, los vecinos de Can Gaietà (Tiana) manifiestaron que una muestra evidente del abandono de su finca es el ascensor, que ha estado desde 2012 con la inspección obligatoria de la Generalitat caducada.
Mantenimiento ascensor Can Gaietà (Tiana) / CEDIDA
Regulación de precios de agua caliente y calefacción por parte de Visoren / CEDIDA
Acción conjunta de seis ayuntamientos
Tras la oleada de denuncias contra Visoren, S.L, seis ayuntamientos catalanes se reunieron el pasado 27 de enero en el consistorio de Esplugues de Llobregat para crear un frente común que analice la gestión de más de 250 viviendas públicas a cargo de la empresa concesionaria.
Durante el encuentro, los diferentes responsables municipales se comprometieron a auditar de forma conjunta para resolver una problemática que no es sencilla. “No tenemos todas las competencias pero tenemos todas las incumbencias”, dijo la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz. Por tanto, “hemos decidido que la mejor manera es hacer esta auditoría de gestión de forma conjunta, de la mano de la Diputación de Barcelona”.
Vioren amenaza con acciones legales
La empresa concesionaria, por su parte, advirtió a los responsables municipales de la localidad del Baix Llobregat de su intención de tomar medidas legales si su teniente de alcalde, Eduard Sanz, no se retracta públicamente de unas declaraciones a diferentes medios reconociendo que hay dudas sobre la gestión de esta empresa y la legalidad de los cobros que pretende hacer a los vecinos.
A través de un comunicado, la explotadora de viviendas sociales remarcó que presta el servicio de calefacción y ACS sin obtener ningún tipo de beneficio, por lo que instaba a Sanz a desmentir, a través de la "correspondiente nota de prensa", que el ayuntamiento tuviese constancia o sospecha de cualquier tipo de conducta abusiva de la empresa en la gestión de estas viviendas sociales.